Washington vuelve a descubrir que repartir dinero es políticamente sencillo. El problema llega cuando hay que explicar quién lo paga.
Donald Trump ha encontrado una nueva forma de convertir la política fiscal en política electoral.
En la convención republicana celebrada en Dallas el presidente prometió un pago de $5.000 a cada ciudadano adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de Noviembre. Trump lo bautizó como el “Trump dividend” y añadió una condición: el dinero tendría que gastarse dentro de Estados Unidos.
La aritmética es extraordinariamente sencilla. Si fueran 258 millones de adultos el coste ascendería a $1,29 trillones. Las estimaciones publicadas hasta ahora sitúan el coste total aproximadamente entre $1,2 y $1,35 trillones dependiendo de quién tenga derecho al pago.
Para poner la cifra en perspectiva el déficit federal estadounidense proyectado por la Congressional Budget Office para el ejercicio fiscal 2026 es de aproximadamente $1,9 trillones equivalente al 5,8% del PIB. En los primeros diez meses del ejercicio el déficit ya alcanzaba $1,8 trillones.
Es decir: el “dividendo” podría representar aproximadamente dos tercios del déficit federal anual actual.
La pregunta inevitable es: ¿quién paga el cheque?
El déficit no desaparece porque lo llamemos dividendo
La palabra elegida por Trump es significativa. Un dividendo normalmente procede de beneficios generados por un activo o una empresa. Pero el Gobierno federal no está generando un beneficio que pueda distribuir.
Si el pago no se financia mediante recortes equivalentes de gasto o mediante ingresos adicionales suficientes el resultado será el mismo que en cualquier otro programa fiscal deficitario: más endeudamiento federal.
La administración ha apuntado a los ingresos procedentes de los aranceles como posible fuente de financiación. El problema es de escala. Incluso las estimaciones optimistas de ingresos arancelarios no proporcionan una fuente estable y suficiente para financiar anualmente un programa de $1,2-$1,35 trillones.
Y existe una contradicción económica difícil de ignorar.Estados Unidos ya arrastra una deuda federal cercana a $40 trillones mientras que el déficit anual se aproxima a $2 trillones. El coste de financiar esa deuda está aumentando precisamente cuando el mercado empieza a exigir una mayor prima por mantener bonos del Tesoro a largo plazo.
El rendimiento del Treasury a diez años llegó hoy al 4,92%, su nivel intradía más elevado desde 2023 y muy cerca de la barrera psicológica del 5%.
El mercado de bonos está enviando un mensaje que Washington debería escuchar: el dinero ya no es gratis.
Y entonces aparece la inflación
El problema no es únicamente fiscal. La economía estadounidense afronta además un nuevo shock energético derivado de la guerra con Irán. El petróleo ha subido con fuerza y el Brent se ha aproximado a los $90 por barril mientras que algunos precios del crudo han superado los $100. Al mismo tiempo los rendimientos de los bonos del Tesoro se acercan al 5%.
En este contexto entregar más de un trillón de dólares a los consumidores tiene una consecuencia bastante obvia: aumentar la demanda agregada.
No necesariamente todo el dinero se gastaría. Una parte podría destinarse a ahorro, amortización de deuda, o inversión. Pero la propia condición anunciada por Trump – que el dinero se gaste dentro de Estados Unidos – apunta precisamente a estimular el consumo doméstico.
Y ahí aparece la paradoja.Si el problema económico que preocupa a los hogares es que la gasolina, los alimentos, y otros bienes son demasiado caros, la respuesta tradicional de la política económica sería intentar aliviar las presiones inflacionistas.
El “Trump dividend” hace exactamente lo contrario: inyecta más poder adquisitivo en una economía que ya está sufriendo un shock de oferta energético.
Es una combinación incómoda: petróleo más caro, inflación elevada, déficit cercano al 6% del PIB, deuda próxima a $40 trillones, y Treasury a diez años cerca del 5%.
¿Es realmente el momento de echar más gasolina al fuego?
El precedente de los cheques que nunca llegaron
Además el nuevo dividendo no aparece en el vacío.Trump ya había planteado anteriormente otras fórmulas de transferencia directa de dinero a los ciudadanos.
La primera fue el denominado DOGE dividend, una propuesta de $5.000 financiada supuestamente con los ahorros derivados de la reducción del gasto federal promovida por DOGE. Trump llegó a respaldar públicamente la idea pero nunca se convirtió en un programa aprobado ni se emitieron esos cheques.
Posteriormente apareció el “tariff dividend”, con la idea de entregar al menos $2.000 por persona utilizando los ingresos generados por los aranceles. Tampoco se ha materializado ningún programa general de esos pagos.
A ello se sumaron otras afirmaciones sobre ahorros para los ciudadanos derivados de cambios en el sistema sanitario. El patrón empieza a ser más interesante que cualquiera de las promesas individualmente consideradas.
El Gobierno promete primero el cheque y después busca la fuente de financiación.
En una empresa privada sucedería al revés. Primero se identifica el beneficio, después se determina cuánto puede distribuirse, y finalmente se decide el dividendo.
En Washington parece estar ocurriendo el proceso inverso.
El problema constitucional: ¿es una promesa electoral o una compra del voto?
Aquí aparece una cuestión jurídica mucho más delicada.
El 18 U.S.C. §597 establece que quien “makes or offers to make an expenditure” a una persona para que vote, deje de votar, o vote a favor o en contra de un candidato puede incurrir en responsabilidad penal. La norma contempla penas de hasta un año de prisión y si la conducta es deliberada hasta dos años.
A primera vista la frase de Trump – “si los republicanos ganan, vosotros ganáis, y recibís $5.000” – parece extraordinariamente cercana a la lógica que la norma pretende impedir.
Pero existe una diferencia jurídica fundamental.
Trump no dijo que cada individuo recibirá $5.000 si vota republicano.
La condición anunciada es que los republicanos ganen el control de ambas cámaras. El pago, en principio, se realizaría a todos los adultos que cumplieran los requisitos, independientemente de si votaron o no y de por quién votaron.
Esa distinción es importante.Precisamente por ello expertos legales citados en la cobertura inicial han señalado que el anuncio no constituye necesariamente un soborno electoral bajo el §597 porque el pago no está condicionado al voto individual de cada ciudadano. Associated Press recoge esta interpretación jurídica.
Pero que la promesa no encaje claramente en el delito federal de compra de votos no significa que la cuestión jurídica esté resuelta.
La ley federal utiliza términos amplios sobre los gastos destinados a influir en una elección, y el propio Código Electoral federal incluye dentro del concepto de “expenditure” determinadas promesas o acuerdos de realizar pagos destinados a influir en una elección federal.
Por tanto sería prematuro afirmar que la promesa es ilegal pero también sería incorrecto afirmar que su legalidad está definitivamente establecida.
Hay además un problema independiente de autoridad constitucional y presupuestaria: un presidente no puede simplemente ordenar al Tesoro que distribuya $1,2-$1,35 trillones sin una base legal y presupuestaria adecuada. Un programa de pagos de esta magnitud requeriría acción del Congreso.
La paradoja del mercado
Quizá la cuestión más interesante no sea jurídica sino financiera.
El mercado de bonos no evalúa las promesas electorales por su atractivo político. Evalúa quién terminará pagando la factura.
Estados Unidos necesita refinanciar una deuda gigantesca en un entorno en el que los inversores están exigiendo mayores rendimientos. El diez años ha vuelto a acercarse al 5%, mientras que la energía se ha convertido nuevamente en una fuente de presión inflacionista.
En ese escenario un estímulo de más de un trillón de dólares puede producir tres efectos simultáneos: más demanda, más déficit, y potencialmente mayores tipos de interés.
Y si los tipos largos suben el coste de financiar la deuda existente aumenta. El Gobierno necesita entonces emitir más deuda para pagar intereses creando un círculo fiscal cada vez más difícil de romper.
El problema no es que $5.000 sean mucho dinero para una familia estadounidense.
El problema es que $5.000 multiplicados por aproximadamente 240-258 millones de personas se convierten en una cifra macroeconómica capaz de alterar las cuentas públicas de Estados Unidos.
El dividendo como nueva frontera de la política fiscal
La política estadounidense ha entrado en una fase en la que cada problema parece tener la misma solución: enviar dinero al ciudadano.
Durante la pandemia fueron los stimulus checks. Después llegaron las propuestas de dividendos vinculados a DOGE y a los aranceles. Ahora aparece el “Trump dividend”.
Pero un cheque del Gobierno no es dinero gratuito. Si se financia con impuestos lo pagan los contribuyentes. Si se financia con recortes lo pagan los beneficiarios de los programas recortados.
Y si se financia con deuda, lo pagan – tarde o temprano – los contribuyentes futuros mediante mayores impuestos, menor gasto público, o una mayor carga de intereses.
La economía puede crear riqueza. El Tesoro puede redistribuirla. Pero ninguno de los dos puede abolir la aritmética fiscal.
Y quizá esa sea la verdadera pregunta detrás del nuevo dividendo de Trump.
En una economía con una deuda de casi $40 trillones, un déficit cercano a $2 trillones, petróleo sometido a una nueva presión geopolítica, y el Treasury a diez años aproximándose al 5%, ¿es el momento de devolver dinero a los ciudadanos?
O por el contrario, ¿ha llegado el momento de devolver algo mucho menos popular pero mucho más necesario: credibilidad a las cuentas públicas estadounidenses?