Venezuela representa hoy uno de los contrastes más extremos de la economía global contemporánea: un país que concentra alrededor del 20% de las reservas probadas de petróleo del mundo —303.000 millones de barriles, más que Arabia Saudí—, pero cuya economía, instituciones, y tejido social han sido devastados tras más de dos décadas de gobierno autoritario y mala gestión.
Lejos de traducirse en prosperidad, la abundancia de recursos naturales ha coexistido con una destrucción económica de magnitud histórica, una crisis humanitaria prolongada, y un patrón sistemático de represión política que ha atraído la atención de organismos multilaterales y tribunales internacionales.
Una contracción económica sin precedentes en tiempos de paz
Desde 2013, año en que Nicolás Maduro asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez, la economía venezolana ha sufrido una contracción acumulada cercana al 80% de su producto interno bruto, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional y centros de investigación independientes. Se trata de una de las mayores caídas del PIB registradas fuera de un conflicto armado o desastre natural de gran escala.
El colapso ha afectado todos los sectores productivos, pero ninguno de forma tan decisiva como el petrolero. La producción de crudo, que llegó a superar los 3,2 millones de barriles diarios a finales de los años noventa, se sitúa hoy alrededor de 900.000 barriles diarios, pese a que el país posee las mayores reservas del mundo.
Analistas atribuyen esta caída a una combinación de politización de la estatal PDVSA, corrupción sistémica, expulsión de personal técnico especializado, desinversión crónica, deterioro de infraestructura y, en años recientes, sanciones internacionales. El resultado ha sido la pérdida del principal motor de ingresos fiscales y de divisas del país. Pobreza masiva y colapso del ingreso
El derrumbe macroeconómico se ha traducido en un empobrecimiento generalizado de la población. Encuestas académicas y estudios de organizaciones humanitarias indican que alrededor del 90% de los venezolanos vive en situación de pobreza, mientras que más del 50% se encuentra en pobreza extrema, sin ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos.
El salario mínimo oficial equivale a aproximadamente 3,56 dólares mensuales, uno de los más bajos del mundo. Aunque una dolarización informal permite a ciertos sectores urbanos acceder a mayores ingresos, la mayoría de los trabajadores depende de empleos precarios, transferencias estatales de bajo valor, o remesas enviadas por familiares en el exterior.
Esta erosión del ingreso ha colapsado el consumo interno, debilitado la recaudación fiscal y profundizado la desigualdad, dejando a amplios sectores de la población en una situación de vulnerabilidad crónica.
El éxodo: una economía que pierde a su gente
La crisis ha provocado además un éxodo de cerca de 8 millones de venezolanos, según estimaciones de Naciones Unidas, convirtiéndose en uno de los mayores desplazamientos poblacionales del mundo actual.
El impacto económico del éxodo es profundo: pérdida de capital humano, escasez de profesionales calificados —especialmente en salud, educación e ingeniería— y ruptura de redes productivas. A nivel regional, la migración venezolana ha ejercido presión sobre los servicios públicos y mercados laborales de países vecinos, al tiempo que se ha convertido en una de las principales fuentes de remesas para la economía venezolana.
Represión política, detenciones masivas y tortura
El colapso económico ha ido acompañado de un endurecimiento del control político. Organizaciones de derechos humanos documentan que al menos 18.305 personas han sido detenidas por motivos políticos, en su mayoría vinculadas a la oposición, desde el inicio del régimen chavista.
En la actualidad, entre 800 y 1.000 presos políticos permanecen encarcelados, muchos de ellos en instalaciones militares o de inteligencia. Informes independientes señalan además 36.800 víctimas de tortura, incluyendo golpizas, descargas eléctricas, asfixia, aislamiento prolongado, y violencia psicológica, prácticas atribuidas a fuerzas de seguridad del Estado.
Las protestas sociales y políticas han tenido también un alto costo humano. Se contabilizan al menos 468 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones, principalmente durante operativos de represión. Misiones internacionales han concluido que existen bases razonables para afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y persecución política sistemática.
Censura y control del espacio informativo
La represión se extiende al ámbito informativo. Más de 400 medios de comunicación han sido cerrados, censurados o sometidos a restricciones severas, consolidando un ecosistema mediático controlado en gran medida por el Estado. Periodistas enfrentan detenciones arbitrarias, procesos judiciales, confiscaciones y presiones económicas, reduciendo drásticamente el pluralismo y la rendición de cuentas.
La paradoja petrolera y los límites de la recuperación
Pese a la magnitud del colapso, Venezuela sigue contando con un activo estratégico único: las mayores reservas petroleras del planeta. Sin embargo, los analistas coinciden en que la riqueza petrolera, sin instituciones funcionales, no es suficiente para garantizar una recuperación sostenible.
Los recientes signos de crecimiento económico —impulsados por la dolarización informal, una liberalización parcial y alivios temporales de sanciones— se concentran en sectores urbanos específicos y no han revertido la pobreza estructural ni la precariedad laboral.
Para inversionistas internacionales, el país continúa siendo un entorno de alto riesgo político y jurídico, con débil protección de la propiedad privada, instituciones cooptadas y ausencia de Estado de derecho.
Un balance sombrío
La crisis venezolana no es simplemente el resultado de factores externos o de la volatilidad del mercado petrolero. Es, en esencia, el producto de la erosión sistemática de las instituciones económicas, políticas y sociales, que ha transformado a uno de los países más ricos en recursos del mundo en una economía empobrecida, dependiente y profundamente desigual.
Mientras la riqueza petrolera permanece bajo tierra, el costo humano —medido en pobreza, exilio, encarcelamiento, tortura y muerte— se ha convertido en una de las facturas sociales más altas de América Latina en el siglo XXI.