Irán estudia imponer peajes en el Estrecho de Ormuz y abre un nuevo frente legal en el comercio marítimo internacional
Irán estaría preparando un borrador legislativo para establecer lo que ya se denomina informalmente como la “Hormuz Law”, una normativa que permitiría imponer un peaje a los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo para el comercio energético y las rutas marítimas internacionales.
Según el borrador, la legislación no solo establecería el cobro por tránsito, sino que también contemplaría la creación de un fondo regional destinado —según la narrativa oficial— a financiar seguridad marítima, protección ambiental y desarrollo de infraestructuras en la región del Golfo. Sin embargo, analistas internacionales interpretan la medida como un intento de formalizar a largo plazo un sistema de peajes sobre una de las principales arterias del comercio mundial, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado globalmente.
Estados Unidos ha reaccionado con firmeza ante la posibilidad de que Irán avance con esta legislación, calificando la medida de “ilegal e inaceptable”. Washington sostiene que, de confirmarse el cobro de peajes, se trataría de una violación del derecho marítimo internacional, en particular del principio de libertad de navegación, considerado uno de los pilares fundamentales del comercio marítimo global.
El Estrecho de Ormuz es un estrecho utilizado para la navegación internacional, lo que, bajo el derecho internacional consuetudinario y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, implica que los buques de todos los países tienen derecho de tránsito sin obstáculos ni gravámenes discriminatorios. Aunque es relevante que Irán no sea parte de dicha convención, muchos de sus principios —incluido el derecho de tránsito— son considerados normas consuetudinarias, es decir, obligatorias incluso para Estados no firmantes.
La comparación del estrecho con un canal artificial, como parece plantear el borrador iraní, constituye uno de los puntos más controvertidos desde el punto de vista jurídico. A diferencia de canales como Suez o Panamá, que son infraestructuras construidas y administradas por Estados y donde el cobro de peajes está regulado por tratados internacionales específicos, el Estrecho de Ormuz es un paso natural que conecta dos áreas de alta mar, lo que limita significativamente la capacidad de un Estado ribereño para imponer tarifas de tránsito.
Más allá del debate legal, la iniciativa refleja una tendencia creciente hacia la instrumentalización de los cuellos de botella geográficos en un contexto de fragmentación geopolítica y competencia por el control de rutas comerciales. Si Irán avanzara con la “Hormuz Law”, el movimiento podría sentar un precedente con implicaciones profundas para otros estrechos estratégicos del mundo y para la arquitectura jurídica que ha sostenido el comercio marítimo internacional durante décadas.
Por ahora, el proyecto se encuentra en fase de borrador, pero su mera existencia ya ha provocado preocupación en capitales occidentales, aseguradoras marítimas y grandes navieras, que temen que la introducción de peajes, incluso si se presentan como tasas de seguridad o medioambientales, termine encareciendo el comercio global y aumentando la tensión en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.