El electorado suizo rechazó este domingo la propuesta impulsada por el partido nacionalconservador Swiss People’s Party (SVP) para limitar la población del país a un máximo de diez millones de habitantes en 2050. El resultado – 55% en contra y 45% a favor – supone una derrota para quienes defienden un mayor control de la inmigración, pero también confirma que una parte significativa de la sociedad suiza considera que el actual modelo de crecimiento demográfico está llegando a sus límites.
La votación dejó además al descubierto una profunda fractura territorial. Los cantones francófonos se inclinaron claramente por el rechazo de la iniciativa, mientras que buena parte de la Suiza germanófona respaldó la propuesta. El mapa electoral reflejó algo más que una diferencia lingüística: puso de manifiesto dos visiones distintas sobre la identidad, el crecimiento económico, y la capacidad de absorción del país.
Aunque la iniciativa ha sido derrotada, el debate que la originó está lejos de desaparecer. El país más internacional de Europa
Suiza cuenta actualmente con aproximadamente 9,1 millones de habitantes. En las dos últimas décadas su población ha aumentado cerca de un 25%, un ritmo de crecimiento excepcional para un país desarrollado y muy superior al de la mayoría de sus vecinos europeos.
El principal motor de ese aumento ha sido la inmigración.
Entre el 27% y el 28% de los residentes en Suiza son extranjeros que no poseen la ciudadanía helvética, una de las proporciones más elevadas del mundo desarrollado. Si se añaden los ciudadanos naturalizados y los suizos con antecedentes migratorios, entre el 40% y el 41% de la población tiene origen extranjero.
Pocas economías avanzadas presentan un grado de internacionalización comparable.
Paradójicamente, el referéndum fue decidido exclusivamente por ciudadanos suizos, ya que el sistema político helvético reserva el derecho de voto a los nacionales, ya sean de nacimiento o naturalizados. Una parte muy significativa de quienes contribuyen al crecimiento económico y demográfico del país no participó directamente en la decisión sobre el futuro de la inmigración.
Una cuestión de capacidad o una cuestión de principios
La consulta plantea una pregunta que se está abriendo paso en toda Europa: ¿debe un país decidir cuánta inmigración puede absorber?
La cuestión trasciende la política identitaria. En Suiza, el rápido crecimiento de la población ha generado tensiones cada vez más visibles en el mercado inmobiliario, la congestión del transporte, la presión sobre las infraestructuras, y la disponibilidad de servicios públicos.
En ciudades como Zúrich, Ginebra, o Lausana, la vivienda se ha convertido en un recurso escaso y extraordinariamente caro. Las redes ferroviarias y las carreteras operan en muchos casos cerca de su capacidad máxima. El crecimiento económico ha sido indiscutible, pero también lo ha sido la percepción de que la calidad de vida, uno de los grandes activos de Suiza, se enfrenta a nuevas presiones.
Los defensores del referéndum argumentan precisamente eso: ningún país puede crecer indefinidamente sin poner en riesgo el equilibrio entre prosperidad y bienestar.
Sus detractores sostienen, por el contrario, que limitar el crecimiento demográfico supondrá perjudicar a una economía que depende en gran medida de la mano de obra extranjera. La industria farmacéutica, los servicios financieros, la tecnología, la investigación, y el sistema sanitario se han beneficiado durante décadas de la llegada de trabajadores cualificados procedentes del resto de Europa y del mundo.
En una sociedad que envejece rápidamente, restringir la inmigración también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del mercado laboral y del sistema de pensiones.
El dilema europeo
La votación suiza trasciende las fronteras del país alpino porque anticipa un debate que se está produciendo en buena parte de Occidente.
Durante décadas, las economías avanzadas han considerado el crecimiento demográfico como un factor positivo: más trabajadores, más consumidores, y mayor capacidad de expansión económica. Sin embargo, cada vez más ciudadanos cuestionan si el aumento de la población genera beneficios suficientes cuando la oferta de vivienda, las infraestructuras ,y los servicios públicos no crecen al mismo ritmo.
La pregunta ya no es exclusivamente cuánta inmigración necesita una economía, sino cuánta inmigración puede integrar una sociedad sin deteriorar la cohesión social y la percepción de bienestar de sus ciudadanos.
El caso suizo es particularmente revelador porque el país ha sido, al mismo tiempo, uno de los grandes ganadores de la globalización y uno de los principales receptores de inmigración de Europa. Su éxito económico ha dependido en gran medida de su capacidad para atraer talento internacional.
Pero precisamente ese éxito está generando nuevas tensiones.
Una derrota que puede convertirse en victoria política
El 45% obtenido por la iniciativa es, en realidad, una señal de advertencia para la clase política suiza.
Pocas propuestas que plantean límites explícitos al crecimiento demográfico consiguen movilizar a casi la mitad del electorado en una de las democracias más prósperas y estables del mundo.
La iniciativa ha sido derrotada, pero la preocupación que la impulsó sigue intacta.
La cuestión de fondo permanecerá en la agenda política durante los próximos años: ¿debe una nación perseguir el crecimiento económico a cualquier coste demográfico o tiene derecho a fijar un límite en función de su capacidad de absorción?
Suiza no ha respondido definitivamente a esa pregunta este domingo.
Simplemente ha decidido posponerla.
Y es probable que el resto de Europa termine debatiéndola antes de lo que muchos imaginan.