La Corte Suprema de Estados Unidos enfrenta uno de los casos más trascendentes de los últimos años sobre los límites del poder ejecutivo. En el centro del debate se encuentra la legalidad de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump a partir de 2018 bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una norma de 1977 diseñada para otorgar al presidente herramientas rápidas frente a crisis externas.
Lo que comenzó como una disputa comercial se ha transformado en un examen constitucional de primer orden. Si el alto tribunal valida la posición del Presidente, podría consagrar una interpretación tan amplia del poder ejecutivo que permita a futuros mandatarios declarar emergencias nacionales para implementar políticas económicas, tecnológicas, o incluso ambientales, sin el visto bueno del Congreso.
Una cadena de derrotas judiciales
Los tribunales federales inferiores no fueron indulgentes con el argumento de la administración Trump. En 2020 el Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que el presidente había sobrepasado su autoridad al aplicar aranceles a productos de aliados tradicionales bajo el pretexto de una “emergencia económica”. El fallo sostuvo que la Constitución otorga al Congreso —y no al Ejecutivo— el poder exclusivo de fijar tarifas y regular el comercio exterior.
Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia ratificó esa visión, afirmando que el uso de la IEEPA por parte de Trump constituía una “reinterpretación sin precedentes” del concepto de emergencia nacional. Según el tribunal, las acciones del presidente “invadían el ámbito legislativo bajo la apariencia de una prerrogativa ejecutiva”.
Pese a estos reveses, el Departamento de Justicia apeló el caso, alegando que Trump actuó dentro de sus competencias y que los poderes de emergencia confieren al presidente una amplia discreción en materia de política exterior y seguridad económica. Con el país aún dividido sobre el legado de su administración, el caso llegó finalmente al Tribunal Supremo, que escuchó los alegatos en el día de ayer 5 de Noviembre.
Sospechas bipartidistas en el Supremo
Durante las audiencias, tanto magistrados conservadores como liberales expresaron reservas sobre la defensa del Ejecutivo. El presidente del Tribunal, John Roberts, junto con Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, se unieron a los jueces progresistas en su escepticismo respecto al argumento de emergencia, señalando el riesgo de que un fallo favorable a Trump abra la puerta a abusos futuros.
“El Congreso estableció salvaguardas por una razón”, advirtió uno de los magistrados, cuestionando si la IEEPA puede utilizarse como herramienta de política comercial general. El tono de la audiencia sugiere una inquietud transversal: que el caso excede lo económico y toca el corazón del principio de separación de poderes.
El precedente que podría transformar la presidencia
Si la Corte Suprema revierte las sentencias previas y respalda las medidas de Trump, el precedente sería de gran calado. En la práctica, cualquier presidente podría invocar una “emergencia nacional” para sortear la supervisión legislativa, redefiniendo la arquitectura institucional de los Estados Unidos.
“Un fallo favorable a Trump crearía una presidencia de excepción permanente”, advierte un exfuncionario del Departamento de Comercio. “Podríamos ver a futuros mandatarios declarando emergencias para regular la industria energética, el clima, o la inteligencia artificial sin pasar por el Congreso”.
Por el contrario, si la Corte confirma las decisiones de los tribunales inferiores, marcaría un límite histórico al uso discrecional de los poderes de emergencia, reafirmando el papel del Congreso como custodio de la política económica nacional.
Consecuencias económicas y reputacionales
Más allá del debate constitucional, el impacto económico de una eventual invalidación de los aranceles sería significativo.De confirmarse que las medidas de Trump fueron ilegales, Washington podría enfrentarse a la devolución de miles de millones de dólares en tarifas cobradas indebidamente, además de abrir la puerta a reclamaciones y litigios por parte de empresas afectadas en Europa, Asia, y América Latina.
Los economistas advierten que un fallo en contra del Ejecutivo podría generar una volatilidad temporal en los mercados, pero al mismo tiempo restaurar la previsibilidad jurídica que los socios comerciales de EEUU exigen. “La seguridad legal es tan importante como la seguridad nacional”, señaló un analista de política comercial en Nueva York.
En el plano internacional, la reputación de Estados Unidos como garante del orden económico liberal también está en juego. Las medidas de Trump, vistas en su momento como un gesto de unilateralismo, dañaron la confianza en el sistema multilateral de comercio y provocaron represalias que afectaron a exportadores estadounidenses. Una decisión del Supremo que reafirme los límites institucionales podría ayudar a reconstruir la credibilidad global de Washington; una que los expanda podría, en cambio, consolidar la percepción de que Estados Unidos actúa al margen de las reglas que históricamente promovió.
Una encrucijada institucional
El caso Trump vs. Estados Unidos se ha convertido así en mucho más que una disputa sobre aranceles. Es un examen del equilibrio de poderes y de la propia naturaleza del liderazgo estadounidense en el siglo XXI. La Corte Suprema no solo decidirá sobre la legalidad de una política comercial: determinará si el poder presidencial tiene un límite claro o si puede extenderse, bajo la sombra de la “emergencia”, hasta dominar el terreno reservado al Congreso.
De un lado, la integridad del sistema constitucional. Del otro, la estabilidad de la economía global. El fallo, cuyo calendario aún es incierto, definirá no solo el alcance del poder ejecutivo, sino también la confianza del mundo en la solidez institucional de Estados Unidos.