«Quien sacrifica libertad por seguridad acabará perdiendo ambas.» La frase atribuida a Benjamin Franklin ha sido citada tantas veces que corre el riesgo de convertirse en un cliché. Sin embargo, pocas veces ha resultado tan pertinente para describir la dirección que parece haber emprendido la Unión Europea.
La reciente renovación hasta Abril de 2028 de Chat Control 1.0 apenas ocupó unos titulares. No hubo grandes debates televisivos ni manifestaciones multitudinarias. Y, sin embargo, la decisión constituye uno de los pasos más relevantes dados por Europa en materia de vigilancia digital desde la generalización de Internet.
Como ocurre casi siempre, la justificación resulta moralmente incontestable: proteger a los niños frente a la explotación sexual. Nadie discute ese objetivo, pero la pregunta es otra:
¿Qué precio está dispuesta a pagar una democracia por perseguir un fin legítimo?
Porque la historia demuestra que las mayores restricciones de las libertades individuales nunca se presentan como un ataque a la libertad. Siempre llegan envueltas en una causa noble. A Saber:
- La lucha contra el terrorismo.
- La lucha contra el fraude.
- La lucha contra la desinformación.
- La protección de los menores.
Todas ellas persiguen objetivos legítimos. Pero todas comparten una característica inquietante: exigen que el Estado disponga de un acceso cada vez mayor a la esfera privada de los ciudadanos.
El cambio de paradigma
Durante siglos, el principio fue sencillo. Las comunicaciones privadas eran precisamente eso: privadas. El Estado solo podía acceder a ellas mediante autorización judicial y cuando existían indicios concretos contra una persona determinada.
La sospecha precedía a la investigación. La tecnología está invirtiendo esa lógica. El nuevo paradigma consiste en crear sistemas capaces de analizar automáticamente millones de comunicaciones para detectar determinados patrones considerados ilícitos. Ya no se investiga porque exista una sospecha. Se examinan millones de conversaciones para descubrir si alguna genera una sospecha.
Puede parecer una diferencia semántica, pero no lo es…
Representa uno de los mayores cambios en la relación entre el ciudadano y el poder público desde la aparición del correo electrónico.
El verdadero peligro no está en la ley actual
El debate público suele centrarse en si la normativa actual afecta o no al cifrado de extremo a extremo o en los detalles técnicos del sistema. Ese probablemente no sea el verdadero problema. Las leyes cambian. Las infraestructuras permanecen.
Una vez que Europa dispone de la capacidad tecnológica para inspeccionar comunicaciones privadas con un determinado objetivo, el coste político y técnico de ampliar posteriormente esa capacidad disminuye drásticamente.
Hoy se persigue material de abuso infantil. Mañana podrían incorporarse delitos relacionados con terrorismo. Después discursos de odio. Posteriormente campañas de desinformación y finalmente cualquier contenido que una mayoría parlamentaria decida incluir dentro del catálogo de riesgos sociales.
La historia de la regulación demuestra que las competencias extraordinarias rara vez desaparecen. Normalmente se amplían.
En inglés existe un término para describir este fenómeno: mission creep. Una herramienta creada para un propósito muy concreto termina utilizándose progresivamente para otros fines. No porque existiera una conspiración inicial. Simplemente porque la infraestructura ya está construida.
Una votación que deja incómodas preguntas
La forma en la que se aprobó la prórroga añade otra dimensión al debate.
En el Parlamento Europeo, 314 eurodiputados votaron a favor de rechazar la propuesta frente a 276 que votaron para mantenerla. Sin embargo, el rechazo no prosperó.
¿La razón?
El procedimiento exigía una mayoría absoluta del número total de eurodiputados y no únicamente una mayoría de los votos emitidos.
Desde un punto de vista jurídico, el procedimiento era perfectamente válido. Desde un punto de vista político, el resultado transmite un mensaje mucho más complejo.
Cuando la mayoría de quienes votan no consigue modificar el resultado final, el ciudadano inevitablemente se pregunta dónde termina la legalidad y dónde comienza la percepción de legitimidad democrática.
A ello se suma otro elemento igualmente delicado. La decisión se tramitó mediante un procedimiento urgente justo antes del receso estival del Parlamento Europeo, un periodo en el que tradicionalmente la atención mediática disminuye y las ausencias parlamentarias aumentan.
No significa necesariamente que existiera una intención de reducir el debate público. Pero sí alimenta una percepción de opacidad que las instituciones europeas difícilmente pueden permitirse en un momento de creciente desafección ciudadana.
Las piezas empiezan a encajar
Consideradas de forma aislada, muchas iniciativas impulsadas desde Bruselas responden a objetivos perfectamente razonables:
- El desarrollo del euro digital pretende modernizar los pagos.
- Las propuestas para reforzar la identificación digital buscan reducir el fraude.
- La regulación de las plataformas pretende combatir actividades ilícitas.
- Los nuevos requisitos tecnológicos en determinados productos persiguen mejorar la seguridad.
Individualmente, cada medida puede defenderse. El problema aparece cuando dejan de analizarse por separado. Entonces emerge una arquitectura mucho más amplia. Una infraestructura donde la identidad digital, los sistemas de pago, las comunicaciones electrónicas y la recopilación automatizada de datos comienzan a converger.
No estamos ante una dictadura digital. Tampoco sería riguroso afirmarlo. Pero sí ante la construcción gradual de capacidades tecnológicas cuyo potencial dependerá menos de los gobernantes actuales que de los futuros.
Y ahí reside la verdadera cuestión:
Las democracias no deberían diseñar sistemas pensando en los gobiernos que inspiran confianza. Deberían diseñarlos pensando en aquellos que algún día podrían abusar de ellos.
Europa corre un riesgo que no debería asumir
La Unión Europea nació como el proyecto político que mejor representaba la defensa del Estado de derecho y de las libertades individuales frente a los excesos del poder.
Precisamente por eso debería exigirse a sí misma un estándar más elevado que cualquier otra democracia. Porque la libertad rara vez desaparece mediante un único gran decreto. Normalmente se erosiona mediante pequeñas decisiones administrativas:
- Una excepción temporal.
- Una prórroga.
- Un procedimiento urgente.
- Una nueva obligación tecnológica.
- Un nuevo registro.
- Una nueva base de datos.
Ninguna parece suficiente para alterar el equilibrio entre libertad y seguridad. Hasta que un día se descubre que el equilibrio ya ha desaparecido.
Y entonces resulta prácticamente imposible reconstruir la privacidad que se perdió aceptando, una tras otra, medidas que parecían perfectamente razonables.
Las sociedades libres no se distinguen por perseguir menos el delito. Se distinguen por hacerlo sin convertir a todos sus ciudadanos en sospechosos potenciales.
Ese es el debate que Europa debería afrontar antes de que la tecnología haga irreversible una decisión que la política todavía está a tiempo de reconsiderar.