Washington y Caracas han alcanzado un acuerdo energético de dimensiones extraordinarias. Estados Unidos se compromete a movilizar más de $100.000 millones de inversión para recuperar la industria petrolera venezolana y obtiene una posición dominante en el desarrollo de una parte de las enormes reservas del país. Sobre el papel, el acuerdo puede devolver a Venezuela al mapa energético mundial. Pero plantea una cuestión fundamental: ¿quién tiene legitimidad para comprometer durante 25 años los recursos naturales de un país que todavía no ha elegido democráticamente a su Gobierno?
El acuerdo anunciado por la Administración Trump representa una de las operaciones energéticas más ambiciosas de las últimas décadas. El plan contempla el desarrollo de 17 campos con reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles, una inversión superior a $100.000 millones, y un horizonte de explotación de 25 años.
Según las estimaciones divulgadas por las autoridades venezolanas, el Estado podría obtener aproximadamente $209.000 millones de ingresos durante la vigencia del acuerdo.
Las cifras explican por sí solas el interés de Washington. Venezuela posee una de las mayores concentraciones de petróleo del mundo y a diferencia de otras grandes reservas globales, se encuentra dentro del hemisferio occidental y relativamente cerca del mercado estadounidense.
Pero detrás de las cifras aparece una cuestión mucho más delicada: la legitimidad política del acuerdo y la capacidad del Gobierno que lo ha firmado para comprometer el futuro petrolero del país.
Un acuerdo económico con un Gobierno provisional
El aspecto más controvertido no es que Estados Unidos quiera invertir en Venezuela. Después de años de deterioro la industria petrolera venezolana necesita desesperadamente capital, tecnología, y gestión internacional.
La cuestión es con quién se ha negociado el acuerdo. Washington ha cerrado el pacto con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, procedente del mismo aparato político que durante años sostuvo al régimen de Nicolás Maduro. Rodríguez ocupó posiciones centrales dentro del Gobierno chavista y fue una de las figuras más relevantes del régimen anterior.
El problema es que el Gobierno interino no ha recibido un mandato electoral de los venezolanos para comprometer los recursos naturales del país durante las próximas décadas. Y esto crea una contradicción difícil de ignorar.
Estados Unidos sostiene que Venezuela debe avanzar hacia una nueva etapa democrática. Sin embargo antes de que los venezolanos puedan elegir libremente a su Gobierno, Washington ha negociado con una administración provisional un acuerdo petrolero que puede determinar la estructura económica del país durante los próximos 25 años.
La secuencia lógica habría sido la contraria.
Primero elecciones libres y verificables. Después un Gobierno elegido por los venezolanos. Y finalmente la negociación de un gran acuerdo energético con Estados Unidos y las compañías internacionales.
Un presidente elegido democráticamente habría contado con un mandato mucho más sólido para decidir cómo explotar las reservas nacionales y qué condiciones ofrecer al capital extranjero.
¿Puede un Gobierno interino hipotecar 25 años de petróleo?
Esta es la cuestión política fundamental. Los recursos naturales pertenecen al Estado venezolano no a un presidente concreto. Pero existe una diferencia considerable entre administrar esos recursos durante una transición y comprometer durante décadas su explotación mediante contratos de enorme duración.
El acuerdo contempla una posición dominante de intereses estadounidenses en determinados proyectos y derechos económicos sobre la producción. Para Washington esto garantiza acceso a una fuente estratégica de petróleo. Para Venezuela supone recibir el capital que necesita para reconstruir una industria prácticamente devastada.
Pero también significa que una parte relevante del futuro petrolero venezolano quedará condicionada por decisiones adoptadas antes de que exista un Gobierno elegido por los ciudadanos.
Ese hecho puede convertirse en una fuente de inestabilidad futura.
¿Qué ocurrirá si un Gobierno elegido posteriormente considera que las condiciones negociadas por el Gobierno interino fueron excesivamente favorables para Estados Unidos?
Podría intentar renegociarlas. Y ese riesgo es precisamente lo que cualquier inversor internacional quiere evitar.
Una inversión petrolera de $100.000 millones necesita estabilidad jurídica durante décadas. Necesita contratos que sobrevivan a los cambios de Gobierno y que sean aceptados por la sociedad venezolana.
Por eso resulta paradójico que un acuerdo destinado a atraer una inversión de tan enorme magnitud se haya firmado antes de resolver la cuestión de la legitimidad política.
Venezuela necesita inversión estadounidense
La crítica al proceso político no debe confundirse con una oposición a la inversión extranjera. Venezuela necesita capital a una escala que difícilmente puede proporcionar por sí sola.
La industria petrolera ha sufrido años de falta de inversión, deterioro de infraestructuras, problemas de mantenimiento, reducción de la capacidad productiva, y pérdida de conocimiento técnico. Recuperarla requerirá decenas de miles de millones de dólares y probablemente muchos años.
Estados Unidos dispone de las compañías, la tecnología, y el capital necesarios para acometer esa reconstrucción. Para Washington además el acuerdo tiene una lógica estratégica evidente.
Permite diversificar las fuentes de suministro energético de Estados Unidos y reducir la dependencia de regiones políticamente inestables. Venezuela puede convertirse en una fuente importante de petróleo para el mercado estadounidense y al mismo tiempo en un proveedor situado dentro del hemisferio occidental.
Por tanto el acuerdo no es simplemente una operación petrolera. Es también una operación geopolítica.
Estados Unidos está intentando construir una mayor seguridad energética en su propio hemisferio. Pero 65.000 millones de barriles no significan 65.000 millones de barriles disponibles
Venezuela dispone de enormes cantidades de petróleo pero una parte muy importante corresponde a crudo pesado y extrapesado. Extraer ese petróleo no es equivalente a abrir un grifo.
Se necesitan inversiones importantes en pozos, oleoductos, instalaciones de procesamiento, diluyentes, refinerías, y sistemas de transporte. Además buena parte de la infraestructura venezolana necesita ser reconstruida o modernizada.
Por ello los $100.000 millones de inversión anunciados no son simplemente dinero destinado a aumentar los beneficios de las compañías petroleras. Son el capital necesario para convertir reservas geológicas en producción comercial. Y eso lleva tiempo.
Las enormes cifras de reservas pueden resultar impresionantes en un comunicado político, pero el valor económico de una reserva depende de la capacidad de extraerla, procesarla, y venderla de forma rentable.
El petróleo venezolano puede convertirse en una extraordinaria fuente de riqueza, pero no constituye una reserva líquida que pueda ponerse inmediatamente a disposición del mercado.
¿Está Estados Unidos duplicando sus reservas estratégicas?
En este contexto también conviene matizar las declaraciones de Trump sobre el aumento de las reservas estratégicas estadounidenses.
La idea de que el acuerdo permite a Estados Unidos prácticamente duplicar sus reservas de petróleo resulta políticamente atractiva pero mezcla dos conceptos diferentes.
La Strategic Petroleum Reserve estadounidense está diseñada para responder ante una emergencia energética. Se trata de petróleo almacenado físicamente en instalaciones estratégicas dentro de Estados Unidos y disponible para ser liberado cuando una interrupción grave del suministro lo haga necesario.
Las reservas venezolanas son algo completamente diferente. Es petróleo que permanece bajo tierra y que requiere capital, tecnología, infraestructura, y tiempo para convertirse en producción.
No se puede considerar equivalente disponer de un barril almacenado en una instalación de la SPR y disponer de un barril potencial situado en un yacimiento venezolano que todavía necesita ser extraído y transportado.
La diferencia es especialmente importante en el caso venezolano porque se trata en gran medida de petróleo pesado y porque la industria necesita una profunda reconstrucción.
Por tanto el acuerdo puede aumentar significativamente la seguridad energética potencial de Estados Unidos, pero no significa que Washington haya duplicado inmediatamente sus reservas estratégicas disponibles para una emergencia.
Es más correcto hablar de acceso futuro a una enorme fuente de suministro y no de una duplicación de las reservas estratégicas.
El verdadero valor del acuerdo para Estados Unidos
Desde la perspectiva estadounidense el atractivo es evidente. Venezuela posee una cantidad extraordinaria de petróleo y se encuentra geográficamente mucho más cerca de Estados Unidos que Oriente Medio.
Si la producción venezolana se recupera, Estados Unidos puede conseguir una nueva fuente importante de crudo, mientras que las empresas estadounidenses obtienen acceso a uno de los mayores proyectos de reconstrucción energética del mundo.
Para Venezuela los beneficios también pueden ser enormes. Más producción significa más ingresos fiscales, empleo, inversión, infraestructuras, y divisas. Un sector petrolero recuperado podría convertirse en el motor de una reconstrucción económica mucho más amplia.
Pero precisamente porque las consecuencias económicas son tan grandes, el acuerdo debería contar con la mayor legitimidad institucional posible.
El riesgo de convertir un acuerdo energético en un acuerdo político
El mayor peligro sería que el acuerdo petrolero terminara percibiéndose como parte de un pacto político destinado a garantizar la continuidad de determinadas élites venezolanas.
Si una parte de la sociedad venezolana interpreta que el Gobierno interino ha comprometido las reservas nacionales a cambio de apoyo político estadounidense, el acuerdo puede perder legitimidad desde el principio. Y eso tendría consecuencias económicas.
Las grandes inversiones petroleras necesitan estabilidad. Si el próximo Gobierno decide revisar contratos, aumentar impuestos, cambiar las condiciones de explotación, o cuestionar los derechos concedidos, los inversores asumirán un riesgo político considerablemente mayor.
La mejor protección para una inversión de 25 años no es únicamente un contrato. Es la legitimidad democrática del Gobierno que lo firma y la aceptación institucional de las condiciones pactadas.
La alternativa: primero democracia, después petróleo
Existe una alternativa que habría ofrecido una mayor seguridad jurídica y política.
Estados Unidos podría haber utilizado su enorme influencia para facilitar una transición hacia elecciones libres y verificables. Una vez elegido el nuevo Gobierno Washington podría haber negociado un gran acuerdo energético con Venezuela.
Ese acuerdo podría haber incluido inversión estadounidense, participación de las grandes compañías petroleras, garantías jurídicas internacionales, reconstrucción de PDVSA, modernización de las infraestructuras, y un reparto transparente de los ingresos.
Los intereses económicos de ambos países no habrían cambiado. Pero la legitimidad del acuerdo sí.
Un presidente elegido por los venezolanos habría podido comprometer las reservas nacionales con un mandato democrático explícito.
El acuerdo habría sido mucho más difícil de cuestionar por un Gobierno posterior y por tanto probablemente habría ofrecido mayor seguridad a los propios inversores estadounidenses.
Una oportunidad histórica con una pregunta pendiente
El acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela puede terminar siendo una oportunidad histórica.
Si la inversión anunciada se materializa, la producción se recupera, y Venezuela obtiene los ingresos previstos, el país podría iniciar la reconstrucción de su economía sobre una base completamente diferente.
Estados Unidos por su parte conseguiría acceso privilegiado a una enorme fuente de petróleo situada en su propio hemisferio y reduciría parte de su vulnerabilidad frente a las interrupciones de suministro internacionales.
Los intereses económicos de ambos países están por tanto claramente alineados. Pero existe una pregunta que todavía no tiene una respuesta satisfactoria:
¿Quién debe decidir sobre los recursos naturales de Venezuela: un Gobierno provisional o el Gobierno que los venezolanos elijan libremente?
La respuesta debería ser evidente.Venezuela necesita inversión extranjera. Necesita tecnología estadounidense. Necesita reconstruir su industria petrolera, y necesita volver a integrarse en los mercados internacionales.
Pero también necesita instituciones legítimas. Porque los Gobiernos cambian, los contratos pueden renegociarse, y las compañías pueden vender sus activos. Las reservas petroleras en cambio pertenecen a generaciones de venezolanos que todavía no han nacido.
El verdadero éxito del acuerdo no se medirá únicamente por los barriles producidos o los dólares invertidos.
Se medirá por si dentro de 25 años los venezolanos consideran que el acuerdo fue el instrumento que permitió reconstruir su país o por el contrario una decisión adoptada durante una transición política que comprometió su futuro antes de que pudieran decidir democráticamente sobre él.