En teoría, la democracia liberal combina dos principios fundamentales: la soberanía popular y la responsabilidad fiscal. En la práctica, ambos no siempre avanzan en la misma dirección. España ofrece hoy un ejemplo especialmente revelador de esta tensión estructural.
Según los datos laborales y demográficos más recientes, solo alrededor del 37% de la población en España trabaja en empresas privadas, percibiendo un salario y financiando el sistema mediante impuestos directos y cotizaciones. El resto de la población se reparte entre pensionistas, desempleados, empleados públicos, jóvenes, estudiantes y otros colectivos cuya renta depende parcial o totalmente del gasto público.
Esta estructura no es, por sí sola, anómala. Todas las economías desarrolladas envejecen y amplían su Estado del bienestar. Sin embargo, plantea una pregunta incómoda para el funcionamiento de la democracia, ¿Qué ocurre cuando la mayoría del electorado depende, directa o indirectamente, de los recursos generados por una minoría?
Una cuestión de números
La redistribución forma parte del contrato social europeo. Pensiones, sanidad, educación y protección social no son anomalías, sino pilares del modelo. El problema surge cuando la base contributiva se estrecha mientras el censo electoral permanece intacto o incluso se amplía.
En España, el votante medio ya no es necesariamente un trabajador del sector privado que financia el sistema, sino un ciudadano cuya renta proviene —total o parcialmente— del propio Estado. Esto altera de forma silenciosa, pero profunda, los incentivos políticos:
- Para una mayoría del electorado, el gasto público es ingreso.
- Para una minoría, el gasto público es coste.
Ambos grupos votan con el mismo peso. El resultado es un sistema plenamente democrático en lo formal, pero crecientemente asimétrico en lo económico.
Cuando el esfuerzo deja de compensar
El ejemplo recurrente que circula en el debate público —el de “tres que generan y siete que reciben”— no es una acusación moral, sino una metáfora económica. Cuando quienes sostienen el sistema perciben que:
- cuanto más trabajan, mayor es su carga fiscal;
- cuanto más crece el Estado, menor es su recompensa relativa; y que su capacidad de influir políticamente es limitada, se produce una desafección silenciosa, mucho más peligrosa que la protesta abierta.
No se trata solo de evasión o economía sumergida, sino de decisiones racionales y graduales:
- emigración de talento;
- menor emprendimiento;
- caída de la inversión;
- o simplemente menor esfuerzo marginal.
La democracia no colapsa de inmediato, pero la base que la financia se erosiona.
El voto como mecanismo redistributivo
En este contexto, las elecciones tienden a convertirse —aunque rara vez se diga explícitamente— en una competencia por prometer protección, transferencias y estabilidad, más que crecimiento, productividad o creación de riqueza.
No porque los votantes sean irresponsables, sino porque el sistema recompensa ese comportamiento. Cuando una mayoría puede votar políticas cuyo coste recae de forma desproporcionada sobre una minoría, la tentación es evidente.
El riesgo no es el populismo en sentido retórico, sino algo más profundo: una democracia que funciona como un mecanismo de redistribución sin contrapesos claros, donde el principio de mayoría sustituye progresivamente al de sostenibilidad.
España ante su límite político
España no es un caso extremo, pero sí un caso adelantado. El envejecimiento acelerado, la baja natalidad, un mercado laboral frágil y una elevada dependencia del sector público configuran una ecuación delicada.
El debate público, sin embargo, suele evitar la cuestión central: no puede haber Estado del bienestar sin una base productiva amplia, dinámica y protegida políticamente.
Si el contribuyente privado percibe que:
- siempre será minoría;
- siempre pagará más;
- y nunca decidirá el rumbo fiscal,
la legitimidad del sistema se resiente, aunque las urnas sigan funcionando con normalidad.
¿Reversible o estructural?
La pregunta no es si España es una democracia —lo es—, sino qué tipo de democracia quiere ser:
- una donde votar sirve principalmente para repartir lo existente;
- u otra donde también se protegen los incentivos necesarios para crear aquello que luego se reparte.
España todavía puede corregir el rumbo, pero la ventana se está cerrando. No se trata de una situación irreversible, pero sí políticamente cada vez más difícil.
El obstáculo no es tanto económico como demográfico y electoral:
- el peso de pensionistas y empleados públicos aumenta;
- el de trabajadores privados disminuye;
- el votante mediano depende cada vez más del Estado;
- y las reformas necesarias implican costes visibles hoy a cambio de beneficios futuros difusos.
Esto genera un bloque electoral estructuralmente reacio al ajuste, incluso cuando el ajuste resulta imprescindible.
Reformar las pensiones implica perder elecciones. Reducir gasto estructural genera conflicto social. Bajar impuestos sin recortar gasto conduce a más deuda. No es que España no pueda reformar; es que cada vez existen menos incentivos políticos para hacerlo.
El verdadero punto de no retorno no viene marcado por una cifra concreta de deuda ni por un porcentaje exacto de gasto público. Llega cuando:
- el sector privado deja de crecer incluso en fases expansivas;
- la fuga de talento se normaliza;
- y el Estado solo puede sostenerse mediante deuda o transferencias externas.
España aún no ha alcanzado ese punto, pero se aproxima lentamente, y lo hace sin dramatismo visible, que es precisamente lo más peligroso.
La cuestión que España debería plantearse no es ideológica, sino aritmética: cuánto tiempo puede una democracia sostener un Estado cada vez más amplio con una base productiva cada vez más estrecha, sin terminar agotando aquello que la hace posible.