El Tribunal Supremo de Estados Unidos se prepara para dictar sentencia en los próximos meses —previsiblemente antes de que finalice el actual periodo judicial a finales de junio— sobre una de las decisiones económicas más controvertidas de la presidencia de Donald Trump: la imposición de aranceles generalizados mediante una declaración de emergencia nacional y sin un proceso sustantivo de consulta con el Congreso.
El caso, seguido de cerca por los mercados financieros, grandes corporaciones importadoras y gobiernos extranjeros, podría convertirse en uno de los pronunciamientos más relevantes de las últimas décadas sobre el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia comercial.
Durante su mandato, Trump ha recurrido de forma expansiva a instrumentos legales concebidos para situaciones excepcionales. Amparándose en la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y en la National Emergencies Act (NEA), la Casa Blanca justificó aranceles de amplio alcance —particularmente sobre importaciones procedentes de China, pero también sobre otros socios comerciales— alegando que los desequilibrios comerciales constituían una amenaza para la seguridad nacional y la base industrial estadounidense.
Los demandantes sostienen, sin embargo, que estas medidas vulneraron el marco constitucional al eludir el papel central del Congreso, al que la Constitución atribuye explícitamente la facultad de “regular el comercio con naciones extranjeras”. También argumentan que un déficit comercial persistente y estructural no cumple el requisito legal de constituir una amenaza “inusual y extraordinaria”.
La base jurídica del posible fallo
La sentencia del Supremo se apoyará previsiblemente en tres ejes jurídicos.
El primero es el alcance de la delegación legislativa. Aunque el Congreso ha otorgado históricamente amplias competencias al presidente en política comercial, el Tribunal ha mostrado un creciente escepticismo frente a delegaciones abiertas que permiten al Ejecutivo actuar sin límites claros. La doctrina de la no delegación podría llevar a los magistrados a concluir que el uso prolongado de una emergencia nacional para imponer aranceles generalizados excede la intención del legislador.
El segundo eje es el cumplimiento de la Administrative Procedure Act (APA). El tribunal podría considerar que la Administración no respetó los requisitos de motivación razonada, proporcionalidad, y participación pública, especialmente dada la magnitud del impacto económico de los aranceles.
El tercero, y más sensible, es la validez de la propia declaración de emergencia. La NEA prevé un sistema de supervisión congresual que, según los demandantes, quedó en la práctica neutralizado. Un fallo adverso podría establecer que recurrir a poderes de emergencia para gestionar fenómenos económicos de largo plazo vacía de contenido el espíritu de la ley.
Qué se espera de la sentencia
El escenario más probable es un fallo que invalide los aranceles por falta de base legal suficiente, sin negar de forma absoluta la capacidad del Ejecutivo para actuar en situaciones de emergencia genuina. Un pronunciamiento más ambicioso —que redefina de forma estricta qué constituye una emergencia nacional en el ámbito económico— tendría implicaciones duraderas para futuras administraciones, independientemente de su signo político.
El impacto fiscal: cifras sin precedentes
Más allá de las implicaciones institucionales, la dimensión fiscal del fallo es considerable. Durante el tiempo que hubieran estado en vigor, los aranceles en cuestión habrían generado ingresos acumulados estimados en más de 130.000 millones de dólares para el Tesoro estadounidense.
Si el Supremo declara que dichos gravámenes fueron ilegales, el gobierno federal podría verse obligado a reembolsar entre 150.000 y 200.000 millones de dólares a empresas importadoras, una cifra que incluye no solo los aranceles pagados, sino también intereses y ajustes administrativos.
El coste total para el Estado podría ser aún mayor. Abogados especializados en comercio internacional advierten de que una avalancha de demandas —tanto individuales como colectivas— podría elevar el impacto fiscal hasta un rango de entre 300.000 y 500.000 millones de dólares a medio plazo, especialmente si los tribunales reconocen compensaciones adicionales por daños económicos indirectos.
En un escenario más extremo, en el que gobiernos extranjeros o grandes grupos empresariales logren articular reclamaciones adicionales, el coste agregado podría acercarse a cifras cercanas al billón de dólares, un nivel que obligaría al Tesoro a emitir deuda adicional o a realizar ajustes presupuestarios significativos.
Implicaciones para Estados Unidos
Un fallo en contra tendría consecuencias inmediatas y estructurales. En el corto plazo, abriría la puerta a una oleada de litigios y reembolsos que tensarían las finanzas públicas. A medio plazo, devolvería al Congreso un papel central en la política comercial, reduciendo la capacidad del presidente para imponer barreras arancelarias de forma unilateral.
Para los mercados, la sentencia sería leída como un refuerzo de la previsibilidad institucional y del Estado de derecho, aunque también como una limitación a la capacidad de Estados Unidos para reaccionar con rapidez en un entorno geopolítico cada vez más fragmentado.
El impacto político para Trump
En el plano político, la decisión afectaría directamente al núcleo del legado económico de Trump. Una declaración de ilegalidad podría alimentar acusaciones de abuso de poder y erosionar su imagen de negociador firme. Al mismo tiempo, podría reforzar su narrativa de confrontación con las instituciones, un discurso que ha demostrado capacidad de movilización entre sus seguidores.
Un precedente para las próximas décadas
Más allá de Trump, el fallo sentará un precedente clave. Definirá hasta dónde puede llegar cualquier presidente al invocar poderes de emergencia para redibujar la política económica del país. En un contexto de tensiones geopolíticas crecientes y de uso cada vez más frecuente de herramientas comerciales como armas estratégicas, el Supremo tiene ante sí la oportunidad de reafirmar que incluso en tiempos de presión, el diseño constitucional estadounidense exige límites, procedimientos, y contrapesos.