La independencia de la Reserva Federal no es un principio abstracto ni un lujo tecnocrático. Es uno de los pilares institucionales que han sostenido la credibilidad macroeconómica de Estados Unidos durante décadas. Sin embargo, ese pilar se encuentra hoy sometido a una presión política directa y creciente, con implicaciones que van mucho más allá del debate coyuntural sobre el nivel adecuado de los tipos de interés.
El mandato de la Reserva Federal es claro y está definido por ley: máximo empleo y estabilidad de precios. A la luz de los datos actuales, resulta difícil argumentar que la institución esté actuando fuera de ese marco. La economía estadounidense continúa creciendo a un ritmo sólido, el mercado laboral se mantiene robusto y no se observa una destrucción significativa de empleo. Al mismo tiempo, la inflación sigue siendo persistente y se sitúa por encima del objetivo del 2%, incluso si existe debate sobre su trayectoria futura y su composición.
En este contexto, la decisión de la Reserva Federal de reducir los tipos de interés de forma gradual —a un ritmo más lento del que desearía la Administración Trump— puede ser discutida desde el análisis económico, pero no puede calificarse, sin fundamento, como una actuación contraria a los intereses de Estados Unidos. La prudencia monetaria en un entorno de inflación aún elevada no es una provocación política; es una interpretación legítima del mandato institucional.
Pese a ello, la Administración Trump ha intensificado sus ataques contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Las descalificaciones públicas, las amenazas de destitución y, más recientemente, la insinuación de iniciar una investigación criminal por un presunto falso testimonio ante el Senado en relación con el coste de las renovaciones de los edificios de la Fed, marcan un salto cualitativo preocupante. Powell, cuyo mandato finaliza en Mayo, se encuentra ahora en el centro de una ofensiva que mezcla política monetaria, intereses fiscales y presión judicial.
El trasfondo de esta escalada es evidente. La Administración afronta una creciente necesidad de aliviar cuanto antes la carga financiera tanto de los hogares como de las cuentas públicas, especialmente de cara a las elecciones de mitad de mandato. Un recorte agresivo de los tipos de interés —del orden de 50 puntos básicos en la próxima reunión— facilitaría ese objetivo. Pero forzar ese resultado mediante la erosión de la independencia del banco central sienta un precedente peligroso.
La única conclusión incontestable es que la Administración está cruzando una línea roja. Utilizar el aparato del Estado y la amenaza judicial para influir en decisiones de política monetaria no solo vulnera la independencia de la Reserva Federal, sino que debilita la confianza en las instituciones estadounidenses en su conjunto. Y esa confianza, una vez dañada, es mucho más difícil de restaurar que cualquier senda de tipos de interés.
En última instancia, el debate no debería centrarse en cuántos puntos básicos recortar ni en el calendario político, sino en algo más fundamental: si Estados Unidos está dispuesto a sacrificar uno de sus mayores activos institucionales a cambio de un alivio financiero de corto plazo. La historia sugiere que el coste de hacerlo sería considerablemente mayor de lo que hoy se reconoce.