Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei ha sido caracterizado por amplios sectores de la izquierda —tanto en Argentina como en el exterior— como un experimento de “extrema derecha”. En el debate político contemporáneo, esta etiqueta suele ir acompañada de una asociación casi automática con regímenes autoritarios o incluso totalitarios. Sin embargo, un análisis riguroso de la ideología que Milei representa revela una contradicción fundamental entre esa caracterización y los principios que el propio gobierno afirma defender.
Lejos de promover un Estado omnipresente o un poder centralizado, el ideario de Milei se inscribe en la tradición del liberalismo clásico y, más específicamente, del minarquismo: una corriente que postula la reducción del Estado a su mínima expresión funcional.
Menos Estado, no más poder
Los regímenes totalitarios —tanto de derecha como de izquierda— comparten un rasgo estructural: la expansión extrema del Estado sobre la vida de los individuos. Control de la economía, regulación exhaustiva de la actividad privada, limitación de las libertades civiles y subordinación del individuo a un proyecto colectivo impuesto desde el poder son elementos comunes a estos sistemas.
El planteamiento de Milei es, al menos en el plano teórico, diametralmente opuesto. Su discurso se articula alrededor de tres ejes centrales: el respeto irrestricto por la propiedad privada, la defensa del individuo como sujeto moral y económico y la promoción del libre comercio y de mercados abiertos. Estos principios no solo son incompatibles con el totalitarismo, sino que históricamente han surgido como reacción frente a él.
El minarquismo como marco conceptual
El minarquismo propone un Estado pequeño, limitado a funciones consideradas esenciales: justicia, seguridad y defensa, y en versiones más pragmáticas, educación y sanidad. El objetivo no es la eliminación del Estado, sino su contención, evitando que se convierta en un actor que distorsione la economía o interfiera de manera sistemática en las decisiones privadas de los ciudadanos.
En este esquema, el poder estatal no se expande; se contrae. El gobierno no dirige la vida económica ni social, sino que establece un marco jurídico básico dentro del cual los individuos interactúan libremente. Esta visión se aleja tanto del estatismo de inspiración socialista como del nacionalismo autoritario que históricamente ha caracterizado a ciertas derechas radicales.
Hong Kong: un precedente histórico de Estado mínimo
La experiencia de Hong Kong durante la segunda mitad del siglo XX suele citarse como uno de los ejemplos más claros de una aplicación práctica —aunque no doctrinaria— de principios cercanos al minarquismo. Bajo la administración británica, especialmente entre las décadas de 1950 y 1990, el territorio mantuvo impuestos bajos, una burocracia limitada, una política de libre comercio casi irrestricta y una fuerte protección de la propiedad privada.
El gobierno se concentró en garantizar el Estado de derecho, la estabilidad monetaria y la seguridad, mientras que el dinamismo económico quedó mayormente en manos del sector privado. El resultado fue una de las transformaciones económicas más rápidas de la historia moderna: Hong Kong pasó de ser un puerto empobrecido a convertirse en uno de los centros financieros más importantes del mundo, con elevados niveles de crecimiento e inversión.
Este caso demuestra que un Estado pequeño no es necesariamente incompatible con la prosperidad, el orden institucional y la apertura económica.
Los límites del modelo: desigualdad, contexto y política
Sin embargo, los críticos del minarquismo señalan que el caso de Hong Kong no es fácilmente replicable. Su tamaño reducido, su posición estratégica, y su contexto geopolítico particular fueron factores clave de su éxito. Además, incluso en ese modelo, el Estado desempeñó un papel relevante en vivienda pública, infraestructura, y educación básica, lo que cuestiona la idea de una neutralidad estatal absoluta.
Otro de los contrapuntos habituales apunta a los costes sociales de una reducción acelerada del Estado. Ajustes fiscales bruscos pueden generar aumentos temporales de la pobreza, tensiones distributivas, y deterioro en el acceso a servicios esenciales si no se implementan de forma gradual o con redes de contención adecuadas. En países con altos niveles de informalidad y desigualdad estructural, como Argentina, estos riesgos son especialmente sensibles.
También existe una crítica política: un programa de fuerte reducción estatal puede requerir un liderazgo confrontacional para imponerse frente a intereses creados, lo que, aunque no sea autoritario en términos institucionales, puede erosionar consensos democráticos y polarizar a la sociedad.
La confusión entre “extrema derecha” y liberalismo económico
Aun reconociendo estos límites, equiparar liberalismo económico radical con autoritarismo sigue siendo conceptualmente erróneo. En el imaginario político del siglo XX, la “extrema derecha” se asocia a regímenes corporativistas, nacionalistas y profundamente intervencionistas, donde el Estado controla sindicatos, empresas y medios de comunicación. Nada de eso encaja con una agenda que busca privatizar, desregular y reducir el gasto público.
Que un programa económico sea disruptivo, impopular o socialmente costoso en el corto plazo no lo convierte automáticamente en totalitario. De hecho, desde la lógica liberal, la reducción del Estado se concibe como una forma de limitar la concentración de poder, no de reforzarla.
Un debate que exige mayor precisión
Esto no implica que el gobierno de Milei esté exento de críticas sustantivas. La viabilidad política del minarquismo, su impacto social en el corto plazo y su capacidad para sostenerse en una democracia plural son interrogantes legítimos. Pero confundir un proyecto de reducción estatal con una deriva autoritaria empobrece el debate y diluye diferencias ideológicas fundamentales.
En un contexto global marcado por el resurgimiento del proteccionismo, la expansión del gasto público y el fortalecimiento del Estado como actor económico, el experimento argentino —con todas sus incertidumbres— representa algo distinto: un intento de llevar al extremo la idea de que menos Estado puede significar más libertad individual.
Comprender esa distinción no implica necesariamente aprobarla, pero sí resulta indispensable para analizar el fenómeno con la precisión intelectual que exige el debate contemporáneo.