EL ESPIGÓN DE EUROPA – Gustavo de Arístegui

I. INTRODUCCIÓN: LA VERDAD SIN ANESTESIA

Este informe se escribe cuando la marea ha bajado y los cuerpos siguen llegando al depósito. Entre el 30 y el 31 de julio de 2026, la ciudad española de Ceuta —84.000 habitantes, frontera terrestre y marítima de la Unión Europea en África— sufrió la mayor irrupción migratoria registrada jamás en una frontera europea: en torno a 50.000 entradas irregulares en veinticuatro horas según los datos oficiales iniciales, hasta 70.000 según estimaciones posteriores de prensa, 40.000 según el propio Marruecos.¹ Para calibrar la magnitud: entre 2017 y mediados de 2026 habían entrado en Ceuta de forma irregular unas 20.000 personas en total, un millar al año de media. En un solo día entró el equivalente a medio siglo de flujo ordinario, y la población de la ciudad estuvo a punto de duplicarse entre el amanecer y la medianoche.²

El coste humano es, sencillamente, el peor de la historia de las fronteras europeas: 72 muertos según la Delegación del Gobierno, 88 según la Ciudad Autónoma, 79 cuerpos recibidos en el Instituto de Medicina Legal a fecha de hoy, en torno al centenar según las asociaciones de la Guardia Civil, con estimaciones del propio instituto armado que prevén superar los cien; once cadáveres más aparecieron en las costas marroquíes.³ Murieron ahogados intentando rodear a nado los espigones fronterizos y murieron aplastados contra el rompeolas del Tarajal, esa infraestructura cuya insuficiencia la Guardia Civil llevaba dos décadas denunciando por escrito. Que a día de hoy el Estado español no sea capaz de dar una cifra única de sus propios muertos es, en sí mismo, parte del diagnóstico.

Digámoslo sin anestesia, porque para eso se escribe este informe: nada de esto fue una catástrofe natural, ni un rayo en cielo sereno, ni una conjura de la «internacional reaccionaria». Fue una crisis fabricada por acción y omisión humanas, con cinco autores de responsabilidad desigual pero concurrente.

Primero: un Gobierno de España que dispuso de un mes entero de aviso, de una hoja de ruta jurídica dictada por su propio Tribunal Supremo y de alertas expresas de sus servicios de inteligencia, y que no hizo absolutamente nada.

Segundo: una política de regularización que, en su calendario, su escala y su propaganda, convirtió a España en el destino anunciado del Mediterráneo occidental.

Tercero: veinte años de desprecio sistemático, por gobiernos de ambos colores, a las peticiones casi desesperadas de la Guardia Civil sobre el malecón del Tarajal.

Cuarto: una movilización digital de millones de impresiones que los aparatos de seguridad de dos Estados vieron crecer en tiempo real sin desactivarla.

Quinto: un vecino, Marruecos, que en el mejor de los casos fracasó estrepitosamente en sus obligaciones de contención y en el peor practicó una pasividad calculada, y que en ambos supuestos debe explicaciones que no ha dado.

A esa lista hay que añadir un sexto actor por omisión: la Comisión Europea, que en cinco días pasó de calificar las imágenes de «inaceptables» a felicitar la gestión, confirmando que la guardiana de los Tratados ha renunciado a serlo cuando el incumplidor es políticamente incómodo de señalar. Y hay que decir, porque es la verdad, que los socios europeos que han reaccionado —Italia, Finlandia, Dinamarca, Francia y hasta veintidós capitales— tienen razón: razón jurídica, razón política y razón moral. Schengen no es un derecho adquirido; es un contrato de confianza, y España lo ha incumplido.

Una palabra sobre el método, porque este informe aspira a ser incontestable y eso exige disciplina: todo lo que aquí se afirma está anclado en hechos verificables y fuentes citadas; se distingue en cada momento entre el hecho probado, el indicio y el juicio analítico; y se aplican los mismos estándares de dureza a Madrid, a Bruselas y a Rabat. La crítica ácida sin rigor es panfleto. El rigor sin crítica, cuando hay un centenar de muertos sobre la mesa, es complicidad. Este informe no incurrirá en ninguna de las dos cosas.

Quien firma estas líneas adelantó el 31 de julio, en el primer análisis de esta serie, la cifra de 49.002 entradas. Era la cifra del propio Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. La respuesta del Ejecutivo fue borrarla de la web oficial y cesar fulminantemente a la funcionaria que la publicó.⁴ Ese solo dato anticipa todo lo que sigue.

II. CRONOLOGÍA DE UNA CATÁSTROFE ANUNCIADA

Las crisis imprevisibles no existen; existen los gobiernos que deciden no prever. La secuencia que condujo al 30 de julio es de una linealidad que avergüenza, porque cada eslabón fue público, documentado y conocido por quienes tenían el deber de actuar.

El 14 de abril de 2026 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular, con ventanilla abierta del 16 de abril al 30 de junio.⁵ El 29 de junio, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Supremo fijó doctrina: el rechazo en frontera —las llamadas devoluciones en caliente — no es aplicable a quienes acceden a Ceuta y Melilla por mar, porque quien entra a nado no supera «elemento de contención fronterizo» alguno en el sentido de la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería.⁶ El 30 de junio se cerró la ventanilla de la regularización con 1.174.978 solicitudes, más del doble de las previstas.⁷ La conjunción de ambas fechas, separadas por veinticuatro horas, creó el argumento de venta perfecto para las mafias: la puerta administrativa acababa de cerrarse y el Tribunal Supremo acababa de abrir la puerta del mar.

Desde finales de junio, según el informe del International Security Observatory, circulaban ya en redes los primeros mensajes sobre Ceuta; la campaña se intensificó tras la publicación del fallo, que actuó como acelerador de una red preexistente. El 25 de julio circulaban mapas con rutas marítimas; el 29, horarios, equipamiento y puntos de concentración. El informe Golden Owl documentó la movilización bajo un lema explícito —«el asalto kriaj a Ceuta», siendo kriaj la reja metálica en dariya— que entre el 24 y el 30 de julio transformó una audiencia arabófona dispersa en un intento de cruce a gran escala desde las playas y colinas de Fnideq y Beliunes, con pico el día 30, festividad del Trono. La campaña acumuló once millones de impresiones, con perfiles activos en Marruecos, Argelia, Túnez, Francia y comentarios desde Estados Unidos.⁸ Todo esto estaba en fuentes abiertas: lo podía leer cualquier analista con un teléfono. Lo leyeron las mafias. Lo leyeron decenas de miles de jóvenes. No lo leyó, al parecer, nadie con mando en plaza en Madrid.

Peor: sí lo leyeron. Los servicios de inteligencia españoles alertaron al Gobierno, en los días previos, de una posible avalancha sobre Ceuta y Melilla en fechas próximas a la Fiesta del Trono, advirtiendo de un posible «golpe de magnanimidad» del monarca alauí coincidente con la festividad, e informaron de la llegada inusual de un gran número de autobuses a Castillejos, la localidad marroquí pegada a la frontera ceutí. Los avisos fueron sistemáticamente ignorados, y las mismas fuentes de la inteligencia militar y civil lamentan que no se activara al Ejército en la frontera desde el primer momento, subrayando que una operación de esta escala «no se prepara en cuatro días».⁹ Mientras tanto, sobre el terreno, la semana previa ya era una crisis en toda regla: alrededor de 1.500 entradas en diez días, más de un centenar de menores alcanzando la ciudad a nado en una sola madrugada, Salvamento Marítimo y Cruz Roja rescatando a 99 personas, y la Guardia Civil recuperando el trigésimo cadáver del año en el litoral ceutí.¹⁰

El 30 de julio, Día del Trono, se produjo el colapso: decenas de miles de personas entraron por el espigón y la playa del Tarajal, a nado, en embarcaciones neumáticas y escalando unas vallas obsoletas, mientras la televisión marroquí retransmitía los fastos de la conmemoración. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió «socorro», la declaración de emergencia nacional y el mando único del Estado; el Gobierno se negó. La Asamblea de Ceuta al completo — incluido el PSOE— reclamó la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional al amparo de la Ley de Seguridad Nacional; el Gobierno volvió a negarse. Alberto Núñez Feijóo exigió la activación del artículo 23 de dicha ley, el cierre de la frontera y la movilización del Ejército; Podemos, en el otro extremo del arco, reclamó la emergencia nacional y la dimisión del ministro del Interior. Cuando Podemos y Vox exigen lo mismo, y el único que se niega es el Gobierno, el diagnóstico político está completo.¹¹

Lo que siguió es la crónica de los siguientes capítulos: el refuerzo inicial ridículo y la militarización tardía; la alerta oficial de 49.000 entradas publicada y borrada, y su autora cesada; la reacción en cadena de los socios europeos; las 48.300 devoluciones exprés; los muertos del espigón contados de tres maneras distintas; la videoconferencia extraordinaria de ministros del Interior del 4 de agosto; y, hoy mismo, la constatación de que las redes que organizaron el asalto siguen operativas y convocan uno nuevo para el 15 de agosto.¹² El Cuadro 1 fija la secuencia esencial.

Cuadro 1. Cronología esencial de la crisis

III. EL DETONANTE JURÍDICO: UNA SENTENCIA LEGÍTIMA Y UN MES DE PARÁLISIS CULPABLE

Conviene empezar por desactivar la coartada más socorrida: la sentencia del Tribunal Supremo no es la culpable de esta crisis. Es una resolución jurídicamente impecable, dictada en casación sobre el caso de un ciudadano argelino interceptado en el mar en noviembre de 2024, que interpreta la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional y concluye lo obvio: quien entra a nado no «supera» ningún elemento de contención fronterizo, porque no lo hay, y por tanto no cabe aplicarle el régimen excepcional de rechazo en frontera, sino el procedimiento ordinario de devolución, con identificación, expediente y permanencia en España durante la tramitación.⁶ Un Estado de Derecho funciona así, y quien firma este informe no va a sumarse al coro de quienes disparan contra los jueces para no mirar a los gobernantes.

Ahora bien: la sentencia contenía, literalmente, la solución. Los magistrados escribieron que nada impediría aplicar el rechazo en frontera si la Administración procediera a la instalación efectiva de elementos físicos de contención en el mar, colocados artificialmente para delimitar y proteger la línea fronteriza en el agua; y por si algún ministerio pretendía escurrir el bulto con tecnología, aclararon que los drones, las cámaras térmicas y los sensores cumplen funciones de vigilancia y alerta, no de contención.¹³ Es decir: el Alto Tribunal no solo delimitó el problema; entregó al Ejecutivo el plano de la obra. Boyas, barreras flotantes, diques artificiales: ingeniería de puerto deportivo, no ciencia aeroespacial.

¿Qué hizo el Gobierno de España con ese plano durante los treinta y un días que mediaron entre el 29 de junio y el 30 de julio? Nada. Ni una barrera, ni un real decreto-ley, ni un plan de contingencia, ni una comunicación pública que desmintiera el relato que las mafias ya estaban vendiendo, ni una gestión diplomática con Rabat para blindar el mes de exposición, ni un refuerzo de efectivos en la ciudad. La Abogacía del Estado había litigado el asunto hasta el

Supremo —señal inequívoca de que el Ejecutivo conocía perfectamente lo que estaba en juego —, perdió el 29 de junio, y a partir de ese día el Gobierno se comportó como si la sentencia no existiera. La mejor prueba de que las barreras marítimas eran posibles antes de la catástrofe es que el propio Gobierno las ha abrazado después de ella: el plan oficial posterior a la crisis contempla exactamente la instalación de barreras físicas de contención en el mar y la aplicación del rechazo a quienes las superen, conforme a la propia sentencia.¹⁴ Lo que hoy es plan urgente pudo ser prevención en julio. La diferencia se mide en cadáveres.

El efecto de la parálisis sobre la estructura de incentivos fue inmediato y era previsible para cualquier estudiante de primero de análisis. Antes del 29 de junio, el joven de Fnideq que se echaba al agua sabía que la interceptación significaba entrega inmediata a la gendarmería marroquí: coste alto, beneficio nulo. Después, la interceptación significaba pisar suelo español e ingresar en un procedimiento cuya tasa efectiva de retorno en la Unión Europea ronda el 28 por ciento, como documentamos en nuestro informe de julio sobre inmigración y seguridad. El cálculo racional se invirtió de la noche a la mañana, y las redes de tráfico —que son empresas, con departamento comercial y estudios de mercado— lo monetizaron en cuestión de días. Los portavoces de la Guardia Civil lo describieron con precisión castrense: goteo lento desde la sentencia, explosión el día 30. El propio Ministerio del Interior, en su nota del 30 de julio, admitió que las redes de tráfico estaban «instrumentalizando una sentencia judicial» para fomentar el flujo; es decir, reconoció que el detonante funcionaba, treinta días después de encendida la mecha y sin haber movido un dedo para apagarla.¹⁵

Queda así fijada la primera responsabilidad, la más grave y la más simple: no la del tribunal que dictó la sentencia, sino la del Gobierno que dispuso de un mes, de un diagnóstico judicial, de una solución escrita por los propios magistrados, de alertas de inteligencia y de una crisis creciendo a la vista de todos, y eligió el silencio. En las cancillerías serias eso tiene un nombre: dejación de funciones. En las democracias serias tiene una consecuencia: la dimisión. En España, de momento, solo ha tenido una víctima administrativa: la funcionaria que contó la verdad.

IV. EL EFECTO LLAMADA PERFECTO: LA REGULARIZACIÓN COMO CARTEL PUBLICITARIO

La segunda pieza del detonante es la regularización extraordinaria, y aquí conviene ser tan preciso como implacable, porque el Gobierno se ha refugiado en un formalismo que no resiste el análisis. Los hechos: el Real Decreto de 14 de abril de 2026 abrió una ventanilla de regularización para quienes estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditaran cinco meses de residencia; el plazo se cerró el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes, cuando las previsiones oficiosas hablaban de en torno a medio millón.⁷ Es la séptima regularización extraordinaria en cuarenta años de democracia —1986, 1991, 1996, 2000, 2001, 2005 y 2026 —, y la mayor de todas con enorme diferencia.¹⁶

La defensa gubernamental es de una candidez que sonrojaría a un becario de primer año: nadie que haya entrado después del 1 de enero puede acogerse, luego no hay efecto llamada. El documento oficial de preguntas y respuestas de La Moncloa llegó a proclamar, en enero, que «no existe efecto llamada» cuando se fija un marco temporal claro.¹⁷ Esa tesis confunde el Boletín Oficial del Estado con la realidad, y el derecho administrativo con la psicología de masas. Las mafias no venden la letra pequeña del decreto: venden el titular. Y el titular, amplificado en dariya por las redes que organizaron el asalto, era irresistible: España acaba de regularizar a más de un millón de personas; España regulariza cada pocos años; en España la irregularidad no es un callejón sin salida sino una antesala. A ello se suma la práctica «haraga» —destruir la documentación antes del cruce—, que convierte en papel mojado cualquier fecha de corte: sin documentos no hay prueba de la fecha de entrada, y la carga de acreditación se desmorona en la práctica administrativa. El séptimo proceso en cuarenta años no es una excepción: es un patrón, y el patrón es el mensaje.

La secuencia de fechas añade un elemento casi diabólico que ningún analista ha subrayado con la crudeza que merece: la ventanilla de la regularización se cerró el 30 de junio, veinticuatro horas después de que el Supremo dictara su sentencia. El argumentario de las redes de tráfico se escribió solo: la puerta administrativa acaba de cerrarse, date prisa; y para los rezagados, el Tribunal Supremo acaba de abrir la puerta del mar. Dos decisiones legítimas por separado —un proceso de regularización con plazos y una sentencia garantista— se combinaron, por pura imprevisión gubernamental, en la invitación a la invasión más eficaz que se recuerda. Como dictó quien firma este informe en el análisis del 31 de julio: fue el equivalente a airear un «venga usted a invadirme».

Que esto no es una lectura «reaccionaria» lo demuestra el documento diplomático más importante de la crisis: la carta que veintidós Estados miembros de la Unión —liderados por Italia y Dinamarca, con la firma de Alemania, Suecia, Países Bajos, Polonia y otros diecisiete— dirigieron a Costa, Von der Leyen y la presidencia irlandesa, y que identifica expresamente la regularización española como factor de atracción y la vincula, junto a la sentencia, al desencadenamiento de la crisis.¹⁸ Se puede despreciar a Meloni; resulta bastante más difícil despreciar a veintidós cancillerías europeas, incluida la alemana, suscribiendo por escrito el diagnóstico que el Gobierno español tacha de bulo.

Precisión final, porque este informe no hace demagogia ni siquiera contra quienes la practican: regularizar bolsas de población asentada puede tener argumentos serios —económicos, de seguridad jurídica, de control efectivo—, y así lo tratamos con rigor en nuestro informe de julio. Lo que aquí se condena no es la existencia de la herramienta, sino tres cosas muy concretas: su calendario suicida, solapado con la retirada judicial del principal instrumento disuasorio marítimo; la negación propagandística de unos efectos de señalización que toda la literatura empírica y todos los ministerios del Interior de Europa conocen; y la desproporción entre la alegría con que se abrió la ventanilla y la desidia con que se protegió la ventana.

V. VEINTE AÑOS DESOYENDO A LA GUARDIA CIVIL: EL ESPIGÓN DE LA VERGÜENZA

Hay responsabilidades de un mes y responsabilidades de una generación. La tercera causa estructural de la catástrofe pertenece a la segunda categoría, y este informe la señala con la misma dureza hacia todos los gobiernos que la incubaron: durante quince o veinte años, los mandos, las unidades operativas y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han denunciado, por los cauces reglamentarios y por escrito, que las defensas del malecón y del espigón del Tarajal eran sencillamente ridículas: vallados obsoletos, fácilmente escalables y franqueables, concebidos para otra época y otra escala de presión. Pidieron refuerzos, pidieron obra, pidieron doctrina. Gobiernos del PSOE y del PP, sucesivamente, archivaron las peticiones. La frontera sur fue tratada como un problema provincial, una molestia presupuestaria, un asunto de página par.

El 30 de julio, la profecía benemérita se cumplió con exactitud notarial: decenas de miles de personas escalaron y rodearon aquellas defensas «sin dificultad», exactamente como la Guardia Civil había advertido que ocurriría. Pero la historia reservaba algo peor que la humillación técnica: el espigón denunciado se convirtió en la trampa mortal. Ahí, contra ese rompeolas, murieron aplastadas y ahogadas la mayoría de las víctimas cuyos cuerpos abarrotan hoy el antiguo Hospital Militar reconvertido en depósito.³ No es una metáfora: la infraestructura cuya insuficiencia constaba en los registros oficiales del Estado desde hace lustros es el lugar físico donde se produjo la mayor mortandad fronteriza de la historia europea. Quien durante veinte años firmó presupuestos que lo ignoraron es copropietario estructural de esa cuenta de muertos, con independencia de su color político.

Las lecciones estaban disponibles y fueron despreciadas una por una. En febrero de 2014, quince personas murieron ahogadas en esa misma playa del Tarajal. En mayo de 2021, entre ocho y nueve mil personas entraron en dos días cuando Rabat abrió la mano en represalia por el caso Ghali, y España tuvo que desplegar al Ejército. En junio de 2022, decenas de personas murieron en el asalto a la valla de Melilla, mayoritariamente en el lado marroquí. Tres avisos mayúsculos en una década, tres ocasiones para rehacer la frontera física, doctrinal y diplomáticamente. No se hizo nada sustancial en ninguna de las tres. El Estado español conocía el punto más débil de la única frontera terrestre de Europa con África y decidió, legislatura tras legislatura, que no valía una partida presupuestaria seria. En julio de 2026, la factura llegó con intereses.

Este es, además, el contexto que desarma la coartada favorita del Gobierno actual: la herencia. Es cierto que la negligencia viene de lejos y este informe así lo consigna. Pero fue a este

Gobierno al que el Tribunal Supremo entregó el plano de la solución el 29 de junio; fue a este Gobierno al que su inteligencia avisó de los autobuses en Castillejos; fue este Gobierno el que presumía de la mejor relación con Rabat en medio siglo; y fue este Gobierno el que, con todos esos elementos sobre la mesa, mantuvo la frontera de 2005 frente a la amenaza de 2026. La negligencia heredada explica el estado de la valla; solo la negligencia propia explica el estado del Gobierno.

VI. LA GESTIÓN DE LA CRISIS: RADIOGRAFÍA DE UNA INCOMPETENCIA HISTÓRICA

Si la génesis de la crisis retrata a un Estado imprevisor, su gestión retrata a un Gobierno impotente y, lo que es peor, empeñado en negar la evidencia de su impotencia. Repasemos la ejecutoria de esas setenta y dos horas, porque no admite paliativos.

Primera: la negativa a declarar la emergencia. El presidente de Ceuta pidió formalmente la emergencia nacional y el mando único; el Gobierno respondió que la normativa de protección civil no contempla ese supuesto para flujos migratorios. El argumento es un alibí legalista de manual, desmontable por tres vías. Una: esa misma semana el propio Gobierno gestionaba —y daba por concluida— una emergencia nacional por los incendios de Ávila y Madrid, de modo que el instrumento existe, funciona y se usa cuando conviene.¹⁹ Dos: existía una vía específica y ajustada al supuesto, la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional del artículo 23 y siguientes de la Ley de Seguridad Nacional, que reclamaron a la vez Feijóo y — dato demoledor— la Asamblea de Ceuta por unanimidad, con los votos del PSOE local incluidos; el Gobierno también la rechazó.¹¹ Tres: la razón real de ambas negativas es política, no jurídica: declarar la emergencia es admitir que hay una emergencia, y este Gobierno ha decidido que la realidad es negociable. El resultado fue una emergencia nacional atendida sin llamarla por su nombre y, en consecuencia, sin sus recursos, sin su mando y sin su doctrina.

Segunda: la respuesta operativa. El refuerzo inicial se limitó a unas decenas de efectivos — sesenta, según los datos que manejó este informe desde el primer día— para una masa que se contaba por decenas de millares: una proporción que ni siquiera merece el calificativo de simbólica. En 2021, para una crisis ocho veces menor, se enviaron de inmediato doscientos policías de refuerzo además del Ejército. En 2026, el Ejército de Tierra solo se movilizó en fuerza cuando la ciudad estaba ya desbordada, contra el criterio expreso de los servicios de inteligencia, que habían pedido su activación preventiva.⁹ No hay forma amable de decirlo: el Estado llegó tarde a su propia frontera.

Tercera: la ayuda europea rechazada. El comisario de Interior, Magnus Brunner, telefoneó al ministro Grande-Marlaska el primer día para ofrecer el despliegue urgente de efectivos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas; la Comisión reiteró por escrito que Frontex, Europol y la Agencia de Asilo estaban listos para reforzar su presencia. El Gobierno español no presentó solicitud alguna.²⁰ El mismo Ejecutivo que exigía por carta la «solidaridad» de los socios declinaba la solidaridad concreta que tenía sobre la mesa. La explicación es tan obvia como inconfesable: la presencia de Frontex implica informes de Frontex, es decir, una radiografía independiente del estado real de la frontera española. Se prefirió la opacidad al refuerzo.

Cuarta: el caos estadístico. La alerta oficial habló de 49.000 entradas en veinticuatro horas; Interior corrigió a 50.000; las estimaciones periodísticas posteriores elevaron el episodio a entre 60.000 y 72.000 personas; Marruecos reconoce 40.000; y la aritmética oficial de los retornos — 48.300 devueltos, menos de 2.000 permanecen— solo cuadra con la cifra inicial. ¹ A fecha de hoy, el Estado español no puede decir cuántas personas entraron en su territorio, cuántas permanecen ni cuántas han muerto. El delegado del Gobierno, preguntado por los menores no acompañados, admitió no disponer de la cifra.²¹ Un Estado que no sabe contar no puede pretender que se le crea cuando dice que controla.

Quinta: el ministro. Fernando Grande-Marlaska afrontó la mayor crisis fronteriza de la historia europea siendo ya un ministro políticamente amortizado, obligado a rendir cuentas en el Congreso por sus vínculos con la trama del caso Koldo y por su gestión durante la DANA de Valencia.²² En cualquier democracia homologable, un titular de Interior en esas condiciones no habría sobrevivido a la primera semana de esta catástrofe; en España, a fecha de hoy, ni él ni ningún alto cargo ha asumido responsabilidad alguna. La única destitución de toda la crisis es la que se examina en el capítulo siguiente, y su sola existencia constituye la confesión más elocuente que este Gobierno ha hecho nunca sobre sí mismo.

Cuadro 2. El baile de cifras oficiales y no oficiales

VII. MATAR AL MENSAJERO: EL CASO DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL

Si hubiera que elegir un solo episodio que condense la naturaleza de este Gobierno ante la crisis, no sería la valla, ni el espigón, ni siquiera la negativa a declarar la emergencia. Sería un cese administrativo comunicado por teléfono a una funcionaria que estaba de vacaciones.

Los hechos, verificados por múltiples medios: en la mañana del 31 de julio, la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional —órgano integrado en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, en el que servía desde 2018— publicó en la web oficial del organismo una alerta que, citando fuentes del Ministerio del Interior, cifraba en más de 49.000 las personas entradas irregularmente en Ceuta en veinticuatro horas por el espigón y la playa del Tarajal, y calificaba el episodio como la mayor crisis migratoria de la ciudad desde mayo de 2021. La alerta desapareció de la web a las pocas horas. La funcionaria fue cesada de forma fulminante, por teléfono, invocando «pérdida de confianza». Horas después, el propio Ministerio del Interior manejaba la cifra de 50.000; en los días siguientes, las estimaciones subieron aún más. Es decir: el dato era verídico y, si acaso, conservador.⁴

Tres detalles agravan el cuadro hasta lo grotesco. Primero: esa funcionaria es, a día de hoy, el único cargo cesado en toda la crisis. No el ministro del Interior bajo cuya responsabilidad colapsó la frontera; no el ministro de Asuntos Exteriores que la atribuyó a una conspiración internacional; no responsable operativo alguno. La única cabeza que ha rodado es la de quien publicó la verdad con membrete oficial.²³ Segundo: desde su salida, los canales públicos del Departamento de Seguridad Nacional —que actualizaban información varias veces al día, incluso en emergencias— han enmudecido. España atravesó la mayor crisis fronteriza de su historia con su órgano de comunicación de seguridad nacional decapitado por la propia Presidencia del Gobierno. Tercero: mientras cesaba a quien alertó, el Gobierno sostenía públicamente que el CNI «no alertó» de la crisis, en abierta contradicción con las fuentes de la inteligencia militar y civil que documentan avisos previos y expresos —los autobuses de Castillejos, el riesgo asociado a la Fiesta del Trono— sistemáticamente ignorados.⁹ El Ejecutivo libra, en plena emergencia, una guerra de relato contra sus propios servicios de inteligencia y de información; una guerra que, según ha trascendido, ha escalado hasta el propio Consejo de Ministros, con la ministra de Defensa defendiendo el trabajo del CNI frente a un ministro del Interior empeñado en sostener que no hubo avisos.⁴⁴

El análisis apenas necesita esfuerzo, porque el episodio es la doctrina informativa de este Gobierno reducida a un solo acto: el problema nunca es la frontera, sino la cifra; nunca la crisis, sino su visibilidad. Es la misma lógica aplicada a los incendios, a la DANA y a cada emergencia de esta legislatura: gestionar la percepción antes que la realidad. Pero esta vez la lección alcanza a todo el aparato del Estado, y es venenosa: cada funcionario español sabe ahora cuál es el precio de la exactitud. Un Estado que castiga a su propio sistema de alerta temprana se queda, por definición, sin sistema de alerta temprana. Y una democracia en la que decir la verdad con datos oficiales cuesta el puesto, mientras que perder la frontera no le cuesta el puesto a nadie, tiene invertida la tabla de valores que la sostiene.

VIII. LOS MUERTOS DEL ESPIGÓN: LA CATÁSTROFE HUMANITARIA QUE NO SE QUIERE CONTAR

Este capítulo debería ser el primero en cualquier balance honesto, porque por encima del derecho, de la geopolítica y de la política doméstica están los muertos. Y los muertos de Ceuta son, a fecha de hoy, un escándalo triple: por su número, por las circunstancias en que se produjeron y por la indignidad con que el Estado los está contando.

El número. La Delegación del Gobierno cifró los fallecidos en 72 el domingo 2 de agosto. La Ciudad Autónoma elevó el recuento a 88 cuerpos aparecidos en las inmediaciones del espigón del Tarajal. El Instituto de Medicina Legal ha recibido ya 79 cadáveres. La Asociación Unificada de la Guardia Civil habla de un centenar, y las estimaciones del propio instituto armado, recogidas por la prensa ceutí, prevén que la cifra final supere las cien personas, pues la búsqueda de cuerpos en el espigón continúa. Marruecos, por su parte, informó de once cadáveres aparecidos en sus costas.³ Cuatro contabilidades distintas para una misma tragedia, en el mismo Estado, cinco días después. La discrepancia no es un tecnicismo: es la medida exacta del descontrol.

Las circunstancias. Murieron ahogados intentando rodear a nado los espigones y murieron aplastados —la palabra es esa, y hay que escribirla— contra el rompeolas en el que decenas de miles de personas se agolparon simultáneamente. Muchos cuerpos se han recuperado en condiciones que dificultan la identificación, hasta el punto de que ha habido que desplazar médicos forenses y técnicos de autopsia desde Cáceres, Valladolid, Salamanca, Albacete y Toledo, reforzar la Fiscalía de Área y habilitar el antiguo Hospital Militar como depósito.²⁴ En paralelo, las redes marroquíes se llenan de familias buscando desaparecidos. La cifra final de este episodio lo convertirá en la mayor tragedia jamás registrada en un puesto fronterizo europeo: más muertos que el Tarajal de 2014 y que Melilla de 2022 juntos; solo los grandes naufragios de alta mar la superan en el martirologio migratorio del continente.

La indignidad. Con este balance abierto y el depósito llenándose, el ministro de Asuntos Exteriores de España proclamó que a Italia «ya le gustaría» gestionar una crisis migratoria como la ha gestionado España, y el Consejo de ministros del Interior de la Unión felicitó a las autoridades españolas por su respuesta «rápida y eficaz».²⁵ Que nadie busque en este informe ecuanimidad ante semejante obscenidad: una cultura política capaz de la autocomplacencia con ochenta cuerpos sin identificar en un hospital militar reconvertido ha extraviado la brújula moral. Los muertos del espigón no tienen partido ni bandera; tienen derecho a un Estado que los cuente bien, los nombre y responda por las condiciones en que murieron. Este informe deja constancia de la exigencia mínima que cualquier democracia seria ya habría puesto en marcha: una investigación judicial exhaustiva de cada fallecimiento, una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión, y una respuesta a la pregunta que nadie del Gobierno ha querido contestar: cuántas de esas muertes se habrían evitado con las barreras marítimas que el Supremo describió el 29 de junio y con los refuerzos que la Guardia Civil pedía desde hace veinte años.

IX. LAS DEVOLUCIONES MASIVAS: LA PARADOJA JURÍDICA QUE NADIE QUIERE MIRAR

Aquí llega el primero de los ángulos que ni los medios ni los analistas han querido examinar de frente, quizá porque incomoda a todos a la vez. El Ministerio del Interior anunció que, a 1 de agosto, 48.300 personas habían sido devueltas a Marruecos o habían regresado, permaneciendo menos de 2.000 en la ciudad.²⁶ Retengamos el dato: la operación de retorno colectivo más grande y más rápida de la historia europea moderna —cuarenta y ocho mil personas en unos tres días— fue ejecutada por un Gobierno que se autodefine como el más garantista de Europa, y aplaudida por la Comisión Europea y por veintisiete ministros del Interior.

La pregunta que nadie formula es elemental: ¿bajo qué procedimiento? La sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio —la misma que el Gobierno invoca como causa de la crisis— establece que quien entra por mar tiene derecho al procedimiento ordinario de devolución: traslado a dependencias policiales, identificación, incoación formal de expediente, asistencia letrada e intérprete, y permanencia en España mientras se tramita. Es material y humanamente imposible instruir 48.300 expedientes ordinarios en setenta y dos horas. Las alternativas lógicas son tres, y ninguna deja bien parado al Ejecutivo. O bien la inmensa mayoría de los devueltos entraron por la valla terrestre y se les aplicó el rechazo en frontera —lo que contradice todas las descripciones oficiales y periodísticas, que sitúan el grueso de las entradas por el espigón y la playa—; o bien se trató de «retornos voluntarios» masivos —y cuarenta y ocho mil voluntarios en tres días es una categoría que exige más fe que análisis, aunque una parte sea real: muchos regresaron al comprender que la regularización soñada no existía—; o bien el Estado español practicó, a escala industrial, precisamente aquello que su Tribunal Supremo acababa de acotar. La nota «aclaratoria» que Interior publicó el 3 de agosto sobre el alcance de la sentencia delata que el Gobierno es consciente de su exposición jurídica.¹⁵

Precisemos el marco para blindar el argumento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia de Gran Sala N.D. y N.T. contra España de 2020, avaló las devoluciones inmediatas de quienes participan en asaltos masivos y violentos aprovechando su propia conducta culpable, existiendo vías legales de entrada. Esa doctrina da cobertura convencional a la respuesta frente al asalto a la valla; pero no deroga el derecho interno español, que tras el 29 de junio es más exigente que Estrasburgo para las entradas marítimas. Y el pilar operativo de toda la operación fue otro, y conviene subrayarlo con trazo grueso: el consentimiento de Marruecos, que aceptó de inmediato unas devoluciones en caliente que históricamente había rechazado. Sin la llave de Rabat, los 48.300 seguirían en Ceuta. Sobre lo que eso significa volveremos en el capítulo XIII.

El propósito de este capítulo no es objetar los retornos: quien firma este informe sostiene que la respuesta firme al asalto masivo es legítima, necesaria y amparada por el acuerdo de readmisión hispano-marroquí de 1992 y por la jurisprudencia europea citada. Lo que se denuncia es la esquizofrenia doctrinal de un Estado que fue garantista hasta la parálisis durante el mes en que había que prevenir, y expeditivo hasta la opacidad durante las setenta y dos horas en que hubo que improvisar; y el silencio ensordecedor de quienes deberían haber preguntado: la Comisión, guardiana de los Tratados, no ha pedido una sola explicación sobre el procedimiento; las organizaciones que litigaron cada devolución entre 2014 y 2021 han enmudecido; la izquierda parlamentaria que hizo bandera del Tarajal mira hacia otro lado porque el Gobierno es el suyo. Un Estado sin doctrina estable no tiene principios: tiene reflejos. Y los reflejos, en las fronteras, se pagan.

Queda el capítulo más delicado de la operación: los menores. La Policía ha identificado ya a 528 menores extranjeros no acompañados, entregados a la tutela de una Ciudad Autónoma cuyo sistema de acogida dispone de 29 plazas.²⁷ A los menores no se les puede devolver como a los adultos: lo impiden la ley, la jurisprudencia y el precedente de 2021, cuando la justicia anuló las repatriaciones exprés de menores y el Defensor del Pueblo abrió actuaciones. Quinientos veintiocho niños y adolescentes tutelados por una administración con veintinueve plazas, en una ciudad de ochenta y cuatro mil habitantes con su centro de estancia desbordado, es una bomba de relojería humanitaria, jurídica y social armada y en marcha, de la que el Gobierno de la nación no ha dicho una sola palabra sustantiva.

X. LA DIPLOMACIA DEL BULO: SÁNCHEZ, ALBARES Y LA INVERSIÓN DE LA REALIDAD

Toda crisis retrata a un gobierno, pero la retórica con que la afronta lo retrata dos veces. La del Gobierno español merece capítulo propio porque constituye un caso de estudio de inversión de la realidad: convertir el propio fracaso en agravio ajeno.

El presidente del Gobierno escribió a las instituciones europeas calificando la reacción de los socios de «egoísta, polarizadora e ilegal».²⁸ Deténgase el lector en el tercer adjetivo: ilegal. Las medidas adoptadas por Italia, Francia o previstas por Finlandia —controles temporales en fronteras interiores ante amenazas graves— están expresa y minuciosamente contempladas en el Código de Fronteras Schengen, artículos 25 a 29, reformado además en 2024 con el voto favorable de España. Llamar ilegal al ejercicio de un mecanismo de los Tratados es, o bien ignorancia del derecho de la Unión impropia de una Presidencia del Gobierno, o bien desprecio deliberado por la inteligencia de los socios. Y solicitar una reunión extraordinaria de ministros del Interior para quejarse de los veintidós Estados que la habían solicitado para examinar a España es una pirueta que en las cancillerías europeas se ha leído exactamente como lo que es.

El ministro de Asuntos Exteriores elevó la apuesta hasta el esperpento. José Manuel Albares atribuyó la crisis a una «internacional reaccionaria» que habría actuado de forma «coordinada y rápida» difundiendo bulos y deformando la sentencia del Supremo.²⁹ Un ministro de Exteriores explicando el movimiento físico de decenas de miles de personas por una conspiración retórica de sus adversarios ideológicos: ni en los peores años del tercermundismo diplomático se había escuchado algo semejante en una cancillería europea. El mismo ministro convocó al embajador de Italia —socio fundador de la Unión, aliado en la OTAN— y no convocó a la embajadora de Marruecos, país desde cuyas playas y bajo cuya jurisdicción partió el asalto. Es, que sepamos, la primera vez en la historia diplomática reciente en que un Gobierno español protesta formalmente ante el aliado que reaccionó a la crisis y no ante el vecino del que la crisis procedió.

El repertorio se completa con el autobombo y la sustitución de la política por la declamación. Albares presumió de que a Italia «ya le gustaría» resolver Lampedusa como España ha resuelto Ceuta —con el depósito de cadáveres a medio llenar—, elogió la disposición «total e inmediata» de Rabat, y proclamó que Ceuta y Melilla son «tan españolas como Valladolid o Santiago de Compostela».²⁵ Sobre lo primero, sobra comentario tras el capítulo VIII. Sobre lo segundo, tomamos nota de la confesión implícita: si Marruecos pudo cortar el flujo y reabsorber a 48.000 personas de manera inmediata después, podía haberlo impedido antes. Sobre lo tercero: la españolidad de Ceuta y Melilla no necesita declaraciones, necesita presupuestos, vallas, barreras marítimas y una política exterior que no dependa del humor del vecino. Proclamar la españolidad de una ciudad mientras se desatiende su defensa es la versión diplomática de la coartada.

El patrón de fondo es el que este análisis viene documentando crisis tras crisis: un Gobierno que

trata cada emergencia —incendios, DANA, ahora Ceuta— como un problema de comunicación, que busca adversarios en lugar de causas y fabrica relato en lugar de remedio. Ceuta es la refutación definitiva del gobierno-relato, por una razón que cabe en una frase: el mar no lee argumentarios.

XI. LA RAZÓN DE LOS SOCIOS: SCHENGEN NO ES UN DERECHO ADQUIRIDO

Llegamos al núcleo europeo del asunto, y este informe va a decir con todas las letras lo que la mayoría de los análisis españoles no se atreve a escribir: los socios que han planteado suspender la libre circulación con España tienen razón. No una razón retórica: razón jurídica, razón funcional y razón política. Quien se escandalice, que lea primero el Tratado que España firmó.

La arquitectura es de una lógica cristalina. Schengen suprime los controles interiores porque, y solo porque, cada Estado miembro garantiza el control efectivo del tramo de frontera exterior que le corresponde. La libre circulación no es un derecho incondicionado: es la contrapartida de una obligación. Como escribimos el 31 de julio: nuestra frontera es su frontera, y la de ellos es la nuestra. El Código de Fronteras Schengen —Reglamento 2016/399, reformado por el Reglamento 2024/1717— codifica las consecuencias: los artículos 25 a 28 permiten reintroducir controles interiores temporales ante amenazas graves para el orden público o la seguridad interior, incluidos, tras la reforma de 2024, los movimientos masivos no autorizados de nacionales de terceros países; existe un procedimiento inmediato para casos imprevisibles; y el artículo 29 contempla el supuesto mayor: cuando deficiencias graves y persistentes en el control de una frontera exterior pongan en riesgo el funcionamiento del conjunto del espacio, el Consejo puede recomendar controles interiores frente al Estado incumplidor. No es teoría: se aplicó a Grecia en 2016, cuando cinco Estados fueron autorizados a mantener controles durante dos años por las deficiencias del control heleno en el Egeo. España votó a favor de ese acervo. España lo predicó a otros. Ahora le toca padecerlo, y a eso se le llama Estado de Derecho.

Apliquemos el estándar a los hechos. Un Estado miembro cuya frontera exterior admite cincuenta mil personas en veinticuatro horas; cuyo Gobierno se negó a activar sus propios instrumentos de emergencia pese a la petición unánime del territorio afectado; que declinó la ayuda operativa de Frontex ofrecida el primer día; que no puede precisar cuántas personas entraron ni cuántas permanecen; y que necesitó la benevolencia del vecino para restaurar el control, encaja objetivamente —y sin forzar una coma— en el lenguaje de las «deficiencias graves» del Código. Las respuestas de los socios han sido, además, escrupulosamente proporcionadas. Italia, tras el anuncio inicial, concretó su «suspensión» en controles aleatorios en puertos y aeropuertos a viajeros no comunitarios, sin afectar a ciudadanos españoles ni de la Unión: uso de manual del mecanismo que Madrid tacha de ilegal.³⁰ Finlandia, por boca de su ministra del Interior, afirmó que España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior: duro, y exacto.³¹ Dinamarca, con Mette Frederiksen, pidió considerar todas las opciones, incluida la suspensión de la cooperación Schengen con España: la formulación responsable de quien se toma en serio el contrato. Francia, sin estridencias, activó su Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida y reforzó los controles desde la primera noche, aunque luego se desmarcara de la carta colectiva: la versión silenciosa y eficaz de la misma desconfianza. Alemania y Suecia pidieron a Sánchez recuperar el control; Países Bajos y Bélgica, proteger la frontera común.³¹

Y luego está el documento que la historia retendrá: la carta de los Veintidós. Veintidós Estados miembros de veintisiete —Italia y Dinamarca a la cabeza, con Alemania, Suecia, Países Bajos, Polonia, Austria, Grecia y otros catorce— pidiendo por escrito una reunión urgente, vinculando la crisis a la sentencia y a la regularización españolas, y declarándose dispuestos a reforzar o reintroducir controles en sus fronteras interiores.¹⁸ Cuando el Gobierno español despacha eso como «internacional reaccionaria» está insultando, entre otros, al canciller alemán y a media socialdemocracia nórdica. Veintidós de veintisiete no es una conjura: es un veredicto. Es la constatación colegiada de que la confianza —la única moneda en que se paga Schengen— está rota, y de que la rompió Madrid.

Conclusión de este capítulo, sin eufemismos: quienes piden activar los mecanismos de salvaguarda frente a España están en su derecho y en lo cierto. No porque España deba ser expulsada de Schengen —no existe mecanismo de expulsión, y nadie serio lo propone—, sino porque la propia lógica del Tratado exige consecuencias ante la incapacidad demostrada, y porque los controles de los socios no son un castigo: son un seguro. El camino más corto para que España se libre de ellos no pasa por las cartas indignadas de La Moncloa, sino por hacerlos innecesarios: barreras, medios, doctrina y un gobierno que gobierne. Nota final sobre el Consejo del 4 de agosto: España presume de haber arrancado la «solidaridad» de los socios y unas conclusiones amables; léanse esas conclusiones con lupa y se verá que las cinco líneas de trabajo aprobadas —refuerzo de fronteras exteriores, retornos, cooperación con terceros países, alerta temprana, lucha contra las mafias— son, punto por punto, la agenda de la carta de los Veintidós con papel timbrado del Consejo.³² Madrid ganó el comunicado; Roma y Copenhague ganaron el acervo.

Cuadro 3. Las posiciones de los socios europeos ante la crisis

XII. LA COMISIÓN EUROPEA: DE «INACEPTABLE» A «EFICIENTE Y EFICAZ» EN SETENTA Y DOS HORAS

Si el Gobierno español ha estado a la altura del desastre, la Comisión Europea ha estado a la altura de su propia decadencia. Su ejecutoria en esta crisis admite una cronología exacta que la retrata sin necesidad de adjetivos, aunque este informe no se los ahorrará.

Viernes 31 de julio: Ursula von der Leyen declara que las imágenes que llegan de Ceuta son «inaceptables», exige a España el fin inmediato de las entradas irregulares y la devolución rápida de los inmigrantes, y ofrece el despliegue de Frontex.³³ Lunes 3 de agosto: la misma presidenta escribe a Pedro Sánchez elogiando la gestión «eficiente y eficaz» de la crisis por las autoridades españolas y marroquíes, recordándole eso sí, con la elegancia de quien deja constancia, que la ayuda europea se ofreció «desde un primer momento» y sigue sin solicitarse.³⁴ Martes 4 de agosto: las conclusiones del Consejo extraordinario, con la Comisión como coadyuvante, felicitan a España por su respuesta «rápida y eficaz» y dan la situación por controlada.³² De lo inaceptable a lo ejemplar en setenta y dos horas, sin que en el terreno cambiara otra cosa que el coste político de mantener la verdad. Una institución cuya valoración de una misma catástrofe depende del clima diplomático del día no es una guardiana: es una veleta.

La rendición tiene cuatro dimensiones que conviene desglosar. Primera: la renuncia a ejercer de guardiana de los Tratados. Ante deficiencias fronterizas de esta magnitud, la Comisión dispone de instrumentos —evaluaciones Schengen, recomendaciones, el mecanismo del artículo 29, en última instancia el procedimiento de infracción— y no ha insinuado siquiera su activación. Háganse los lectores la pregunta incómoda: si esta crisis, con esta gestión y estos muertos, hubiera ocurrido en la Polonia del PiS o en la Hungría de Orbán, ¿cuántos expedientes llevaría ya abiertos Bruselas? El doble rasero no es un defecto cosmético de la Comisión: es su enfermedad autoinmune, la que destruye su autoridad precisamente cuando más la necesita. Segunda: la genuflexión ante Rabat. Von der Leyen pidió la «colaboración» de Marruecos, elogió su gestión en la misma frase que la española y evitó cuidadosamente toda alusión a la responsabilidad marroquí en la génesis del desastre; el aviso genérico de que la Unión no aceptará que se utilice la inmigración ilegal como instrumento de presión se formuló sin sujeto, que es la manera bruselense de no formularlo.³⁴ La «instrumentalización» quedó definida en el Pacto de forma tan vaporosa que —como advertimos en nuestro informe de julio sobre los siete fallos profundos de la política migratoria común— nunca podría aplicarse a un socio que vende cooperación pesquera, energética y antiterrorista. La primera prueba de fuego lo ha confirmado: el concepto existe para no usarse.

Tercera: la irrelevancia del Pacto de Migración y Asilo en su primer contacto con la realidad. Ante la mayor crisis fronteriza de la historia de la Unión, nadie —ni la Comisión, ni España, ni los socios— invocó operativamente el flamante Pacto: los Estados fueron directamente a los controles nacionales del Código de Fronteras, es decir, al mundo pre-Pacto. La solidaridad de facto voluntaria, la tasa de retorno del 28 por ciento, la ausencia de vías legales que descompriman, la confusión entre gestión y estrategia: todos los fallos estructurales que documentamos hace dos semanas se han materializado en siete días, con una precisión que quien firma preferiría no haber tenido. Cuarta: la impotencia orgánica. Frontex, Europol y la Agencia de Asilo «están preparados» para ayudar cuando España lo pida, repite Bruselas; España no lo pide; y ahí acaba la historia. Una Unión cuyas agencias solo pueden actuar donde el incumplidor las invita es una metáfora institucional completa: capacidades sin autoridad, presupuesto sin poder, comunicados sin consecuencias. Guinda involuntaria: entre los cinco ámbitos prioritarios que Von der Leyen enumera en su carta figura la implantación de sistemas de alerta temprana; se lo escribía al Gobierno que acababa de cesar a su alertadora temprana. Ni el mejor satírico lo habría redactado mejor.

El balance para Bruselas es demoledor y trasciende esta crisis: cada episodio en que la Comisión actúa como notaria de los fracasos en lugar de como garante de las obligaciones transfiere de facto la política migratoria europea de las instituciones comunes a los ministerios del Interior nacionales. La carta de los Veintidós es el futuro de la política migratoria europea; la Comisión ha elegido ser su taquígrafa.

XIII. MARRUECOS: NI ORQUESTADOR PROBADO, NI SOCIO INOCENTE

Este capítulo exige el máximo rigor metodológico precisamente porque va a ser el más duro con Rabat que se haya escrito en esta serie. La dureza sin pruebas es propaganda; las pruebas sin dureza, cuando pesan lo que aquí pesan, son cobardía. Distingamos, pues, con disciplina profesional entre lo probado, lo indiciario y lo exculpatorio, y extraigamos después el veredicto que los hechos imponen.

Primero, el precedente, porque marca la carga de la prueba. En mayo de 2021 la evidencia de una acción deliberada del Estado marroquí fue abrumadora: relajación ordenada de los controles, pasividad policial filmada, contexto de represalia por la acogida del líder del Polisario y aquella frase de la embajadora Benyaich sobre los actos que tienen consecuencias. Un Estado que ya utilizó una vez a su propia población como instrumento de presión contra su vecino no comparece ante el episodio de 2026 con presunción de inocencia: comparece con antecedentes. La carga de demostrar que esta vez fue distinto recae sobre Rabat, y Rabat no la ha levantado.

Segundo, lo probado y lo indiciario del episodio actual, que es mucho y grave. Uno: la concentración previa era visible y fue detectada: la inteligencia española informó de la llegada inusual de un gran número de autobuses a Castillejos en los días anteriores, y miles de personas acamparon en las colinas de Fnideq y Beliunes; nada de eso ocurre en el reino alauí sin que lo sepan sus servicios, que están entre los más capilares del mundo árabe. ⁹ Dos: la convocatoria era pública: una campaña de once millones de impresiones que difundía fechas, horarios, playas de salida y equipamiento, legible por cualquier gendarme con un teléfono.⁸ Tres: Marruecos no solo pudo ver: quiso ver. Según las informaciones publicadas, Rabat posicionó dos satélites militares de observación sobre el Estrecho durante los acontecimientos, monitorizando en tiempo real la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta; y desplazó aviones militares a Tetuán en plena crisis.³⁵ El vecino observó la marea con resolución centimétrica y no movió a sus fuerzas para impedirla. Cuatro: la capacidad de impedirla está demostrada por el propio Marruecos: en la «avalancha de TikTok» de 2024, sus servicios identificaron a 4.455 personas en los alrededores de Fnideq y practicaron detenciones en días, abortando la convocatoria; en 2026, ante una movilización quince veces mayor y más anunciada, esa maquinaria no compareció.⁸ Cinco: la coincidencia con la Fiesta del Trono, con el Rey presidiendo un fasto militar multitudinario en Tetuán a 42 kilómetros del caos, admite dos lecturas y las dos son malas: o el aparato de seguridad estaba consagrado a la liturgia mientras la frontera ardía — negligencia—, o se toleró que la presión demográfica se desahogara hacia el vecino en la fecha más simbólica del reino —pasividad calculada—.³⁵ Seis: la conducta posterior: ni una investigación anunciada, ni una responsabilidad asumida, ni una explicación de cómo decenas de miles de personas atravesaron su territorio, se concentraron durante días y embarcaron desde sus playas; en su lugar, un relato oficial que culpa a las mafias, a las redes sociales y al Tribunal Supremo español —a todos menos a sí mismo—, la difusión por la agencia oficial MAP de la felicitación protocolaria de Felipe VI a Mohamed VI en plena crisis, maniobra de intoxicación de manual dirigida a la opinión española, y la tolerancia con una cacería digital que amenaza de muerte a vecinos de Ceuta y ofrece recompensas de 30.000 euros por identificarlos.³⁶

Tercero, lo exculpatorio, que existe y este informe lo consigna porque su solidez analítica depende de ello. La aceptación inmediata de las devoluciones en caliente —histórica y sistemáticamente rechazadas por Rabat— y la reabsorción de 48.300 personas en tres días son incompatibles con una operación de coerción al estilo 2021: quien orquesta una crisis para obtener concesiones cobra antes de cerrar el grifo, y aquí el grifo se cerró gratis. Los propios costes marroquíes son reales: once cadáveres en sus costas, 40.000 entradas reconocidas oficialmente, y la humillación planetaria de que la efeméride sagrada del reinado quedara asociada para siempre, en pantalla partida, a la estampida de sus propios jóvenes huyendo del reino. El informe Golden Owl describe además una movilización horizontal, sin mando central. Y el contexto estratégico desactiva el móvil clásico: tras la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad y el medio centenar de reconocimientos de su soberanía sobre el Sáhara, Marruecos está más consolidado que nunca y necesita menos que nunca fabricar incidentes. Precisamente por eso —y este es el giro que Rabat no querrá leer— su pasividad resulta menos excusable, no más: el Marruecos débil de 2005 podía alegar desbordamiento; el Marruecos triunfante de 2026, con satélites propios sobre el Estrecho, no puede alegar nada.

El veredicto, pues, con la precisión de un fallo: absuelto de orquestación, por falta de prueba concluyente (no porque quepa descartar la voluntad subyacente, que está por ver); condenado por incumplimiento grave de sus deberes de vecindad y asociación, con el agravante de reincidencia contextual y el agravantísimo de la negativa a rendir cuentas. En el mejor de los casos, Marruecos protagonizó el fracaso de seguridad más estrepitoso de su historia reciente y se niega a reconocerlo; en el peor, dejó hacer. Un socio estratégico no se define por la eficacia de su servicio posventa —esas devoluciones aceptadas que Madrid agradece con genuflexiones —, sino por la prevención; y la prevención falló o se omitió. España, además, debe extraer dos lecciones frías que su Gobierno se niega a formular. La primera: el giro de 2022 sobre el Sáhara, vendido como la prima de seguros de una nueva era, no compró protección alguna el 30 de julio; las concesiones a Rabat compran trimestres buenos, no años buenos. La segunda y más grave: al aceptar que la restauración del control fronterizo dependiera del consentimiento marroquí, España ha consumado una auténtica subcontratación de soberanía; la llave de la reversibilidad de esta crisis —y de la próxima— está hoy en Rabat, y lo que la discreción del vecino ha dado, la discreción del vecino lo puede retirar. Ningún país serio deja la cerradura de su casa en el llavero de otro.

XIV. EL MENSAJE, EL BUMERÁN Y EL ENSAYO GENERAL: LA DIMENSIÓN OCULTA DE LA CRISIS

El capítulo anterior fijó el veredicto que la prueba disponible permite: absuelto de orquestación, condenado por incumplimiento grave. Este capítulo da el paso siguiente, que el análisis de intenciones autoriza y que la prudencia notarial no debe seguir aplazando: es más que probable que Marruecos quisiera enviar un mensaje a Pedro Sánchez. Los indicios convergen con una densidad que ya no admite la coincidencia como explicación preferente: los satélites propios sobre el Estrecho y los autobuses de Castillejos; el contraste entre la fulminante desactivación de la convocatoria de 2024 y la pasividad absoluta ante otra quince veces mayor y más ruidosa; la elección de la fecha más sagrada del reino; el aviso de inteligencia sobre un «golpe de magnanimidad» del Trono; y la demostración final de que el grifo tiene dueño, con la aceptación instantánea de unas devoluciones históricamente vetadas. Y converge, sobre todo, el contexto: el mensaje se habría enviado exactamente dos semanas después de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pusiera por escrito, por primera vez en la historia, sus dudas sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla. Rabat pudo razonablemente calcular que una demostración de palanca migratoria, en ese preciso clima, saldría gratis: recordarle a un Gobierno debilitado quién administra la frontera, cuánto cuesta cualquier desviación —bases, aduanas, Sáhara— y qué socios tiene ya Madrid enfrente. Un mensaje calibrado, negable por diseño, en la mejor tradición de 2021 pero sin huellas dactilares: no hacía falta empujar; bastaba con no impedir.

Si ese fue el mensaje, le ha estallado al mensajero en las manos, y el razonamiento es de una limpieza que no necesita adjetivos. No se puede proclamar la «marroquinidad» de Ceuta mientras sesenta, setenta, acaso ochenta mil súbditos propios —la horquilla completa de las estimaciones del episodio y de sus intentos— se atropellan, se ahogan y se dejan la vida por salir de Marruecos. Si Ceuta fuera tierra marroquí ocupada, entrar en ella no sería emigrar; y cada uno de esos jóvenes sabía con exactitud jurídica de aduana que pisar el espigón era pisar España, es decir, Europa: precisamente por eso nadaba. La prueba final es demoledora y nadie ha querido subrayarla: ninguno quería quedarse en Ceuta. Los que lograron entrar no reclamaban la ciudad, reclamaban el traslado a la Península; Ceuta no les interesaba como patria irredenta sino como puerta de España. El 30 de julio se celebró así, sin quererlo nadie, el mayor plebiscito popular sobre la soberanía de Ceuta jamás organizado, y lo ganó España por decenas de miles de cuerpos lanzados al agua: la multitud que según la propaganda debía anhelar la «liberación» de la ciudad votó, a nado y en la fecha del Trono, por incorporarse al país supuestamente ocupante. Rabat quiso demostrar que controla el grifo y demostró al mundo que su juventud huye del reino.

De ahí la cuarta verdad de este capítulo, que quien firma puede atestiguar de primera mano porque escribe desde Rabat: no pocos marroquíes —profesionales, funcionarios en privado, ciudadanos corrientes— confiesan estos días sentir vergüenza, la hchouma que no sale en los comunicados, ante esas imágenes. Y tienen motivos objetivos que este informe documenta con respeto: las familias esperando en Castillejos el regreso de hijos con estudios y sin horizonte —«no nos queda nada», resume una de ellas a pie de valla—; un desempleo juvenil que el FMI sitúa en el 36,8 por ciento; la reventa de citas de visado como símbolo de un embudo sin salida legal; el recuerdo fresco de las protestas de la GenZ del otoño de 2025; y la pantalla partida definitiva: el fasto del Trono a un lado, la estampida al otro.⁴⁹ El aparato narrativo del Majzén puede culpar a las mafias y al Tribunal Supremo español, pero ningún marroquí ha creído el cuento de que ochenta mil compatriotas huyeran hacia el «Marruecos ocupado»: huían hacia Europa, y todo el reino lo sabe. Este informe consigna esa vergüenza con consideración, porque es la reacción marroquí más honrada de toda la crisis y porque en ella está la semilla de la única solución real: un Marruecos del que su juventud no quiera escapar. Mientras tanto, que Rabat tome nota del coste interno de sus cálculos externos: los mensajes que se envían con la propia población acaban leyéndose en casa.

La segunda dimensión oculta de la crisis es más grave aún, porque afecta al estatuto internacional de la cuestión, y este informe la expone con la crudeza documental que merece. En marzo de 2026, Michael Rubin, del American Enterprise Institute, publicó dos piezas reclamando a la Administración Trump el reconocimiento de Ceuta y Melilla como «territorio marroquí ocupado», tachando a España de «potencia colonial», cifrando en «170.000 colonos españoles» la población de ambas ciudades y sugiriendo literalmente a Mohamed VI una nueva Marcha Verde con excavadoras hacia la frontera, con el argumento añadido de que el artículo 6 del Tratado de Washington dejaría fuera de la protección de la OTAN a Ceuta, a Melilla y hasta a Canarias.⁴⁵ En abril trascendió un dossier «preventivo» de asesores de la Casa Blanca sobre la soberanía de ambas ciudades, elaborado a raíz de la negativa de Sánchez, el 4 de marzo, a facilitar las bases de Rota y Morón para la campaña contra Irán. El 30 de abril, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes —el órgano que fija el presupuesto del

Departamento de Estado y la ayuda exterior— aprobó un informe de 178 páginas cuya página 88, en el apartado dedicado a Marruecos, reza textualmente que «las ciudades administradas por España de Ceuta y Melilla están ubicadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de la reclamación que Marruecos mantiene desde hace tiempo», e invita al secretario de Estado a fomentar el diálogo entre Madrid y Rabat sobre su «estatus futuro». El pleno de la Cámara aprobó la ley que ese informe acompaña el 15 de julio, por 217 votos a 209: dos semanas antes del asalto. El texto está hoy en el Senado. Y el propio 30 de julio, día del Trono y del colapso, el presidente Trump felicitaba a Mohamed VI prometiéndole «otros 250 años» de asociación.⁴⁶

Lo que vino después completa el cuadro y lo agrava. El 31 de julio, con los cadáveres aún en el espigón, el Departamento de Estado emitió un comunicado que no exigía nada a Marruecos y lo exigía todo a España: el «incidente inaceptable» sería «el resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español por permitir y facilitar la migración ilegal masiva hacia Europa»; Washington se declaraba solidario «con el pueblo de España» —nótese: con el pueblo, no con su Gobierno— y dispuesto a «ayudar a otros aliados europeos que estén considerando opciones similares», es decir, a apadrinar los controles contra España.⁴⁷ Y el 30 de julio, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, difundió el mensaje más infumable de toda la secuencia: España, «que nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel», debería «explicar al mundo por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África». El único aserto verificable de su mensaje —que España había declarado el estado de emergencia en Ceuta— era además falso, y falso en la dirección más humillante para su autor: la emergencia jamás se declaró, porque el Gobierno español se negó a declararla. El exabrupto fue tan lejos que la propia jefa de la delegación diplomática de Israel en Madrid, Dana Erlich, hubo de desautorizarlo públicamente: «no representa la posición del Estado de Israel».⁴⁸ Póngase todo junto y mídase la gravedad: un think tank de Washington pidiendo una Marcha Verde; una cámara del Congreso de los Estados Unidos cuestionando por escrito, por primera vez, la integridad territorial de un aliado de la OTAN; un Departamento de Estado que culpa del asalto al Gobierno asaltado y no dedica una sola palabra de exigencia a Rabat; y un embajador de Israel —cuyo Gobierno debe a Marruecos la normalización de los Acuerdos de Abraham y le ha pagado reconociéndole el Sáhara— importando ante la ONU, palabra por palabra, el vocabulario del irredentismo marroquí. La analítica israelí lo teoriza ya sin rubor: cómo ayudar a Marruecos a «recuperar su norte». No es una conjunción astral: es un ecosistema, y ha olido debilidad.

Y de ahí, precisamente, la tercera hipótesis que este informe eleva a escrito porque nadie más parece dispuesto a hacerlo: el 30 de julio pudo ser, por designio o por resultado objetivo, un ensayo general. Quien quisiera medir —Rabat, las mafias como industria, o terceros Estados que estudian la instrumentalización en enjambre— dispone hoy, gratis, de la tabla de calibración completa: los tiempos de reacción de un Gobierno español debilitado (días en militarizar, la emergencia rehusada, el caos estadístico); los umbrales de parálisis de la Unión (cinco días de la indignación a la felicitación, Frontex ofrecido y no solicitado); el mapa exacto de los demás Gobiernos europeos (veintidós firman, cuatro no; Francia refuerza pero no firma); la tolerancia y las líneas de fractura de la opinión pública española; el rendimiento de la Guardia Civil en saturación; y las ventanas jurídicas del Estado objetivo. Hasta la reacción de los aliados extraeuropeos quedó medida, y el resultado que Rabat puede archivar es espectacular: Washington culpó a Madrid, la Comisión felicitó a todos y la única protesta formal de la diplomacia española se la llevó Roma. En estrategia, la calibración precede a la operación; y la convocatoria del 15 de agosto es, exactamente, el segundo ensayo con los parámetros ya conocidos. Un Estado serio trataría el 30 de julio no como un episodio cerrado sino como la fase de medición de algo mayor; el español lo está tratando como un problema de comunicación.

Síntesis del capítulo, para que quede sin ambigüedad: mensaje más que probable de Rabat a Sánchez; bumerán que ha avergonzado al reino ante el mundo y ante sí mismo, porque ochenta mil de los suyos proclamaron a nado que Ceuta es España y que ni siquiera Ceuta les bastaba: querían la Península; vergüenza sentida y confesada por los marroquíes decentes, que son muchos y merecen constar; y un ecosistema revisionista —tanques de ideas de Washington, una cámara del Congreso, un comunicado del Departamento de Estado, un embajador de Israel — que ha aprovechado la crisis para abrir en la esfera informativa un contencioso que en derecho está cerrado desde hace siglos y que en las urnas ceutíes, como demuestra el capítulo XVI, no ha existido jamás. La conclusión operativa es una sola: la soberanía de Ceuta y Melilla ya no se defiende únicamente en el espigón; se defiende en Washington, en Nueva York y en cada cancillería aliada, con un dossier jurídico-histórico permanente —que el capítulo siguiente deja formalmente redactado: 1415, 1580, 1668, 1497; siglos anteriores al Estado alauí; excluidas expresamente del Protectorado de 1912; jamás incluidas en la lista de descolonización de la ONU que sí incluye a Gibraltar; ciudades autónomas con plena representación constitucional— y con una doctrina de respuesta que este Gobierno, ocupado en convocar al embajador equivocado, no ha esbozado siquiera. El espigón se defiende con barreras; la soberanía, con política exterior. España carece hoy de ambas, y este capítulo deja nombrado a quien está tomando notas.

XV. LA ESPAÑOLIDAD INCONTESTABLE: EL EXPEDIENTE HISTÓRICO-JURÍDICO DE CEUTA Y MELILLA

El capítulo anterior reclamaba un dossier jurídico-histórico permanente sobre la mesa de cada cancillería. Este capítulo lo redacta. Y lo hace desde una convicción metodológica que conviene enunciar como principio: los argumentos legales e históricos de la españolidad de ambas ciudades son incontestables siempre y cuando se sea preciso en su formulación. La imprecisión es el oxígeno del revisionismo: quien dice «siglo XVI» a secas, quien confunde dinastías o quien fecha mal una conquista está regalando a los Rubin y a los Danon el único flanco que tienen, porque su tesis no resiste una sola fecha bien puesta. Aquí quedan, pues, las fechas canónicas, verificadas y en orden, para que nadie —ni aliado distraído, ni adversario aplicado— vuelva a discutirlas sin retratarse.

Empecemos por Ceuta, cuya vinculación hispánica es tan antigua que, en rigor, para hablar de orígenes habría que remontarse a la España romana: la Septem de la Mauritania Tingitana quedó adscrita administrativamente a la Diócesis de Hispania en la reorganización de Diocleciano, fue reconquistada para Bizancio por Belisario en 534 y gravitó en la órbita del reino visigodo de Toledo desde tiempos de Sisebuto (615). Es decir: el vínculo de Ceuta con el mundo hispánico precede a la conquista musulmana en un siglo y a la dinastía que hoy la reclama en más de mil años.⁵⁰ En la era moderna, la fecha fundacional es el 21 de agosto de 1415: Juan I de Portugal, a iniciativa de su hijo el infante Enrique el Navegante —que ganó allí sus espuelas—, conquistó Ceuta al sultanato benimerí de Fez, conforme al derecho de la época y como lo hacían todos los actores de la época, incluidos los sultanatos magrebíes entre sí. Precisión esencial: en 1415 la dinastía alauí no existía ni existiría en dos siglos; Ceuta fue portuguesa durante más de doscientos años antes de que el primer sultán alauí fuera proclamado en el Tafilalet.⁵⁰

El tránsito a España es un caso único en la historia europea, porque no fue una conquista: fue una elección, dos veces. Primero, la dinástica: a la muerte sin descendencia del cardenal-rey Enrique de Portugal, Felipe II —hijo de Isabel de Portugal, hija a su vez del rey Manuel I— heredó la corona portuguesa, jurada en las Cortes de Tomar de 1581, y Ceuta entró con todo el imperio luso en la Monarquía Hispánica. Y después, la decisiva: cuando en 1640 Portugal se separó de España y entronizó al duque de Braganza como Juan IV, Ceuta fue la única posesión de todo el imperio portugués que se negó a proclamarlo. Sus vecinos pidieron seguir bajo la Corona española, mantuvieron su fidelidad a Felipe IV —de ahí el dictado de «la Fidelísima» con que la historia la conoce— y la nueva dinastía portuguesa acabó reconociéndolo solemnemente en el Tratado de Lisboa de 1668, que cedió formalmente la plaza a España. El símbolo perdura a la vista de todos: el escudo de Ceuta conserva hasta hoy las quinas de Portugal, porque España nunca conquistó Ceuta; Ceuta eligió a España, y lo lleva escrito en su blasón.⁵¹

Melilla exige la misma precisión y la recompensa con la misma contundencia. Nada de «siglo XVI»: Melilla es española desde el 17 de septiembre de 1497 —cinco años después de la toma de Granada, el mismo lustro en que Colón cruzaba el Atlántico—, cuando Fernando el Católico sancionó su incorporación a la Corona de Castilla, materializada por Pedro de Estopiñán al servicio de la casa de Medina Sidonia; la Corona asumió su administración directa en 1556. ¿A quién se le «arrebató»? A nadie que la gobernara: la plaza era entonces un recinto semiarruinado y despoblado, disputado en el vacío entre los sultanatos de Fez y de Tremecén, ninguno de los cuales ejercía sobre ella soberanía efectiva; no hubo población desplazada porque apenas había población. Las magnitudes del tiempo hablan solas: Melilla acumula 529 años ininterrumpidos de españolidad; es española desde siglo y medio antes de que existiera la dinastía alauí, cuatro siglos antes de que existiera el Estado marroquí moderno y doscientos setenta y nueve años antes de que existieran los Estados Unidos cuyo Congreso se permite hoy dudarlo.⁵²

Aquí llega el argumento que desarma por sí solo toda la construcción irredentista, y que exige —de nuevo— precisión dinástica. El Estado marroquí actual desciende directamente del sultanato alauí, surgido del Tafilalet a mediados del siglo XVII. Pues bien: en ningún momento de su existencia, ni un solo día desde su proclamación hasta hoy, la dinastía alauí ha ejercido soberanía sobre Ceuta o sobre Melilla. No es que la perdiera: es que jamás la tuvo. Lo intentó por las armas y fracasó estrepitosamente: Muley Ismaíl sometió a Ceuta al asedio más largo de la historia militar —treinta y tres años, de 1694 a 1727— sin tomarla, y Mohamed III sitió Melilla en 1774-1775 con idéntico resultado.⁵² Y tras fracasar por las armas, reconoció por los tratados: el de Marrakech de 1767, el de Mequinez de 1799 y el de Wad-Ras de 1860, que no solo confirmó la soberanía española sino que amplió los límites de ambas plazas.⁵³ Los reinos predecesores —benimerí, wattasí, saadí— existían, sí, pero habían perdido Ceuta en 1415 y carecían de dominio efectivo sobre Melilla en 1497, siglos antes de la primera proclamación alauí. La conclusión jurídica es de manual: no se puede «recuperar» lo que nunca se ha poseído; y quien invoca la sucesión de Estados hereda también sus tratados, de modo que Marruecos sucede a un sultanato que reconoció por escrito, tres veces, la soberanía española que hoy discute.

El siglo XX sella el expediente por todas sus costuras. En 1912, al constituirse el Protectorado, Ceuta y Melilla quedaron expresa y deliberadamente fuera de la zona protegida: no eran territorio que proteger, sino España desde la que se protegía. En 1956, la independencia de Marruecos consistió jurídicamente en la retrocesión de la zona de protectorado; ninguna de las dos ciudades figuraba en ella porque ninguna había dejado de ser soberanía española ni un solo día. En las Naciones Unidas, Rabat lo ha intentado y la Organización se ha negado siempre: Ceuta y Melilla jamás han sido inscritas en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización, la misma lista que sí incluye a Gibraltar desde 1946 y al Sáhara Occidental desde 1963; el veredicto implícito de la comunidad internacional no puede ser más elocuente. Y la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 1975 sobre el Sáhara, dejó establecido un principio letal para la reclamación: los vínculos históricos de vasallaje o alianza no equivalen a soberanía territorial; si eso valió para el Sáhara, donde algún vínculo había, a fortiori entierra la pretensión sobre dos ciudades donde no hubo ni vínculo ni posesión.⁵³ Conviene, en fin, recordar el origen intelectual de la reclamación, porque la desnuda: la doctrina del «Gran Marruecos» formulada por Allal el-Fassi en 1956, que reivindicaba también Mauritania entera, Tinduf y Bechar, el norte de Malí y el Sáhara. Rabat ha ido renunciando a ese programa pieza a pieza —reconoció a Mauritania en 1969, pactó la frontera argelina en 1972— y solo mantiene viva la pieza que percibe barata: la que apunta al vecino que no se defiende.⁵³

Queda el argumento de cierre, que enlaza este capítulo con el siguiente y completa el título con el demos. El derecho da a España el título; los ceutíes y melillenses le dan el pueblo. No hay aquí nada que descolonizar porque no concurre ninguno de los tres elementos de una colonia: ni metrópoli distante —son España constitucional plena, ciudades autónomas desde 1995 con representación en Cortes y en Europa—, ni pueblo colonizado —su población, musulmana incluida, es española y quiere serlo, como demuestran treinta años de urnas—, ni soberano despojado —el Estado que reclama jamás poseyó—. Frente a eso, «ciudades administradas por España situadas en territorio marroquí» (Cámara de Representantes) y «enclaves coloniales en África» (embajador Danon) no son opiniones discutibles: son errores de hecho, y como tales deben ser contestados, con este expediente delante y sin un adjetivo de más. La precisión es esencial porque la causa la merece y porque el balance final admite formularse en una sola frase que ningún revisionista puede desmontar: España no tiene en África dos colonias; tiene dos ciudades más antiguas en su soberanía que la propia dinastía que las reclama, una de las cuales, además, no fue nunca conquistada por España, sino que la eligió — y conserva en su escudo, con las quinas de Portugal, la prueba heráldica de esa elección.

Cuadro 4. Cronología jurídica de la españolidad de Ceuta y Melilla

XVI. LA OTRA VERDAD DE CEUTA: UNA ESPAÑOLIDAD DE CUATRO CULTURAS QUE DESMIENTE A RABAT Y A LOS TÓPICOS

La crisis ha resucitado, en Rabat, en algunas redacciones europeas y en más de una cancillería perezosa, el tópico más falso del Mediterráneo occidental: la idea de que Ceuta sería, en el fondo, una ciudad demográficamente «marroquí» administrada provisionalmente por España, cuya españolidad se sostendría sobre la mitad «cristiana» de su censo y contra la voluntad latente de la otra mitad. Este capítulo lo desmiente con datos, con urnas y con nombres, porque ninguna defensa de Ceuta será sólida si no se asienta sobre su verdad sociológica; y esa verdad es exactamente la contraria del tópico: la población ceutí musulmana se siente tan española o más que la cristiana, la judía o la hindú, y es, además, en su aplastante mayoría, conservadora. Quien quiera discutir esta tesis tendrá que discutir primero con treinta años de resultados electorales.

Empecemos por la demografía, sin complejos y sin trampas. Según el Estudio demográfico del Observatorio Andalusí (UCIDE), en Ceuta residen 35.561 musulmanes —en torno al 43 por ciento de una población de unos 83.000 habitantes—, de los cuales 31.163, casi nueve de cada diez, son ciudadanos españoles.³⁸ La comunidad cristiana ronda la mitad del censo; la judía, de raíz sefardí y presencia documentada durante siglos, y la hindú, asentada desde hace más de ciento veinticinco años, completan las célebres cuatro culturas. La tendencia, además, es inequívoca: el reciente informe de Macarrón y Leguina para CEU-CEFAS estima que la población de origen musulmán es ya mayoritaria entre niños y jóvenes y que más del ochenta por ciento de los recién nacidos lleva nombre musulmán.³⁹ Este informe no esconde ese dato, lo subraya: la Ceuta del futuro será más musulmana que la actual, y precisamente por eso importa tanto establecer, con rigor, qué votan, qué sienten y qué quieren los musulmanes ceutíes. La respuesta incomoda por igual a Rabat y a los agoreros.

Primera evidencia: las urnas, el único referéndum que se celebra cada cuatro años desde hace tres décadas. El Cuadro 5 resume los treinta años de elecciones a la Asamblea desde el Estatuto de Autonomía de 1995, y su lectura no admite dos interpretaciones. El Partido Popular ha sido la fuerza más votada en todas las elecciones autonómicas celebradas desde 1995 con una sola excepción —el paréntesis populista del GIL en 1999—, y Juan Jesús Vivas preside la ciudad desde febrero de 2001: un cuarto de siglo ininterrumpido de gobierno de centro-derecha.⁴⁰ Repárese en el detalle que pulveriza el tópico: las mayorías absolutas del PP de 2003, 2007 y 2011 —el 62,55, el 65,18 y el 65,20 por ciento de los votos— son aritméticamente imposibles sin un voto musulmán masivo en una ciudad cuyo censo es musulmán en más de un cuarenta por ciento. Decenas de miles de musulmanes ceutíes han votado, elección tras elección, al partido conservador español por antonomasia. Esa es la «ocupación» que denuncia el irredentismo marroquí: una ciudad que vota, libremente y en masa, por seguir siendo lo que es.

Cuadro 5. Treinta años de elecciones a la Asamblea de Ceuta (25 escaños)

* CEM: Coalición Electoral Musulmana; UDCE: Unión Democrática Ceutí; MDyC: Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Todas las formaciones localistas de electorado mayoritariamente musulmán que han obtenido representación son partidos españoles y constitucionalistas.

Segunda evidencia, todavía más contundente: en treinta años de democracia autonómica, ninguna candidatura que propugne la integración de Ceuta en Marruecos ha obtenido jamás un solo escaño. La única formación de matriz confesional explícita, la Coalición Electoral Musulmana, alcanzó un 3,87 por ciento en 1995, no obtuvo representación y desapareció.⁴⁰ Los partidos localistas de electorado mayoritariamente musulmán que sí la han obtenido —la UDCE de Mohamed Alí, Caballas, el MDyC de Fátima Hamed, Ceuta Ya!— son formaciones españolas que pleitean por presupuestos, vivienda, empleo y dignidad ante Madrid y ante la Asamblea, no contra España; su techo histórico conjunto es de cuatro o cinco escaños sobre veinticinco. Y el dato simétrico completa el cuadro por la derecha: Vox obtiene en Ceuta más de un veinte por ciento del voto autonómico y ha ganado el único escaño ceutí al Congreso en las dos últimas elecciones generales. Una ciudad con un cuarenta y tres por ciento de censo musulmán donde el arco parlamentario va del PP a Vox pasando por localistas constitucionalistas, y donde la opción promarroquí no existe electoralmente, no es una ciudad en disputa: es una ciudad decidida.

Tercera evidencia: la identidad declarada. Los estudios demoscópicos disponibles —de los barómetros oficiales sobre la comunidad musulmana a los trabajos académicos sobre identidad ceutí— apuntan todos en la misma dirección: ningún sondeo serio ha situado nunca por debajo de cuatro de cada cinco la proporción de ceutíes que desea seguir siendo española, y la variable religiosa altera la intensidad del sentimiento, no su dirección. El barómetro oficial sobre la comunidad musulmana en España registró que el ochenta y nueve por ciento considera perfectamente compatible ser buen musulmán y buen español, en una población descrita por los propios investigadores como tolerante, occidentalizada y respetuosa de las instituciones. ⁴¹ La literatura académica sobre Ceuta documenta una identidad doble y orgullosa —musulmán y ceutí, es decir, español— cuya principal reivindicación no es separarse de España sino ser reconocida plenamente dentro de ella.⁴² Conviene recordar, además, que la españolidad de Ceuta nació de una elección: cuando Portugal se separó de la Monarquía Hispánica en 1640, fueron los propios ceutíes quienes decidieron permanecer bajo soberanía española.⁴³ Casi cuatro siglos después, sus descendientes de las cuatro culturas siguen eligiendo lo mismo cada cuatro años.

Cuarta evidencia: los nombres y los cargos, porque la españolidad musulmana de Ceuta no es una abstracción estadística sino la trama misma de las instituciones de la ciudad. El portavoz en Ceuta de la asociación mayoritaria de guardias civiles —el colectivo que se ha dejado la piel en el espigón y cuyas advertencias desoyó Madrid durante veinte años— es musulmán. Lo es también el secretario general del colegio de los médicos ceutíes, los mismos que estos días certifican los cadáveres del Tarajal. Musulmanes son varios consejeros y consejeras de los sucesivos gobiernos del Partido Popular de Juan Vivas, y la Hacienda de la ciudad la ha dirigido durante años Kissy Chandiramani, ceutí de la comunidad hindú; la oposición progresista la ha liderado Fátima Hamed, primera mujer musulmana al frente de un grupo en un parlamento español; y el delegado en la ciudad de la Comisión Islámica de España intercambia cada Ramadán felicitaciones públicas con la Presidencia de la ciudad.⁴² Guardias civiles, médicos, consejeros, diputadas: los musulmanes ceutíes no son objeto de la españolidad de Ceuta; son sus titulares, sus servidores públicos y, con demasiada frecuencia estos días, sus víctimas.

De todo lo anterior se sigue la conclusión que este informe eleva a tesis, y que se formula sin un solo matiz de cortesía: la población ceutí musulmana se siente tanto o más española que la población ceutí cristiana, judía o hindú —cuya españolidad nadie discute— y es en su aplastante mayoría conservadora en sus valores, en sus costumbres y en su voto. Esa doble verdad demuele tres discursos a la vez. Demuele el irredentismo de Rabat, porque revela que su reivindicación territorial carece de pueblo: no hay un demos ceutí que aspire a Marruecos, y una anexión se haría contra la voluntad expresa de todas las comunidades de la ciudad, empezando por la musulmana, que ha votado con los pies —hacia España— y con las urnas —por España — durante generaciones; el espectáculo de decenas de miles de jóvenes marroquíes jugándose la vida por entrar en la Ceuta española es, por lo demás, el desmentido más cruel imaginable de la propaganda que presenta la ciudad como una cautiva deseosa de «liberación». Demuele igualmente el insulto de quienes, desde el extremo opuesto, despachan a los musulmanes ceutíes como «españoles de DNI» que habría que «rehispanizar»:⁴² españoles de DNI son, en todo caso, quienes necesitan mirar el documento ajeno para medir la patria; los musulmanes de Ceuta la sirven en la Benemérita, la curan en sus hospitales y la gobiernan en sus consejerías. Y demuele, en fin, la coartada del abandono: si la frontera sur merece barreras, medios y doctrina no es solo por razón de Estado abstracta, sino porque detrás de la valla vive la comunidad musulmana más antigua, más leal y más inequívocamente española de Europa, que es la primera damnificada de cada crisis —en su convivencia, en su economía, en su seguridad y ahora hasta en su integridad física, con vecinos amenazados de muerte y puestos a precio en las redes del otro lado—.

Una precisión final, porque el rigor obliga incluso cuando el dato incomoda a la propia tesis: nada de lo anterior autoriza la complacencia. El cambio demográfico es real y acelerado; las brechas socioeconómicas entre comunidades, el fracaso escolar y el desempleo diferencial son reales; y la convivencia, como ha demostrado esta crisis, no se sostiene sola. Pero la conclusión correcta de esos datos es la inversa de la que extraen los profetas del choque: una ciudad cuya mayoría emergente es musulmana y quiere ser española es el mayor activo estratégico que España posee frente a Marruecos y el mejor argumento de Europa en su frontera sur, a condición de que el Estado invierta en ella —en su escuela, en su empleo, en su seguridad y en su dignidad— lo que durante décadas le ha negado. Defender Ceuta es, antes que nada, defender a los ceutíes; y a estas alturas del informe ya ha quedado establecido quién lleva veinte años sin hacerlo.

XVII. LOS ÁNGULOS QUE NADIE HA QUERIDO MIRAR

Todo gran acontecimiento produce una zona de sombra: aquello que los medios no cubren por prisa, los gobiernos ocultan por interés y los analistas orillan por pereza o por miedo. Este capítulo recorre esa zona, porque es donde se juega la próxima crisis.

Primero: los yihadistas retornados. Entre los entrados en Ceuta se ha identificado, según la prensa, a individuos vinculados al yihadismo que habían sido previamente expulsados de España.³⁷ Reflexione el lector sobre lo que eso significa: personas expulsadas del territorio nacional por razones de seguridad han reingresado por asalto, camufladas en una masa de decenas de miles, en una operación en la que el cribado de seguridad individual es una ficción aritmética. Nuestro informe de julio documentaba, con los datos del TE-SAT, la complejidad del nexo entre inmigración y terrorismo, que exige rigor y rechaza tanto la histeria como la negación; pues bien, el reingreso por avalancha de expulsados radicalizados es un supuesto de libro, de máxima gravedad, que en cualquier democracia seria habría producido ya comparecencias urgentes del ministro del Interior y del director del CNI. En España ha producido silencio.

Segundo: la práctica «haraga» y el censo imposible. La destrucción deliberada de documentos antes del cruce —práctica estandarizada que las propias redes difunden— derrota la identificación, la determinación de la edad, la atribución de nacionalidad a efectos de readmisión y cualquier fecha de corte administrativa. Cuando el Gobierno afirma que «menos de 2.000 permanecen», enuncia un acto de fe, no un censo: sin identidades verificadas ni control de salidas individualizado, el Estado no sabe con certeza quién entró, quién salió y quién se ha diluido en la ciudad o ha saltado a la península. La cifra oficial de permanencia es la más frágil de todas las cifras frágiles de esta crisis, y sobre ella se sostiene, sin embargo, todo el relato del «control recuperado».

Tercero: el 15 de agosto ya está convocado. Los informes sobre la campaña digital coinciden en que las redes que organizaron el asalto siguen intactas y operativas, y en ellas circula ya la convocatoria de un nuevo asalto masivo para el 15 de agosto.¹² La crisis, por tanto, no ha terminado: está entre dos olas. Todo lo que no se haya corregido en diez días —las barreras marítimas, la doctrina de empleo de la fuerza, el compromiso escrito de Rabat, el dispositivo de menores— será examinado de nuevo, esta vez sin el atenuante de la sorpresa. Si el 15 de agosto se repite el 30 de julio, ni la carta más indignada de La Moncloa impedirá la activación del artículo 29.

Cuarto: el apagón del sistema de alerta. Desde el cese de su responsable de comunicación el 31 de julio, los canales públicos del Departamento de Seguridad Nacional han dejado de actualizarse.²³ España ha atravesado —y sigue atravesando— su mayor crisis de seguridad fronteriza con el órgano de alerta de la Presidencia del Gobierno voluntariamente enmudecido. Que la primera baja informativa de la crisis la causara el propio Gobierno sobre su propio sistema debería figurar en los manuales de lo que un Estado no debe hacerse jamás a sí mismo.

Quinto: el manual es exportable. Ceuta 2026 ha validado, a la vista de todos los actores hostiles del planeta, un modelo operativo nuevo: movilización digital horizontal sin mando central, arbitraje de ventanas jurídicas del Estado objetivo, y simultaneidad de masas que satura cualquier dispositivo policial concebible. Bielorrusia industrializó en 2021 la instrumentalización migratoria de Estado; Ceuta 2026 demuestra la instrumentalización por enjambre, sin huellas estatales que sancionar. El manual funciona contra cualquier punto débil costero de Schengen: Lampedusa, el Egeo y, sobre todo, las Canarias, donde no existe maquinaria de readmisión comparable a la marroquí y donde una avalancha de esta escala sería, sencillamente, irreversible. Los adversarios de Europa —estatales y criminales— han tomado nota; la pregunta es si Europa también.

Sexto: la aritmética del choque demográfico. Más de 50.000 llegadas en veinticuatro horas sobre una ciudad de 84.000 habitantes constituye el primer caso en la Europa moderna en que una jurisdicción ve casi duplicada su población en un día por entrada irregular. Ningún protocolo de protección civil, sanidad, orden público o abasto contempla ese supuesto. La doctrina de emergencias española y europea debe incorporar, desde ya, la categoría de choque demográfico súbito, con umbrales, mandos y recursos predefinidos; no hacerlo tras Ceuta sería la negligencia elevada a método.

Séptimo: la factura económica de la desconfianza. Cada control reintroducido en las fronteras interiores —Francia, Italia, los que vengan— es fricción directa sobre la primera industria nacional: el turismo, y sobre el transporte y la exportación. España ha vivido de Schengen como de una renta; la crisis demuestra que la renta tiene condiciones y que la falta de seriedad se paga en puntos de PIB. El coste de las barreras marítimas que no se instalaron se mide en millones; el de la desconfianza que su ausencia ha generado se medirá en miles de millones.

Octavo: la estadística como rehén. El cese de la funcionaria del DSN tiene un efecto sistémico que trasciende el caso: a partir de ahora, todo dato oficial español en crisis será leído —por los socios, por los mercados, por los ciudadanos— con el descuento de quien sabe que la cifra incómoda se borra y su autor se cesa. La credibilidad estadística de un Estado es un activo que tarda décadas en construirse y una llamada telefónica en destruirse. Esa llamada ya se hizo.

Noveno: la ciudad y la cohesión. Ceuta —cuatro culturas, convivencia trabajada durante generaciones— ha quedado herida: comercios cerrados durante días, el CETI desbordado con peleas y acampadas a sus puertas, protestas y contraprotestas, vecinos señalados con nombre y apellido en una cacería digital transfronteriza, y el desembarco inmediato del turismo político de todos los signos.³⁶ La cohesión social de las ciudades autónomas es un activo estratégico de España tanto como sus vallas, y se ha gestionado con la misma desidia. Anótese además la consecuencia política que este análisis viene anticipando desde hace años: cada frontera que los moderados no gestionan la acaban gestionando, en las urnas, los extremos; la mejor vacuna contra los flautistas de Hamelín del extremismo es la competencia de los gobiernos serios, y esa vacuna lleva semanas caducada.

Décimo: los dos relojes. España desmontó su instrumento permanente de disuasión marítima al ritmo de un reloj judicial —un día, el 29 de junio— y a fecha de hoy no ha montado el sustituto, que corre al ritmo de un reloj administrativo sin fecha. Un Estado que vive entre dos relojes queda gobernado por quien controla el cronómetro: las mafias, que operan en horas, y Rabat, que decide en días. Recuperar el reloj propio —legislar, construir, desplegar— es la definición exacta de recuperar la soberanía.

XVIII. ESCENARIOS Y PERSPECTIVAS

Corto plazo (agosto de 2026). La fecha crítica es el 15 de agosto, convocatoria ya en circulación. Si la ola se repite y vuelve a desbordar el dispositivo, la secuencia europea es previsible: multiplicación de controles interiores al amparo de los artículos 25 a 28, evaluación Schengen acelerada sobre España y apertura de la vía del artículo 29 con el precedente griego de 2016 como plantilla; en paralelo, crisis de gobierno en Madrid, con Grande-Marlaska como fusible designado y una presión —hoy contenida— que alcanzaría al propio presidente. Si, por el contrario, la convocatoria se desinfla o es contenida —lo que exigiría barreras provisionales ya fondeadas, despliegue militar preventivo y un compromiso operativo marroquí que hoy es verbal—, el Gobierno proclamará la vuelta a la normalidad y enterrará las responsabilidades. La probabilidad de que las asuma motu proprio es, sobre la evidencia de esta legislatura, nula: solo la aritmética parlamentaria o una segunda ola pueden forzarlas.

Medio plazo (otoño de 2026). Cuatro frentes. Primero, el legislativo: la proposición del PP para reformar la Ley de Extranjería y restaurar el rechazo en frontera marítimo chocará con la mayoría de investidura; el Gobierno intentará la vía reglamentaria y de obra —las barreras que el Supremo describió—, y la métrica real de seriedad será una sola: si en otoño hay o no elementos físicos de contención fondeados frente al Tarajal. Segundo, el bilateral: la cooperación operativa con Rabat continuará, porque a ambos conviene, pero la dependencia estructural española se habrá profundizado; sin un instrumento escrito con obligaciones de prevención verificables —que Marruecos no tiene incentivo alguno en firmar—, España seguirá viviendo de la discreción ajena. Tercero, el europeo: el Pacto de Migración y Asilo sale de esta crisis herido de muerte en su credibilidad; la agenda real la marcarán los Veintidós — retornos, externalización, el modelo de centros en terceros países que Italia acelera— y la definición práctica de la «instrumentalización» la escribirán los hechos consumados de los Estados, no la Comisión. Cuarto, el doméstico: comisiones de investigación, causas judiciales por los fallecimientos y la batalla por el relato de los muertos, que este Gobierno intentará administrar como administró la cifra de entradas.

Tres escenarios a doce meses. Escenario uno, contención precaria (probabilidad estimada: 55 por ciento): las barreras se instalan tarde pero se instalan, el 15 de agosto se contiene o queda en episodio menor, los controles interiores se levantan en meses, nadie asume responsabilidades y la lección queda sin aprender hasta la siguiente ventana de oportunidad, que las mafias ya buscan en el mapa. Escenario dos, repetición y ruptura (30 por ciento): una segunda ola masiva —el 15 de agosto u otra fecha— desborda de nuevo el dispositivo; el Consejo activa el artículo 29 y España queda formalmente señalada como frontera deficiente de la Unión; crisis política mayor en Madrid, con recorrido electoral. Escenario tres, corrección seria (15 por ciento): legislación de urgencia con consenso PP-PSOE, obra fronteriza real, pacto escrito con Rabat e integración plena en los mecanismos europeos de alerta; exigiría una voluntad política de la que este Gobierno no ha dado una sola muestra en toda la legislatura, razón por la cual se le asigna la probabilidad menor con la melancolía de quien preferiría equivocarse.

XIX. CONCLUSIÓN: EL PRECIO DE LA FRIVOLIDAD

Toca cerrar, y se cierra como se abrió: sin anestesia. Lo ocurrido en Ceuta entre el 30 de julio y hoy no es una crisis migratoria más: es la quiebra simultánea de tres contratos. El contrato interno entre el Estado español y sus ciudadanos, que pagan impuestos a cambio de fronteras defendidas, emergencias declaradas cuando existen y verdades contadas cuando duelen. El contrato europeo entre España y sus socios, que suprimieron sus controles a cambio de que Madrid guardara el tramo sur del perímetro común. Y el contrato de vecindad entre España y Marruecos, que intercambia cooperación por prevención y ha quedado reducido a un servicio posventa que Rabat concede y puede retirar. Los tres contratos los ha roto, por acción u omisión, la parte que más presumía de cumplirlos.

Este informe sostiene, con todos los hechos expuestos en sus dieciocho capítulos anteriores, un juicio que ya adelantó en caliente y que la evidencia acumulada no ha hecho sino endurecer: no se había visto un despliegue semejante de incompetencia, incapacidad y estulticia en el manejo de una crisis de esta naturaleza en ningún gobierno europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. No es una hipérbole: es un inventario. Un mes de aviso desperdiciado con la solución escrita por el propio Tribunal Supremo; las alertas de la inteligencia ignoradas y después negadas; la emergencia rechazada contra la petición unánime del territorio, con el PSOE local incluido; el refuerzo inicial reducido a unas decenas de efectivos; la ayuda de Frontex declinada; la única destitución, la de la funcionaria que dijo la verdad; el recuento de los muertos, cuadruplicado; y, como colofón, un ministro presumiendo ante Italia de la gestión mientras el antiguo Hospital Militar se llenaba de cadáveres. Cada uno de esos hechos, aislado, sería un escándalo de legislatura; juntos componen el retrato de un Estado gobernado por la frivolidad.

A los socios europeos que han reaccionado, este informe les reconoce lo que el Gobierno español les niega: la razón. Schengen sobrevivirá si —y solo si— sus fronteras exteriores son reales, y la manera de mantenerlas reales es que el incumplimiento tenga consecuencias. A la Comisión Europea, se le deja escrito el diagnóstico de su irrelevancia sobrevenida: quien en cinco días pasa de lo inaceptable a la felicitación no protege el espacio común; lo amortaja con comunicados. A Marruecos, la exigencia que ningún elogio ministerial español debería seguir tapando: explicaciones, prevención verificable y el fin de la comodísima doctrina según la cual todo lo que ocurre al norte de su frontera es culpa de todos menos suya. Y al Gobierno de España, lo único que cabe exigirle ya con alguna utilidad: que instale las barreras que el Supremo describió, que cuente a sus muertos de una sola manera y con la cabeza inclinada, que devuelva su puesto a quien dijo la verdad y asuma responsabilidades quien la ocultó, y que comprenda, aunque sea tarde, que la frontera sur no es un problema de imagen: es la condición de existencia de España como Estado serio y de Europa como espacio libre.

Porque esa es, al final, la disyuntiva que Ceuta ha dejado planteada ante el continente entero, y con ella cierra este informe: España será la frontera de Europa o será su brecha. Los muertos del espigón, que ya no pueden elegir, merecen que los vivos elijan pronto y elijan bien.

NOTAS Y FUENTES

1. Alerta del Departamento de Seguridad Nacional (31-VII-2026): más de 49.000 entradas en 24 horas por el espigón y la playa del Tarajal; Interior elevó después el cálculo a 50.000 (El Español, 31-VII). Estimaciones periodísticas posteriores: 60.000–72.000 para el conjunto del episodio (The Objective, 5-VIII; El Español, 1VIII). Marruecos reconoció oficialmente 40.000 entradas (El Español, 3-VIII).
2. Serie histórica: unas 20.000 entradas irregulares acumuladas en Ceuta entre 2017 y mediados de 2026, un millar anual de media (El Español, 1-VIII-2026).
3. Balance de fallecidos: 72 según la Delegación del Gobierno (2-VIII, recogido por CNN/AP); 88 según la Ciudad Autónoma; 79 cuerpos recibidos en el Instituto de Medicina Legal (Infobae, 5-VIII); en torno al centenar según la AUGC y estimaciones de la Guardia Civil recogidas por El Faro de Ceuta (The Objective, 3-VIII); 11 cadáveres en costas marroquíes (2-VIII).
4. Cese de la responsable de comunicación del DSN: eldiario.es (3-VIII), El Español (3-VIII) y Moncloa.com (4-VIII). La alerta fue borrada en horas; el cese se comunicó por teléfono, por «pérdida de confianza»; es la única destitución de la crisis.
5. Real Decreto de regularización extraordinaria aprobado el 14-IV-2026, en vigor el 16-IV; ventanilla hasta el 30-VI (Ministerio de Inclusión; La Moncloa, 21-IV-2026).
6. STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29-VI-2026; nota del CGPJ y análisis de El Independiente (30-VII-2026): doctrina sobre la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería y las entradas a nado.
7. 174.978 solicitudes registradas al cierre del plazo, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Maldita.es, 8-VII-2026).
8. Informe Golden Owl sobre la campaña «asalto kriaj» (Le Grand Continent, 4-VIII-2026); informe del International Security Observatory —José María Gil Garre— sobre el arranque de la campaña antes de la sentencia (The Objective, 5-VIII-2026); 11 millones de impresiones y perfiles en Marruecos, Argelia, Túnez, Francia y EE. UU. (Atalayar, 2-VIII-2026); precedente de la «avalancha de TikTok» de 2024: 4.455 identificados y seis detenidos en Fnideq.
9. Alertas de la inteligencia española previas al asalto —autobuses en Castillejos, riesgo asociado a la Fiesta del Trono, petición de activación temprana del Ejército— sistemáticamente ignoradas (The Objective, 1VIII-2026). El Gobierno sostuvo después que el CNI «no alertó» (eldiario.es, 3-VIII-2026).
10. Semana previa: ~1.500 entradas en diez días, un centenar de menores a nado en una madrugada, 99 rescatados por Salvamento Marítimo y Cruz Roja, trigésimo cadáver del año en el litoral ceutí (Demócrata, finales de julio de 2026).
11. Petición de emergencia nacional y mando único de Juan Jesús Vivas y negativa del Gobierno; petición unánime de la Asamblea de Ceuta —PSOE incluido— de declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional, también rechazada; exigencia de Feijóo de activar el art. 23 de la Ley de Seguridad Nacional; petición de Podemos de emergencia nacional y dimisión de Grande-Marlaska (Infobae y Público, 30-VII2026).
12. Convocatoria en redes de un nuevo asalto masivo para el 15 de agosto, con las estructuras digitales intactas (El Faro de Ceuta y El Español, recogidos por El Observador, 5-VIII-2026; The Objective, 5-VIII2026).
13. La sentencia indica que «nada impediría» el rechazo en frontera si se instalaran elementos físicos de contención en el mar, y precisa que drones, cámaras térmicas y sensores son vigilancia, no contención (El Economista, julio de 2026; El Derecho, agosto de 2026).
14. Plan gubernamental posterior a la crisis con barreras físicas de contención en el mar y aplicación del rechazo a quienes las superen (Maldita.es, 5-VIII-2026).
15. Nota del Ministerio del Interior de 30-VII-2026 sobre redes de tráfico «instrumentalizando una sentencia judicial»; nota aclaratoria de 3-VIII-2026 sobre el alcance de la sentencia (Maldita.es, 5-VIII-2026).
16. Regularizaciones extraordinarias en España: 1986, 1991 y 1996 (gobiernos González), 2000 y 2001 (gobiernos Aznar, ~500.000), 2005 (gobierno Zapatero, 576.506) y 2026 (Maldita.es, con datos del Ministerio de Inclusión).
17. «Tramitación de Regularización Extraordinaria 2026. Preguntas y respuestas», La Moncloa, 28-I-2026: niega la existencia de efecto llamada con marco temporal cerrado.
18. Carta de 22 Estados miembros, liderados por Italia y Dinamarca, a Costa, Von der Leyen y la presidencia irlandesa (1/2-VIII-2026): vincula la crisis a la sentencia del Supremo y a la regularización como factor de atracción, y anuncia disposición a reforzar o reintroducir controles interiores. No firmaron Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo.
19. El mismo 30 de julio el Gobierno daba por concluida la emergencia nacional declarada por los incendios de Ávila y Madrid (Público, 30-VII-2026), lo que desmiente la inexistencia del instrumento.
20. Ofrecimiento del comisario Magnus Brunner a Grande-Marlaska del despliegue urgente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, sin solicitud española (El Español, 31-VII-2026); reiterado por escrito por Von der Leyen (The Objective, 3-VIII-2026).
21. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, reconoció no disponer de la cifra de menores no acompañados (Infobae, 2-VIII-2026).
22. Comparecencias de Grande-Marlaska en el Congreso por el caso Koldo y su gestión de la DANA (Infobae, hemeroteca 2025-2026).
23. Silencio de los canales públicos del DSN desde el 31-VII-2026, coincidiendo con el cese de su responsable de comunicación (El Español, 3-VIII-2026).
24. Dispositivo forense: 9 forenses y 6 técnicos de autopsia reforzados desde Cáceres, Valladolid, Salamanca, Albacete y Toledo; antiguo Hospital Militar habilitado como depósito; refuerzo de la Fiscalía de Área (Infobae, 5-VIII-2026).
25. Declaraciones de Albares: colaboración marroquí «total e inmediata», comparación con Lampedusa, «internacional reaccionaria», españolidad de Ceuta y Melilla (Pressdigital y El Faro de Ceuta, 2/3-VIII-2026; El Español, 3-VIII-2026; Mundiario, 3-VIII-2026). Conclusiones del JAI de 4-VIII: felicitación por la respuesta «rápida y eficaz» (The Objective, 4-VIII-2026).
26. Ministerio del Interior, 1-VIII-2026: 48.300 personas devueltas o regresadas a Marruecos, menos de 2.000 permanecen en la ciudad (El Español, 1-VIII-2026).

27. 528 menores no acompañados identificados por la Policía y entregados a la tutela de la Ciudad Autónoma, con 29 plazas de acogida (Infobae, 2 y 5-VIII-2026). Precedente de 2021: anulación judicial de repatriaciones de menores y actuaciones del Defensor del Pueblo (Juzgado C-A n.º 1 de Ceuta; Defensor del Pueblo, 2022).
28. Carta de Pedro Sánchez a las instituciones europeas, 1-VIII-2026: reacción de algunos socios «egoísta, polarizadora e ilegal» (EFE/Infobae, 1-VIII-2026).
29. Declaraciones de Albares sobre la «internacional reaccionaria» y convocatoria del embajador italiano, no de la embajadora marroquí (El Español, 31-VII y 3-VIII-2026).
30. Concreción italiana: controles aleatorios en puertos y aeropuertos a viajeros no comunitarios, sin afectar a ciudadanos españoles ni de la UE; precedente de controles italianos con Eslovenia (El Español, 31-VII2026).
31. Finlandia (ministra Mari Rantanen): fracaso completo de España en la protección de la frontera exterior; Dinamarca (Mette Frederiksen): considerar todas las opciones, incluida la suspensión de la cooperación Schengen; Francia (ministro Laurent Nuñez): refuerzo de controles y activación de la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida; Países Bajos, Alemania, Suecia y Bélgica: exigencias de control y protección de la frontera común (El Español e Infobae, 31-VII-2026).

32. Conclusiones del Consejo extraordinario de ministros del Interior, 4-VIII-2026: solidaridad con España, felicitación, situación controlada, cinco líneas de trabajo (The Objective, 4-VIII-2026; eldiario.es, 4-VIII2026).
33. Declaraciones de Von der Leyen de 31-VII-2026: imágenes «inaceptables», exigencia de cese inmediato de las entradas y devolución rápida (El Español, 31-VII-2026).
34. Carta de Von der Leyen a Sánchez de 3-VIII-2026: gestión «eficiente y eficaz» de España y Marruecos, recordatorio del apoyo ofrecido «desde un primer momento», cinco ámbitos prioritarios y aviso genérico contra la utilización de la inmigración ilegal como instrumento de presión (The Objective, 3-VIII-2026).
35. Dos satélites militares marroquíes de observación posicionados sobre el Estrecho durante el asalto (The Objective y El Español, 1/3-VIII-2026); envío de cuatro aviones militares a Tetuán (The Objective, 5-VIII2026); ceremonia militar multitudinaria presidida por Mohamed VI en Tetuán, a 42 km de Ceuta (El Español, 1-VIII-2026).
36. Difusión por la agencia MAP de la felicitación de Felipe VI a Mohamed VI por la Fiesta del Trono en plena crisis (ESdiario, 5-VIII-2026); cacería digital con amenazas de muerte y recompensas de 30.000 euros por identificar a ceutíes (El Español y El Faro de Ceuta, recogidos por El Observador, 5-VIII-2026); colapso del CETI con peleas y acampadas (El Español, 3-VIII-2026).
37. Identificación en Ceuta de inmigrantes vinculados al yihadismo previamente expulsados de España (El Español y El Faro de Ceuta, recogidos por El Observador, 5-VIII-2026).
38. Demografía musulmana de Ceuta: 35.561 musulmanes a 31-XII-2023, de ellos 31.163 españoles y 4.938 extranjeros (mayoritariamente marroquíes) — «Estudio demográfico de la población musulmana», Observatorio Andalusí/UCIDE (recogido por Ceuta Actualidad, 6-X-2024); en torno al 43 % de la población según la propia UCIDE (Ceuta Actualidad, 21-II-2019); horquilla del 40-45 % en la literatura académica (Briones et al., «Musulmanes en Ceuta»).
39. Macarrón y J. Leguina, «Demografía de Canarias, Ceuta y Melilla: la porosa frontera sur de España», CEU-CEFAS, 2026: mayoría de origen musulmán entre niños y jóvenes en Ceuta y Melilla; más del 80 % de los recién nacidos con nombre musulmán; 11,8 % de la población de Ceuta nacida en Marruecos (The Objective, 24-VII-2026; Libertad Digital, 25-VII-2026).
40. Resultados electorales de la Asamblea de Ceuta 1995-2023: Junta Electoral Central e Historia Electoral (historiaelectoral.com/aceuta.html); proclamación de Vivas en 2023 como cabeza de la lista más votada conforme al art. 15 del Estatuto de Autonomía. Escaño de Ceuta al Congreso ganado por Vox en las generales de noviembre de 2019 y julio de 2023.
41. Barómetro oficial sobre la comunidad musulmana en España (Metroscopia para los Ministerios del Interior, Justicia y Trabajo e Inmigración, 2010): el 89 % considera perfectamente posible ser buen musulmán y buen español; comunidad descrita como tolerante, occidentalizada y respetuosa de las instituciones (Ministerio de Inclusión, 7-IV-2010; El Faro de Ceuta, 2011).
42. «Representación política e identidad local en Ceuta (1975-2023)», Revista de Estudios en Seguridad

Internacional (2025): identidad doble musulmán-ceutí, reivindicación de reconocimiento pleno dentro de España; documenta asimismo el discurso de dirigentes locales de Vox sobre los «españoles de DNI» y la «rehispanización». Estudio CIS 2023 sobre identidades culturales, nacionales y europeas.

43. Tras la separación de Portugal de la Monarquía Hispánica en 1640, los ceutíes optaron por permanecer bajo soberanía española, decisión reconocida después por los tratados hispano-portugueses (síntesis histórica: Geografía Infinita, «Historia de la ciudad de Ceuta y sus comunidades»).
44. Pugna en el seno del Consejo de Ministros sobre los avisos previos: la ministra de Defensa defiende al CNI mientras el titular del Interior insiste en la ausencia de información; analistas desmienten la versión oficial señalando avisos desde fuentes locales y marroquíes (COPE, «Herrera en COPE», 6-VIII-2026).
45. Rubin, «Madrid Bashes Israel, but Spain Is the Colonial Power» y «Morocco Should Send a New Green March into Ceuta and Melilla», American Enterprise Institute, marzo de 2026: reconocimiento de Ceuta y Melilla como «territorio marroquí ocupado», «170.000 colonos españoles», nueva Marcha Verde «con excavadoras» y tesis de la no cobertura del artículo 6 del Tratado de Washington para Ceuta, Melilla y Canarias (AEI; Morocco World News, 27-III-2026; Yabiladi, 17-III-2026).

46. Informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que acompaña la National Security, Department of State and Related Programs Appropriations Act 2027: p. 88, apartado Marruecos — «las ciudades administradas por España de Ceuta y Melilla están ubicadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de la reclamación que Marruecos mantiene desde hace tiempo»; texto de comité del 30-IV-2026, aprobación del pleno el 15-VII-2026 por 217-209, actualmente en el Senado; redactado por el entorno de Mario Díaz-Balart, aliado de Marco Rubio; dossier «preventivo» de la Casa Blanca conocido en abril, iniciado tras la negativa de Sánchez del 4-III a las bases de Rota y Morón; felicitación de Trump a Mohamed VI el 30-VII prometiendo «otros 250 años» de asociación (Brussels Signal, 4-VIII-2026; El Observador, 4VIII-2026; Catalunya Press, 4-VIII-2026; El Debate).
47. Comunicado del Departamento de Estado de los EE. UU., 31-VII-2026: el «incidente inaceptable» es «el resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español por permitir y facilitar la migración ilegal masiva hacia Europa»; solidaridad con «el pueblo de España y todos los europeos» ante una «flagrante violación de su soberanía y de sus derechos humanos»; disposición a «ayudar a otros aliados europeos que estén considerando opciones similares». Trump calificó el episodio de «terrible» (AFP/Ensegundos, 31-VII2026; Fox News).
48. Mensaje del embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, 30-VII-2026: España «que nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel» debería «explicar al mundo por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África»; su afirmación de que España había declarado el estado de emergencia es falsa. Desautorización pública de la jefa de la delegación diplomática de Israel en España, Dana Erlich: «no representa la posición del Estado de Israel» (OKdiario, 31-VII-2026; eldiario.es; Estrella Digital, 1-VIII2026).
49. Éxodo y coste interno marroquí: familias esperando en Castillejos el regreso de sus hijos —«no nos queda nada»—, reventa de citas de visado, protestas de la GenZ 212 de octubre de 2025 (eldiario.es/Desalambre, 2VIII-2026); desempleo juvenil marroquí del 36,8 % en 2024 según el FMI (El Diario NY, 30-VII-2026). El testimonio sobre la vergüenza expresada en Rabat procede de la observación directa del autor, residente en la capital marroquí.
50. Antigüedad y medievo de Ceuta: Septem, en la Mauritania Tingitana adscrita a la Diócesis de Hispania desde la reorganización de Diocleciano; reconquista bizantina por Belisario (534) y órbita del reino visigodo de Toledo desde Sisebuto (615). Conquista portuguesa del 21 de agosto de 1415 por Juan I, a iniciativa del infante Enrique el Navegante, arrebatada al sultanato benimerí de Fez (síntesis histórica: Geografía Infinita, «Historia de la ciudad de Ceuta y sus comunidades», e historiografía general).
51. Unión dinástica y elección ceutí: Felipe II, hijo de Isabel de Portugal, jurado rey de Portugal en las Cortes de Tomar (1581); fidelidad de Ceuta a Felipe IV en 1640 frente a Juan IV de Braganza —único territorio del imperio portugués que optó por España—; cesión formal en el Tratado de Lisboa de 1668; pervivencia de las quinas portuguesas en el escudo y la bandera de la ciudad.
52. Melilla: incorporación a la Corona de Castilla el 17 de septiembre de 1497 por Pedro de Estopiñán, al servicio de la casa de Medina Sidonia y con sanción de Fernando el Católico; plaza semiarruinada disputada entre los sultanatos de Fez y Tremecén; administración directa de la Corona desde 1556. Asedios alauíes fracasados: Ceuta, 1694-1727 (Muley Ismaíl, el más largo de la historia militar); Melilla, 1774-1775 (Mohamed III).
53. Reconocimientos convencionales y estatuto internacional: tratados hispano-marroquíes de Marrakech (1767), Mequinez (1799) y Wad-Ras (1860, con ampliación de los límites de ambas plazas); exclusión expresa de la zona del Protectorado constituido en 1912 y de la retrocesión de 1956; negativa constante de la ONU a inscribir Ceuta y Melilla en la lista de territorios no autónomos, que sí incluye Gibraltar (1946) y el Sáhara Occidental (1963); CIJ, opinión consultiva sobre el Sáhara Occidental (16-X-1975): los vínculos de vasallaje o alianza no equivalen a soberanía territorial; doctrina del «Gran Marruecos» de Allal el-Fassi (1956) y renuncias posteriores de Rabat (reconocimiento de Mauritania, 1969; convenio fronterizo con Argelia, 1972).

Gustavo de Arístegui y San Román

Diplomático / Exembajador de España