En las últimas semanas, la presencia y operaciones de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, Minnesota, han generado un foco de tensión entre distintos niveles de gobierno, las fuerzas de seguridad locales, y la población civil. Una serie de tiroteos fatales y la detención de un niño han elevado un debate que trasciende la política migratoria para plantear cuestiones sobre el alcance de la autoridad federal, la respuesta estatal, y el impacto de estas operaciones en la seguridad pública y la cohesión social.
ICE bajo la administración Trump: una política de endurecimiento
ICE es una agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encargada de hacer cumplir las leyes migratorias federales. Durante la administración de Donald Trump, las operaciones de inmigración se intensificaron con mayor visibilidad y despliegue de agentes en áreas urbanas, en especial en ciudades consideradas sanctuary o con políticas municipales menos colaborativas con la aplicación federal. La estrategia ha buscado efectuar detenciones y expulsiones de personas sin estatus migratorio regular, aumentando el número de enfrentamientos entre agentes federales y civiles.
Este enfoque de estricta aplicación de la ley migratoria como pilar de política interna ha generado tensiones visibles con autoridades locales que priorizan enfoques basados en la seguridad comunitaria y la confianza pública.
Minneapolis: de Renée Good a Alex Jeffrey Pretti
El 7 de Enero de 2026, un agente federal disparó y mató a Renée Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, durante un operativo en Minneapolis, desencadenando protestas masivas en la ciudad. Desde entonces, se han generado protestas diarias y una fuerte reacción política local en contra de la presencia de agentes federales.
Ayer sábado 24 de Enero de 2026, otro incidente mortal profundizó aún más la crisis. Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años que trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos, fue fatalmente disparado por un agente federal durante una operación de inmigración en Minneapolis. Pretti, descrito por su familia como un profesional dedicado y residente local sin antecedentes penales significativos, había participado en protestas tras la muerte de Good y estaba cerca de una concentración cuando fue herido de muerte.
Según autoridades del DHS, el incidente ocurrió después de que Pretti —según su versión— se acercara a agentes con un arma semiautomática, lo que llevó a la respuesta letal. La evidencia visual disponible y testimonios familiares generan incertidumbre sobre los detalles de lo ocurrido, en particular sobre si la intervención armada fue inmediata o precedida por otros factores.
Este episodio marca el segundo tiroteo fatal por parte de agentes federales en Minneapolis en menos de un mes, un hecho que ha intensificado las protestas y ha reavivado el debate sobre la aplicación de la ley y el papel de los agentes federales en zonas urbanas.
La detención del niño de 5 años y otros incidentes
Además de los tiroteos, las operaciones de ICE han incluido episodios que han generado amplia atención pública, como la detención temporal de un niño de cinco años durante una redada en Columbia Heights, lo cual fue señalado por funcionarios escolares y testigos locales como una medida que provocó alarma y debate público sobre los procedimientos de la agencia en presencia de menores. Las autoridades federales señalaron que la detención fue una consecuencia colateral de la operación para detener a su padre, enfatizando que la seguridad del menor era una prioridad.
Choque entre autoridades estatales y federales
Las acciones de ICE han puesto de manifiesto tensiones entre autoridades estatales y locales por un lado, y la administración federal por otro. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha condenado la presencia y la actuación de agentes federales tras los tiroteos, describiendo la situación como “una brutalidad organizada” y ha promovido investigaciones estatales. Walz también ha señalado la posibilidad de desplegar a la Guardia Nacional de Minnesota para apoyar el orden público en medio de protestas masivas, aunque no ha anunciado enfrentamientos directos con agentes federales.
Por su parte, el Gobierno federal ha defendido las operaciones de inmigración y ha responsabilizado a las autoridades locales por lo que califica como una escalada de hostilidades y una falta de apoyo a las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley federal. Un debate ampliado: aplicación de la ley, seguridad, y derechos civiles
Los acontecimientos en Minnesota reflejan un dilema más amplio en la aplicación de políticas migratorias estrictas: la tensión entre la autoridad federal para hacer cumplir leyes nacionales y las prioridades de seguridad pública y civil que promueven las autoridades estatales y locales.
Las operaciones de ICE y las respuestas estatales también han tenido implicaciones legales. Recientemente, una corte federal permitió que ICE continuara con detenciones y el uso de fuerza contra manifestantes en Minnesota, anulando restricciones previas que buscaban proteger protestas pacíficas.
Habeas corpus, detenciones, y los límites constitucionales
Más allá de la controversia política y operativa, los acontecimientos de Minneapolis han reactivado un debate jurídico de gran calado sobre los límites constitucionales de la actuación federal en materia migratoria.
En el centro de este debate se encuentra la figura del habeas corpus, una garantía recogida expresamente en la Constitución de Estados Unidos que permite a cualquier persona privada de libertad —ciudadano o no ciudadano— exigir ante un juez que el gobierno justifique la legalidad de su detención. El propósito de este mecanismo, uno de los pilares históricos del derecho anglosajón, es evitar detenciones arbitrarias por parte del poder ejecutivo.
En el ámbito migratorio, el habeas corpus ha sido utilizado con frecuencia para impugnar detenciones prolongadas, entradas en domicilios sin orden judicial válida o custodia sin base legal suficiente. Tribunales federales han recordado en repetidas ocasiones que, aun tratándose de aplicación de la ley migratoria, los agentes federales están sujetos a las protecciones de la Cuarta y Quinta Enmienda, que regulan los registros, las detenciones y el debido proceso.
Este punto resulta especialmente relevante en el contexto actual, donde distintos abogados y organizaciones legales han cuestionado si determinadas prácticas de ICE en Minneapolis —incluidas detenciones en operativos masivos y actuaciones en entornos residenciales— respetan plenamente estos límites constitucionales.
Estatus migratorio irregular no equivale a delito penal
Otro aspecto frecuentemente malinterpretado en el debate público es la naturaleza jurídica de la permanencia irregular en Estados Unidos.
Estar en situación migratoria irregular no constituye, en sí mismo, un delito penal que pueda ser juzgado por un tribunal criminal. Se trata de una infracción administrativa de la ley migratoria federal, cuya consecuencia legal es un procedimiento de deportación (removal proceedings), no un proceso penal ordinario.
Esto significa que, aunque ICE tiene autoridad para detener temporalmente a una persona con fines de identificación y tramitación de su expulsión, ese proceso debe realizarse dentro de un marco administrativo que respete el debido proceso, el acceso a representación legal, y las garantías básicas reconocidas por la Constitución y por estándares internacionales de derechos humanos.
La deportación, por tanto, no es un castigo penal, sino una medida administrativa que debe ejecutarse con pleno respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de la persona afectada.
Un equilibrio jurídico sometido a tensión
Los recientes acontecimientos en Minneapolis ilustran cómo, cuando la aplicación intensiva de la ley migratoria se desarrolla en entornos urbanos densos y políticamente sensibles, ese equilibrio entre autoridad federal y garantías constitucionales se ve sometido a una presión excepcional.
Las muertes de Renée Good y Alex Jeffrey Pretti, la detención del menor y las controversias sobre los procedimientos operativos han trasladado al primer plano una cuestión que normalmente permanece en el ámbito jurídico: hasta qué punto las prácticas de aplicación de la ley migratoria pueden poner en tensión principios constitucionales diseñados precisamente para limitar el poder del Estado sobre la libertad individual.
En ese sentido, el debate actual en Minnesota no es únicamente migratorio ni exclusivamente político. Es también, y de forma muy visible, un debate sobre la vigencia práctica de garantías constitucionales históricas en un contexto de aplicación reforzada de la ley federal.
Conclusión: una situación en evolución
La escalada de incidentes en Minneapolis —desde la muerte de Renée Good, la detención de un niño, hasta el tiroteo fatal de Alex Jeffrey Pretti— subraya la complejidad de gobernar en una sociedad donde la aplicación de la ley, la seguridad pública, y los derechos civiles convergen en un contexto altamente visible y polémico. Las reacciones de distintos niveles de gobierno, las investigaciones estatales y federales, y las respuestas de la ciudadanía indican que este escenario seguirá siendo un punto focal en el debate nacional sobre inmigración y aplicación de la ley.