Estados Unidos ha intensificado de forma significativa su estrategia de presión contra el régimen de Nicolás Maduro mediante una serie de operaciones navales en el Caribe que, en la práctica, configuran un bloqueo energético no declarado. En las últimas dos semanas, fuerzas estadounidenses han interceptado al menos tres petroleros vinculados a exportaciones venezolanas —Skipper (10 de Diciembre), Centuries (20 de Diciembre) y Bella 1 (21 de Diciembre)— en una escalada que busca cortar el principal flujo de divisas del país sudamericano.
Las interdicciones se producen en paralelo a la ampliación de sanciones del Departamento del Tesoro a más de 100 buques y al anuncio de que Washington impedirá de facto la circulación de embarcaciones sancionadas que transporten crudo venezolano. Funcionarios estadounidenses estiman que estas medidas podrían retirar hasta 500,000 barriles diarios del mercado controlado por Caracas, un golpe potencialmente letal para un Estado cuya supervivencia fiscal depende casi exclusivamente del petróleo.
Un bloqueo de facto
Aunque la Casa Blanca evita el término “bloqueo”, la combinación de presencia militar, persecución activa de petroleros y amenazas legales a navieras, aseguradoras y puertos constituye, para muchos analistas, una forma de asfixia económica marítima. El objetivo declarado es cerrar las rutas ilícitas que permiten al régimen venezolano evadir sanciones y financiarse a través de intermediarios opacos, transferencias encubiertas, y flotas fantasma.
Caracas ha denunciado las operaciones como un acto de piratería y una violación del derecho internacional. Sin embargo, la capacidad de respuesta del gobierno de Maduro es limitada: la producción petrolera sigue siendo frágil, el acceso a mercados formales es escaso, y la economía interna continúa marcada por una profunda distorsión estructural tras años de controles, corrupción, y sanciones.
El impacto económico en Venezuela
La reducción abrupta de exportaciones amenaza con reabrir heridas que el régimen había logrado contener parcialmente en los últimos dos años gracias a exportaciones discretas hacia Asia y acuerdos triangulados. Menos ingresos petroleros implican menor capacidad para importar alimentos, sostener subsidios internos, financiar a las fuerzas de seguridad, y mantener la frágil estabilidad macroeconómica alcanzada tras una dolarización informal.
Para Washington, el cálculo es claro: sin recursos, el régimen pierde cohesión interna. Para Maduro, el dilema es existencial.
Cuba: el eslabón más débil
El daño colateral más inmediato y profundo se siente en Cuba, históricamente dependiente del petróleo subsidiado venezolano. La drástica reducción de esos envíos ha empujado a la isla a una crisis energética sin precedentes desde el llamado “Período Especial” de los años noventa.
Las plantas termoeléctricas cubanas, diseñadas para operar con crudo venezolano, funcionan hoy de forma intermitente. En amplias zonas del país, el suministro eléctrico se ha reducido a una o dos horas diarias, paralizando la actividad económica, el transporte, y los servicios básicos.
Pero la crisis va más allá de la energía. Cuba enfrenta una escasez aguda de alimentos y medicamentos, con hospitales sin insumos esenciales, farmacias vacías, y una cadena de suministro colapsada. En un gesto inédito desde 1959, el gobierno cubano ha solicitado asistencia a organismos de las Naciones Unidas, reconociendo implícitamente que su capacidad interna para sostener a la población se encuentra al límite.
Para analistas internacionales, este paso marca un punto de inflexión: la admisión de vulnerabilidad extrema por parte de un régimen históricamente reacio a aceptar ayuda humanitaria externa.
¿El principio del fin para dos regímenes aliados?
La pregunta central es si esta ofensiva económica puede precipitar el colapso de los regímenes de Venezuela y Cuba. La historia sugiere cautela. Ambos sistemas han demostrado una notable capacidad de resistencia frente a crisis prolongadas, apoyándose en el control político, la represión selectiva, y alianzas estratégicas con actores como Rusia, China, e Irán.
Sin embargo, la magnitud de la presión actual no tiene precedentes recientes. En Venezuela, el estrangulamiento financiero amenaza la columna vertebral del poder estatal. En Cuba, la combinación de apagones, hambre, escasez de medicinas, y migración masiva erosiona rápidamente el contrato social.
Más que un colapso inmediato, el escenario más probable es una fase de descomposición prolongada, marcada por mayor inestabilidad interna, tensiones sociales y una dependencia creciente de ayuda externa, y mecanismos de control.
Una nueva fase de la geopolítica caribeña
Las intercepciones del Skipper, Centuries, y Bella 1 no son simples incidentes navales. Representan el inicio de una nueva fase en la confrontación entre Estados Unidos y el eje Caracas–La Habana, donde el mar Caribe se convierte en un teatro central de presión estratégica.
El desenlace sigue siendo incierto. Pero lo que ya resulta evidente es que la ofensiva marítima estadounidense no solo busca redefinir el equilibrio de poder en Venezuela, sino que está empujando a Cuba —por primera vez en décadas— a reconocer públicamente que el modelo económico que la sostuvo durante más de medio siglo ha llegado a un punto crítico.