La confianza es el activo más importante de cualquier mercado financiero. Sin ella, incluso el mercado más líquido del mundo termina perdiendo su mayor fortaleza: la credibilidad.
Durante décadas, Wall Street ha librado una batalla tecnológica por reducir el tiempo necesario para recibir información. Primero fueron el telégrafo y las líneas dedicadas; después llegaron la fibra óptica, las torres de microondas, los centros de datos compartidos, y la negociación de alta frecuencia. Bancos y fondos de inversión han invertido miles de millones de dólares para ganar apenas unos milisegundos sobre sus competidores.
Sin embargo, siempre ha existido una línea que los reguladores han tratado de preservar.
La tecnología puede acelerar el acceso a la información pública, pero no debe crear un mercado en el que la información gubernamental con capacidad para mover los mercados financieros pueda comprarse antes de que llegue al resto de los inversores.
Ese principio se enfrenta hoy a una de sus mayores pruebas.
La empresa Trump Media & Technology Group ha anunciado un servicio de suscripción dirigido a bancos de inversión, fondos de cobertura, y operadores algorítmicos que, según diversas informaciones, tendría un coste cercano a los 100.000 dólares mensuales y permitiría recibir con la máxima velocidad las publicaciones del presidente Donald Trump en Truth Social.
A primera vista podría parecer simplemente otro servicio de distribución de información financiera.
En realidad, plantea una cuestión mucho más profunda.
La diferencia entre rapidez y privilegio
Los mercados aceptan que unos participantes dispongan de mejores modelos cuantitativos, mayor capacidad tecnológica, o sistemas de ejecución más sofisticados que otros.
Lo que resulta mucho más difícil de justificar es que el acceso preferente a comunicaciones oficiales del presidente de Estados Unidos pueda convertirse en un producto comercial reservado únicamente para quienes puedan permitirse pagar cientos de miles de dólares al año.
Cada declaración presidencial sobre aranceles, política comercial, sanciones internacionales, acuerdos con otros países, regulación, fiscalidad o política económica tiene capacidad para alterar de forma inmediata la cotización de acciones, bonos, divisas, materias primas, e incluso criptomonedas.
En un entorno dominado por algoritmos capaces de ejecutar miles de operaciones por segundo, unas décimas de segundo pueden traducirse en millones de dólares.
Desde un punto de vista económico, la ventaja temporal constituye por sí misma un activo extraordinariamente valioso.
Un desafío para la igualdad de acceso a la información
No se trata únicamente de quién recibe la información, sino de cuándo la recibe.
La eficiencia de los mercados financieros descansa sobre un principio esencial: la información relevante debe incorporarse a los precios de forma simultánea para todos los participantes.
Si determinados operadores pueden acceder antes que el resto a anuncios oficiales con enorme impacto económico, el mercado deja de funcionar bajo condiciones de igualdad.
Es cierto que las publicaciones terminan siendo públicas para todos los inversores. Precisamente por ello, desde un punto de vista estrictamente jurídico no puede afirmarse automáticamente que estemos ante un supuesto clásico de utilización de información privilegiada en los términos previstos por la legislación estadounidense. El concepto de insider trading exige requisitos jurídicos muy concretos, entre ellos la utilización de información material no pública en determinadas circunstancias y la existencia de deberes específicos de confidencialidad o confianza.
Sin embargo, reducir el debate exclusivamente a esa cuestión sería ignorar el verdadero problema.
La cuestión de fondo es si resulta compatible con la integridad de los mercados que el acceso anticipado a decisiones o comunicaciones presidenciales pueda convertirse en un negocio privado.
Un evidente conflicto de intereses
La singularidad del caso reside en que quien genera la información es, al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos y el principal accionista de la compañía que comercializa ese acceso preferente.
Difícilmente puede encontrarse un ejemplo más evidente de potencial conflicto entre interés público e interés privado.
Durante décadas, las administraciones estadounidenses han tratado – con mayor o menor éxito – de separar el ejercicio del poder político de los intereses económicos personales de quienes ocupan cargos públicos.
No se trata únicamente de evitar actuaciones ilegales. También de preservar la confianza ciudadana en que las decisiones del Gobierno se adoptan exclusivamente por razones de interés general y no como un instrumento para generar beneficios económicos a empresas vinculadas con quienes ejercen el poder.
Cuando las comunicaciones oficiales pasan a formar parte del modelo de negocio de una empresa privada, esa separación comienza inevitablemente a difuminarse.
¿Qué papel podría desempeñar la SEC?
Aunque calificar automáticamente este modelo como un caso de utilización de información privilegiada sería jurídicamente discutible, ello no significa que quede fuera del ámbito de actuación de la Securities and Exchange Commission (SEC).
La misión de la SEC va mucho más allá de perseguir el insider trading. También debe proteger a los inversores, garantizar mercados justos, ordenados y eficientes, y preservar la confianza en el sistema financiero.
En consecuencia, si determinadas entidades financieras contrataran este servicio con el objetivo de diseñar estrategias automatizadas destinadas a explotar sistemáticamente esa ventaja temporal, resulta razonable pensar que tanto los departamentos de cumplimiento normativo como el propio regulador examinarían cuidadosamente las circunstancias concretas de dichas operaciones.
No solo estaría bajo escrutinio quien comercializa el acceso.
También podrían verse sometidos a investigación los bancos, fondos de inversión, operadores de alta frecuencia, y demás instituciones financieras que decidieran utilizar este servicio si existieran indicios de que su operativa pudiera vulnerar la normativa del mercado de valores o cualquier otra disposición destinada a garantizar la integridad de los mercados. La eventual existencia de responsabilidades dependería, naturalmente, de los hechos concretos y de la valoración jurídica que realizasen los reguladores y, en su caso, los tribunales.
Mucho más que una cuestión legal
Quizá el mayor riesgo no sea jurídico, sino institucional.
Los mercados financieros funcionan porque millones de inversores creen que las reglas son iguales para todos.
Cuando surge la percepción de que determinados participantes pueden comprar un acceso privilegiado a información gubernamental con capacidad para mover los mercados, esa confianza comienza a deteriorarse.
Y una vez que la confianza desaparece, resulta extraordinariamente difícil recuperarla.
El debate abierto por esta iniciativa trasciende, por tanto, la mera comercialización de un servicio tecnológico.
Afecta directamente a uno de los principios sobre los que descansa el capitalismo moderno: que el éxito en los mercados debe depender del análisis, de la gestión del riesgo y de la capacidad empresarial, no de la posibilidad de adquirir un acceso preferente a las comunicaciones oficiales del jefe del Ejecutivo.
Porque, al final, la verdadera fortaleza de Wall Street nunca ha residido únicamente en su tamaño.
Ha residido, sobre todo, en la confianza de que todos los inversores juegan, al menos en teoría, bajo las mismas reglas.