Estados Unidos se encamina esta semana hacia otro cierre parcial de su gobierno federal, un espectro que refleja la creciente polarización política en el país y que pone de manifiesto tensiones profundas dentro del Partido Demócrata y entre demócratas y republicanos.
Con la financiación federal vigente programada para expirar a medianoche del 31 de Enero, el Congreso sigue sin acordar un paquete de gastos que asegure la operatividad del Ejecutivo más allá de ese plazo. La pugna se ha intensificado de forma inesperada por la inclusión en las negociaciones de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y, en particular, los recursos asignados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que un reciente uso de la fuerza letal por parte de agentes federales en Minneapolis (Minnesota) desatara un fuego político transversal.
Minnesota: detonante político
En las últimas semanas, incidentes mortales en operaciones de inmigración —incluido el más reciente, la muerte de un hombre de 37 años en Minneapolis a manos de agentes del DHS— han provocado una ola de indignación nacional y protestas en varios estados. El hecho, ampliamente difundido en redes sociales y en los medios, ha alimentado una reacción adversa incluso entre algunos sectores moderados del electorado y ha tensionado las relaciones dentro del propio Partido Republicano.
Más allá de lo simbólico, el impacto político es tangible: los líderes del Partido Demócrata en el Senado han advertido que no votarán a favor del paquete de financiación si incluye la parte correspondiente al DHS, que incorpora miles de millones de dólares destinados a operaciones fronterizas y de inmigración. Muchos senadores demócratas han vinculado explícitamente su negativa a avanzar con la legislación a la exigencia de reformas y responsabilidad en las operaciones del ICE tras los sucesos en Minnesota.
Un nuevo cierre tras la batalla más larga
El fantasma de un cierre legislativo no es ajeno para Washington. El año pasado, una disputa prolongada sobre el techo de la deuda y otras prioridades provocó el cierre más largo de la historia reciente —43 días— que duró hasta mediados de Noviembre de 2025. Solo entonces se logró un acuerdo temporal de financiación que extendió los fondos hasta el próximo viernes.
Este reciente pacto evitó una paralización en otoño, pero dejó sin resolver varias asignaciones presupuestarias críticas. Ahora, con el reloj corriendo hacia el 31 de Enero, la incapacidad de los legisladores para superar sus diferencias hace temer un nuevo estancamiento que afectaría a agencias federales clave y podría interrumpir servicios públicos, contratos, y el funcionamiento del DHS.
Implicaciones económicas y políticas
Un cierre del gobierno —aunque sea parcial— no solo traería consecuencias operativas inmediatas, sino que también podría agitar los mercados financieros y elevar la percepción de riesgo político en Estados Unidos. De hecho, ya se han observado movimientos inusuales en activos tradicionalmente defensivos, como el oro, que ha tocado niveles récord en medio de las inquietudes sobre la estabilidad fiscal y política de Washington.
Además, la resistencia demócrata a financiar al DHS sin cambios sustanciales subraya un cambio notable en la dinámica interna del partido. Mientras que en cierres anteriores algunos demócratas moderados apoyaron acuerdos temporales para evitar la paralización del gobierno, la actual crisis ha impulsado a varios de ellos a adoptar una postura más firme, impulsada por la presión de sus bases y por la percepción de que la política migratoria federal ha sobrepasado ciertos límites éticos y de rendición de cuentas.
Entre el techo de la deuda y la política de inmigración
Aunque la discusión pública se ha centrado en las asignaciones para este año fiscal, el trasfondo de la crisis también alude a la reapertura del debate sobre el techo de la deuda más adelante en 2026, un tema que ha sido postergado y que volverá a la palestra legislativa en los próximos meses. Un nuevo cierre del gobierno en Enero podría complicar aún más futuros debates fiscales, socavando la confianza en la capacidad del Congreso para gestionar temas críticos de política económica y presupuestaria.
En este contexto, la política estadounidense parece entrar en una fase de mayor incertidumbre, donde cuestiones de seguridad nacional, inmigración, y control de fronteras se entrecruzan con la mecánica fiscal del Estado, obligando tanto a demócratas como a republicanos a recalibrar sus estrategias a medida que se acerca el cierre de esta semana. El resultado, y sus repercusiones más amplias, podrían tener efectos duraderos en la confianza de los mercados, la percepción internacional, y la estabilidad política doméstica.