Nueva York traslada la carga fiscal a los propietarios ante el bloqueo estatal a la agenda social de Mamdani
La presentación del presupuesto preliminar de 127.000 millones de dólares para 2027 por parte del alcalde Zohran Mamdani ha puesto de manifiesto no solo la magnitud del desafío fiscal de la ciudad, sino también las limitaciones estructurales a las que se enfrenta un gobierno municipal con una ambiciosa agenda social y escaso margen de maniobra tributaria.
El plan presupuestario llega acompañado de una advertencia clara: sin nuevas fuentes de ingresos, el déficit estructural alcanzará los 5.400 millones de dólares. Sin embargo, gran parte de las herramientas fiscales que Mamdani había prometido activar durante su campaña —incluidos mayores impuestos sobre las rentas altas y sobre grandes corporaciones— no dependen del ayuntamiento, sino del gobierno estatal con sede en Albany.
La negativa de la gobernadora demócrata del estado a elevar los impuestos a los contribuyentes más ricos ha dejado al alcalde con un abanico muy reducido de opciones que estén realmente bajo su control directo. En la práctica, esto ha llevado a la propuesta más controvertida del plan: un aumento del 9,5% del impuesto a la propiedad, una de las pocas palancas fiscales que el consistorio puede accionar sin autorización estatal.
Una agenda ambiciosa, un margen estrecho
Mamdani ha defendido una expansión significativa del gasto público para financiar servicios sociales, vivienda asequible, transporte, y programas de redistribución. No obstante, el marco institucional de Nueva York limita severamente la capacidad del alcalde para recaudar fondos de los grupos que, según su discurso político, deberían asumir el mayor esfuerzo fiscal.
El resultado es un desplazamiento de la carga hacia los propietarios inmobiliarios, un colectivo amplio y heterogéneo que incluye desde grandes inversores comerciales hasta pequeños propietarios residenciales. A diferencia de los contribuyentes de mayores ingresos o las empresas multinacionales, los activos inmobiliarios no pueden reubicarse, convirtiendo al impuesto a la propiedad en una fuente de ingresos políticamente viable pero económicamente sensible.
Analistas advierten de que parte de este aumento podría trasladarse a los inquilinos a través de alquileres más altos, exacerbando los problemas de asequibilidad en una ciudad que ya presenta algunos de los costes de vivienda más elevados del país.
Competencia fiscal y riesgo de fuga de riqueza
La estrategia fiscal de Nueva York se produce en un contexto de creciente competencia entre estados. La experiencia reciente de California, donde subidas de impuestos y regulación han coincidido con la salida de residentes de altos ingresos, ha alimentado las comparaciones. Estados como Texas y Florida, con cargas fiscales más bajas y sin impuesto estatal sobre la renta, se han beneficiado de estos movimientos.
Los críticos de la propuesta de Mamdani sostienen que, aunque el aumento del impuesto a la propiedad pueda cerrar parte del déficit a corto plazo, refuerza la percepción de que Nueva York es un entorno cada vez más costoso para vivir e invertir, especialmente en un momento en que el trabajo remoto facilita la movilidad de los contribuyentes más acomodados.
Un dilema estructural
Para el alcalde, la subida del impuesto a la propiedad no parece tanto una elección ideológica como una consecuencia directa de un sistema en el que las ambiciones municipales dependen de decisiones estatales. Mientras el Gobierno Estatal mantiene su rechazo a gravar a los ricos, la ciudad se ve obligada a recurrir a las herramientas que sí controla, aun cuando estas concentren la presión fiscal en segmentos menos móviles de la economía local.
El debate que se abre va más allá de un presupuesto concreto. Plantea una cuestión central para las grandes ciudades estadounidenses: cómo financiar agendas sociales expansivas cuando el poder fiscal está fragmentado y la competencia entre jurisdicciones se intensifica. En el caso de Nueva York la respuesta provisional parece clara: los propietarios por ahora serán quienes asuman la mayor parte del ajuste.