California pone la lupa sobre la riqueza: un impuesto único a los multimillonarios reabre el debate fiscal en EEUU
California, el estado más rico de Estados Unidos y epicentro de la innovación tecnológica global, se adentra en uno de los debates fiscales más delicados de su historia reciente. Presionada por un déficit presupuestario persistente y un gasto público en expansión, la administración del gobernador Gavin Newsom observa con atención una iniciativa que podría redefinir la relación entre el Estado y las grandes fortunas: la denominada Billionaire Tax Act.
La propuesta, que se encuentra en fase de recolección de firmas para ser sometida a votación en Noviembre de 2026, plantea un impuesto excepcional, de carácter único, del 5% sobre el patrimonio neto de los multimillonarios residentes en California. No se trata de un gravamen anual ni recurrente, sino de una exacción extraordinaria que se pagaría una sola vez, con la posibilidad de diferir su pago hasta en cinco años.
Un déficit que explica el giro
El trasfondo es fiscal. California afronta un déficit estructural estimado entre 18.000 y 35.000 millones de dólares, resultado de una combinación de menor recaudación ligada al ciclo tecnológico, mayores compromisos en sanidad y educación, y una fuerte dependencia de los ingresos de las rentas altas. En este contexto, los promotores del impuesto defienden que el Estado ha agotado el margen para seguir aumentando impuestos sobre el trabajo o el consumo sin dañar a la clase media.
Cómo funcionaría el impuesto
La Billionaire Tax Act establece que:
- Se aplicaría exclusivamente a personas con un patrimonio neto superior a 1.000 millones de dólares.
- Se estima que alrededor de 200 contribuyentes en California cumplirían ese criterio.
- El impuesto sería retroactivo: afectaría a todos aquellos multimillonarios que fueran residentes en California el 1 de Enero de 2026, incluso si trasladan su residencia posteriormente.
- El pago podría fraccionarse hasta en cinco años, aunque la obligación fiscal se devengaría en su totalidad desde el inicio.
El objetivo de recaudación es ambicioso: alrededor de 100.000 millones de dólares, una cifra que, de materializarse, permitiría cubrir buena parte de las necesidades financieras del sistema sanitario estatal y aliviar la presión presupuestaria a medio plazo.
Un cambio de paradigma fiscal
Más allá de la cifra, el verdadero alcance de la medida es estructural. A diferencia del actual sistema tributario californiano —basado casi exclusivamente en los ingresos anuales— este impuesto obliga a valorar y auditar el patrimonio total: participaciones empresariales, acciones no realizadas, activos financieros complejos y bienes intangibles.
Para muchos analistas, este punto es clave. La iniciativa no solo recauda, sino que introduce un mecanismo de fiscalización patrimonial que hasta ahora no existía a nivel estatal. Aunque hoy se limite a los ultrarricos, sienta un precedente técnico y administrativo que podría ampliarse en el futuro a otros tramos de riqueza.
Fuga de capitales y debate político
Las críticas no se han hecho esperar. Empresarios y grupos de presión advierten de un riesgo elevado de deslocalización, recordando que estados como Texas o Florida no aplican impuestos estatales sobre la renta. La mera expectativa del impuesto, sostienen, ya estaría acelerando decisiones de traslado patrimonial y societario.
Otros cuestionan la constitucionalidad del gravamen, al considerar que podría rozar una forma de confiscación sobre riqueza no realizada.
Sin embargo, los defensores responden que el impuesto es puntual, limitado y extraordinario, diseñado precisamente para evitar una presión fiscal permanente y para proteger al resto de contribuyentes.
El factor fraude y la sombra de Minnesota
El debate se produce, además, en un momento especialmente sensible para la opinión pública. El reciente escándalo de fraude en Minnesota, donde se detectaron graves irregularidades en la gestión de fondos públicos, ha reavivado la desconfianza hacia la capacidad de los estados para administrar grandes volúmenes de recursos con eficacia y transparencia.
Algunos medios y analistas advierten de que California no es inmune a riesgos similares, especialmente en programas complejos y de gran escala como Medi-Cal. En este contexto, los críticos se preguntan si aumentar la recaudación sin reforzar simultáneamente los mecanismos de control y auditoría del gasto podría amplificar problemas ya existentes.
Un debate que va más allá de California
En última instancia, la propuesta californiana se ha convertido en un laboratorio político y fiscal. Para unos, es una respuesta necesaria y excepcional ante una situación extraordinaria; para otros, una señal preocupante de que el Estado está dispuesto a cruzar una línea que podría alterar de forma permanente el equilibrio entre riqueza privada y poder público.
Con apenas 200 contribuyentes potenciales, pero 100.000 millones de dólares en juego, la Billionaire Tax Act ha conseguido algo que pocas iniciativas logran: situar el debate sobre la fiscalidad de la riqueza, el control del fraude, y la sostenibilidad del gasto público en el centro de la conversación económica estadounidense.
El debate está servido.